El Gobierno de Córdoba Martín Llaryora consideró “injustificable” que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) incumpla la ley nacional que le ordena realizar mensualmente envíos a las cajas provinciales no transferidas a los efectos de cubrir una parte de las jubilaciones de los pasivos de 13 territorios regionales.
La paciencia se agota: ya entrado el segundo semestre, las cuentas provinciales sufren la profunda recesión impulsada por el recorte del gasto público, y la caída de la caja jubilatoria crece mes a mes como consecuencia de las falsas promesas del presidente Javier Milei sobre el envío de recursos.
En este marco, el Gobernador reclama una deuda cercana a los 450 mil millones de pesos y señala que la Provincia remitió "en tiempo y forma toda la información requerida por las normativas vigentes" para que el organismo previsional pueda realizar el cálculo del déficit.
Además, recalca que Córdoba “se encuentra en una inmejorable posición para conciliar la información con la Anses y en condiciones de poder discutir, caso a caso, la incorporación de beneficios al cálculo, debido al minucioso trabajo que a través de los años ha ido desarrollando y perfeccionando en materia de gestión y explotación de bases de datos de registros administrativos”.
Hace algunas semanas, el cordobés volvió a realizar un efusivo reclamo al libertario. "Ni siquiera nos cumplen con el envío de los fondos que tienen que ser automáticos. Esto no pasó nunca. Porque los impuestos se pagan, llegan a la Anses, pero nos están mandando cero pesos”, dijo durante un encuentro que tuvieron junto a los demás mandatarios de la Región Centro.
Mientras Llaryora reclama, Francos negó que existan deudas de Anses
Antes de su debut en el Informe de Gestión ante el Congreso de este miércoles, el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, respondió por escrito más de 2.000 preguntas formuladas por los integrantes de la Cámara de Diputados. Allí, negó la existencia de deuda alguna por parte de la Anses a las provincias.
La respuesta escrita de Francos señala que “el proceso de determinación del resultado previsional provincial es un proceso complejo, donde es imprescindible la participación de la contraparte provincial, a través de la remisión de información, para efectuar la simulación correspondiente de los desequilibrios que estaría asumiendo el Estado Nacional, si el sistema previsional de que se trate hubiese sido transferido a la órbita nacional”.
“Luego de efectuada la simulación, corresponde la realización de una auditoria, a los efectos de corroborar la razonabilidad y veracidad de la información remitida en carácter de declaración jurada y, de esa forma, poder arribar a un resultado definitivo y fehaciente”, dice la contestación del jefe de Gabinete, que no oculta que el proceso de determinación de las deudas demandará tiempo.
Esto generó malestar en el Ejecutivo provincial, quien replicó de inmediato a través de un comunicado. La Gobernación sostiene que "no solicita diferencias basadas en estimaciones, sino que exige el cumplimiento legal de, por un lado, girar anticipos a cuenta actualizados de los déficits hasta que se realicen los cálculos correspondientes; y, por otro lado, que Anses cumpla con su obligación de realizar las simulaciones de los déficits de ejercicios anteriores”.
Ante la falta de acciones por parte del Gobierno nacional, Llaryora estudia el modelo de reclamo del mandatario Maximiliano Pullaro para replicarlo. A través de la vía judicial, el santafesino cuestiona la constitucionalidad del artículo 18 del Decreto N.º 280/2024, que dispuso de manera “inconsulta e intempestiva” el cese de los pagos de la Caja. Asimismo, exige que se establezca una medida cautelar que reponga esas transferencias con las que el Presidente debe cumplir.
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