La medida que tomó el gobierno nacional al establecer un cupo laboral en el sector público nacional para personas travestis, transexuales y transgénero fue muy celebrada ayer y ahora se espera que el debate continúe en el ámbito ejecutivo y también legislativo, donde hay un proyecto que apunta a avanzar por ley en la inclusión del colectivo en el ámbito privado.
La iniciativa la promueve la diputada del Frente de Todos Gabriela Estévez, quien definió como "histórico" el DNU que se publicó en el Boletín Oficial y que amplía los derechos de las minorías en el país. "La respuesta fue rápida y tiene que ver con el entendimiento de que el colectivo trans y travesti está en una situación compleja y que el Estado se tiene que hacer cargo de esa problemática", aseguró en diálogo con El Destape y recordó que "detrás de esto hay muchos años de luchas y discusiones e intentos de generar visibilización de las dificultades que viven las personas trans y travestis".
Estévez reveló que "nueve de cada diez personas trans y travestis no tienen acceso a un trabajo formal y hace seis meses que no pueden llevar adelante sus trabajos" y esto es debido a que la mayoría realiza trabajos sexuales. "No tienen ingresos, la mayoría viven en pensiones y no tienen acceso a una vivienda y su situación es de necesidad de asistencia directa para todo", agregó. Si bien ponderó la medida del Gobierno de prohibir los desalojos, marcó que ese DNU "no impide los desalojos porque la mayoría han sido tiradas a la calle".
Durante todo el día, Estévez recibió mensajes desde las representaciones sindicales en distintos organismos del Estado celebrando y haciendo cálculos de cuántas personas trans y travestis ingresarán a trabajar en el sector público. "Todo el mundo conoce la tremenda situación de injusticia que significan las condiciones en las que vive el colectivo", aseguró.
A través del decreto 721/2020, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional estableció en el ámbito del sector público nacional que los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción "no inferior al uno por ciento", por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad necesarias, y en cualquiera de las modalidades de contratación vigentes. La decisión -que apunta a lograr una "efectiva inclusión"- se tomó en virtud de "respetar y garantizar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos".
Un proyecto por más inclusión
Desde 2016, Estévez impulsa un proyecto de ley de inclusión laboral del colectivo trans y travesti tanto en el sector público como privado. Nuevamente lo presentó este año y el DNU, confió, "abre una puerta enorme para poder discutir y generar mejores condiciones también en el mercado".
En la iniciativa se contempla incentivos para para las empresas para que contraten personas trans y travestis, la posibilidad de que terminen sus estudios y capacitaciones para el acceso a cada uno de los trabajos. Además, para el ámbito público, atiende una problemática que padecen as personas trans, al haber ejercido un trabajo sexual: muchas tienen antecedentes penales y esto es un limite para el ingreso en la administración publica producto de detenciones que mayoritariamente se dan por abusos policiales. "Están en condiciones muy inferiores y expuestas a niveles de discriminación y explotación mayores a las de cualquier trabajador o trabajadora", resumió Estévez.
"Hay que seguir discutiendo y esta posibilidad que abre el Ejecutivo lleva a generar condiciones para seguir debatiendo no solo en el Parlamento sino también con el Ejecutivo pensando que va a ser órbita del Ministerio de Trabajo el tema de promover la inserción dentro del ámbito privado y generar incentivos para la contratación de personas trans y ámbitos de sensibilización para las empresas con el fin de que no haya discriminación para la contratación de personas trans", analizó la legisladora.
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