Le reclaman al Gobierno de Alberto Fernández la derogación de una resolución bajó la gestión de Mauricio Macri que creó una "Lista Negra". Se debe a la creación de S.I.R.E.L., un registro público para asentar los datos de los trabajadores incapacitados/as por un accidente o enfermedad laboral que quedaban impedidos acceder a la Justicia para perseguir la reparación del daño sufrido.
Lo solicitó la "Corriente de Abogadxs Laboralistas 7 de Julio". Es por la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nº 760/2017 que, también, alcanzaba la medida al abogado patrocinante, que plantearan la inconstitucionalidad de la reforma que el mismo gobierno había promovido a la Ley de Riesgos de Trabajo impidiendo a los trabajadores/as incapacitados acceder a la Justicia para perseguir la reparación del daño sufrido.
La presentación de La Corriente 7 de Julio señala que "la resolución guardaba coherencia con la ilegal política persecutoria del gobierno que encabezó Mauricio Macri contra los abogados laboralistas que defendemos los derechos de los trabajadores, contra los jueces del trabajo que dictaron sentencias de preservación de sus derechos y de las entidades sindicales que los agrupan, y de los propios sindicatos".
Por otro lado, manifiesta que si bien son conscientes del "estado calamitoso del país bajo bajo el cual asumió el gobierno nacional del presidente Alberto Fernández, agravado aún por la pandemia del COVID-19, dificulta la atención simultánea de todos los derechos que es necesario restañar”.
"Nuestro gobierno nacional no puede consentir por inacción la subsistencia de un registro como el SIREL que constituye una lista negra de trabajadores que reclaman por sus derechos y de abogados que los representan en tal pretensión”, afirman.
Y cierran: "Es inadmisible la existencia del SIREL en un estado de derecho y bajo un gobierno respetuoso de los derechos sociales, solicitamos se derogue de manera inmediata la Resolución SRT nro. 760/17.”
El Colectivo denuncia que el reclamo ingresó por la cartera laboral que dirige el ministro de Trabajo actual, Claudio Moroni, y paradójicamente podría tener que resolver sobre la petición el Superintendente Gustavo Morón, quien, ocupando el mismo cargo desde el macrismo, firmó la resolución cuestionada. El comunicado es firmado por Gustavo Ciampa, que es Presidente de la "Corriente de Abogadxs Laboralistas 7 de Julio".
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