Luego de la polémica que se desató por la decisión del Juez Alejo Ramos Padilla, quien archivó la causa de la toma en el predio de Los Hornos por entender que no existía "delito penal en curso", vale detallar como comenzó el conflicto en el lugar y qué áreas intervinieron en él.
Toma de tierras: cuándo comenzó
El 16 de febrero de 2020 a la tarde unas 40 familias ocuparon el predio de Los Hornos (calle 76 y 143), en la ciudad de La Plata. Motivo de ello una vecina de la zona llamó al 911 y advirtió de la presencia de más de 100 personas en el lugar. Es así como la comisaría tercera de Los Hornos se apersonó en el lugar y constató la situación.
En ese momento, y según detalla la causa FLP 5071/2020, “el comisario de la comisaría de Los Hornos, Cristian Digiácomo, entrevistó a los ocupantes, quienes se negaron a desalojar el predio”. Producto de ello, el funcionario policial se le comunicó a la fiscal de turno, Ana Medina, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 del Departamento Judicial de La Plata, quien dispuso “no desalojar el terreno, siempre y cuando no se construyeran viviendas precarias o de cualquier tipo”.
Toma de Los Hornos: de quién es el predio
Quien también asistió al lugar el mismo 16 de febrero fue “Facundo Martín Herrmann, Director de Regularización Dominial de la Municipalidad de La Plata, quien manifestó que los predios ocupados ‘eran de la ex Aviación perteneciente a la Nación Argentina’”, y no hizo más nada al respecto. Allí personal de la Fiscalía tomó fotos de las personas y constató la “presencia de lactantes, niños, niñas y adolescentes”; y también “se realizó un informe de planimetría sobre el predio que da cuenta de su ubicación y superficie total”.
En ese sentido, la fiscal Ana María Medina le solicitó al titular del Juzgado de Garantías N°6, Agustín Crispo, que “ordenase la intimación para la posterior desocupación del terreno”, entendiendo que había una “tenencia precaria” por lo que no era necesario aplicar “el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, previsto para aquellos casos en los que la posesión ya estuviera afianzada”.
El juez Agustín Crispo “rechazó la solicitud de la Fiscal” por considerar “que debía aplicarse el Protocolo de Actuación Judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos en situación de vulnerabilidad”. Para ello había que “identificar a los niños y niñas, cuantificar su número y edad, entre otra información previa y necesaria”.
La primera intervención de la provincia de Buenos Aires fue a través del defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, quien solicitó que “se resguarden los derechos y garantías constitucionales y convencionales de los ocupantes”.
El 21 de febrero de 2020, las fuerzas de seguridad provinciales entregaron el predio “al Comandante Principal Juan Manuel Cueto, Jefe del Destacamento Móvil N°1 de la Gendarmería Nacional Argentina”, que se pusieron a custodiar el predio con 74 efectivos policiales.
Luego de ello el Juez de Garantías realiza una “declinación de competencia” en favor del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1. Es decir entendía que la competencia era federal, por ser un predio fiscal del gobierno nacional.
El 27 de febrero de 2020, el representante de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Marcelo Javier Cipitelli presentó una “denuncia penal por el delito de usurpación”, en el juzgado que actualmente está a cargo de Alejo Ramos Padilla.
Luego de distintas intervenciones de Gendarmería por realizar un desalojo en el lugar y no poder llevarlo adelante, el Juzgado Federal N°1 realizó un “pedido de colaboración al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y a los organismos provinciales y municipales de similares características, con el fin de evitar incrementar la conflictividad social”.
El pedido de Ramos Padilla
El ex juez de Dolores le solicitó al ministerio de Desarrollo Social bonaerense a cargo de Andrés el “Cuervo” Larroque, y a la Municipalidad de La Plata, que lidera Julio Garro, que “procedieran a la identificación de las personas y/o familias que residían en el predio, realizaran una evaluación de la situación; y definieran alternativas para su reubicación”.
El 10 de marzo el magistrado Ramos Padilla recibió un informe del “estado en el que se encontraba la toma del predio”, y que las personas “se negaban a aportar sus identidades”. También se conformó una mesa de trabajo con “Jefatura de Gabinete y ministerios nacionales y provinciales (entre ellos, el de Seguridad, Desarrollo Territorial y Hábitat, Infraestructura y Servicios Públicos, Justicia y Derechos Humanos, entre otros) con el fin de “resolver en forma inmediata el destino del lugar”.
Se dejó constancia de “un diálogo pacífico con los ocupantes y los funcionarios”.
Una semana después, 17 de marzo, la Subsecretaría de Hábitat provincial realizó una nueva reunión “a fin de que los representantes de los distintos grupos de personas aportasen la identidad de los ocupantes”, y además el “el organismo les presentó a los ocupantes el plano de un proyecto de futura urbanización, delimitada por calles, plazas, manzanas y espacios libres”. También se dejó constancia de “un diálogo pacífico con los ocupantes y los funcionarios”.
Producto del trabajo diario durante dos años, el 31 de marzo de 2022, el juez Alejo Ramos Padilla archivó la causa por entender que no había “delito penal”, ya enmarcó la toma en un contexto en el que tuvo en cuenta que en el país hay un 40% de pobreza y las dificultades, cada vez más acentuadas para acceder a un terreno.
El impacto de la cuarentena en la toma de tierras
La situación se complejiza aún más ya que el 20 de marzo de 2020, el presidente Alberto Fernández dispone de distintas medidas sanitarias de emergencia producto de la pandemia del coronavirus. A pesar de la situación actual, las áreas intervinientes del gobierno de Axel Kicillof continuaron trabajando en el predio, mientras que la Municipalidad de La Plata se retiró de la mesa de trabajo por considerar que la solución era una “expulsión de los ocupantes”.
En junio de 2020 se inició ante la AABE (organismo que administra los bienes propiedad del Estado nacional) el trámite de la tenencia precaria de los inmuebles. Por su parte, la Subsecretaría de Hábitat provincial, a cargo de Rubén Pascolini, avanzó con el proyecto urbanístico, el loteo de las tierras, el diseño de un parque verde, colonias agroecológicas para que se trabaje la tierra, se abrieron calles, delimitaron manzanas y realizaron un trabajo diario de ayuda y asistencia social en el predio.
En términos generales la propuesta de Provincia prevé la generación de 68 hectáreas de lotes con servicios, 32 de parque, 23 de actividad agroecológica, 15 de recreación para organizaciones sindicales, 12 de viviendas de densidad media y 10 de calles.
El negocio inmobiliario que propone la gestión municipal de Julio Garro
La Municipalidad de La Plata tiene otros proyectos para el mismo predio. En 2017 cuando el gobierno nacional y provincial eran de su mismo color político, Julio Garro presentó el “Plan Estratégico 2030 de la Municipalidad de La Plata”, y allí - para el predio en disputa - detallaba un “millonario negocio inmobiliario”.
El Destape accedió a los planos y a proyectos urbanísticos que proponían la comuna platense. En el presentado por la Municipalidad de La Plata, se observa que en el terreno en cuestión (calles 143 a 152 y 76 a 85) la decisión política era lotear casi todas las tierras para que se realizaran diferentes emprendimientos urbanísticos, aún en las tierras inundables.
Vale detallar que debajo de las tierras - en el suroeste del plano - pasa el arroyo Regimiento y, a pesar que en un posible desborde podrían inundarse lotes, la Comuna los diseñó para que sean loteados y se construyan distintos tipos de viviendas con alturas variadas. En síntesis, torres de lujo, construcciones de todo tipo y cero espacio verde.
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