A una semana de la marcha contra el juez Alejo Ramos Padilla por haber archivo una causa contra una toma de tierras en Los Hornos, en la última sesión del Concejo Deliberante de La Plata, el edil de Juntos, Juan Manuel Martínez Garmendia, reconoció que la marcha contra el magistrado “fue política” y remarcó que “es nuestra manera de pensar y accionar”, en relación a la gestión del intendente Julio Garro.
El debate en la sesión se generó luego de que el concejal del Frente de Todos, Guillermo “Nano” Cara realizó un pedido de informes al Municipio para saber “si hubo coerción por parte de distintos funcionarios municipales por orden del intendente (Julio Garro) para que participen de la manifestación ocurrida el día 13 de abril” pasado.
“Traer a legisladores que están procesados por espionaje a hacer un planteo ante la justicia de la cual están siendo procesados por desoírla en otras instancias, me parece de una gravedad institucional muy grave”, remarcó el edil Cara durante la sesión. Además dijo: “Queremos saber si hay funcionarios municipales implicados en esa presión porque han aparecido testimonios en medios nacionales. Si existe pedimos la intervención del Intendente Garro, y si verdaderamente eso no sucedió para dejarlo en claro y buscar la verdad”.
Quien salió al cruce fue el concejal Juan Manuel Martínez Garmendia, hijo de Marcela Garmendia, Jueza de Garantías. “Fue una manifestación política, una manifestación pacífica de los vecinos y de los militantes que se querían expresar por el fallo del Juez Ramos Padilla”, dijo.
“Como municipio apoyamos todas las manifestaciones políticas y ese es nuestro pensamiento y nuestra forma de actuar”, remarcó Garmendia en medio de la sesión. De esta forma, el edil reconoció que la marcha – a la que asistieron diputados nacionales y provinciales de Juntos – había sido avalada por su color partidario.
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El Destape accedió a diferentes audios que realizaron empleados de la municipalidad que gobierna Julio Garro y que incentivaba a marchar contra el magistrado y además avalaba a que falten a su lugar de trabajo.
Tal es el caso de G.M., quien trabaja en el centro comunal Los Hornos y, según se puede escuchar en un audio que envió a varios empleados, la mujer detalló: “Les aviso que mañana (miércoles 13 de abril) quién quiera salir de 137 y 62 - a pocas cuadras de la toma de tierras - con micro del sindicato y van a 8 y 50 a la fiscalía, para el tema de viviendas, no se le va a estar pasando falta. Ya hablamos con el delegado y dio el ok”.
Otra de las concejales de Juntos que respondió al edil del Frente de Todos fue Romina Marascio. “¿Cuál es el mensaje de lo que es correcto, y lo que es incorrecto? No se puede justificar todo con la vulnerabilidad de la gente. No me parece que sea justificable una toma, por más que haya sido pacífica y se haya hecho de día, como argumenta el juez”, afirmó.
“Eso no es una política de Estado. Eso es justificar todo con la pobreza. No podemos darle ese mensaje a la sociedad”, increpó la concejala y advirtió: “La gente vive ahí en condiciones indignas y encima con riesgo de inundación”.