El titular del Juzgado Federal N°1, Alejo Ramos Padilla emitió una “resolución aclaratoria”, tras el fallo por la toma de tierras en Los Hornos, La Plata. El 31 de marzo pasado el juez había “archivado” la causa por considerar que no había delito penal en la denuncia formulada respecto de la toma de tierras pertenecientes al gobierno nacional por parte de familias que no tenían dónde vivir. El debate de fondo que instaló el magistrado es la diferencia entre una "toma de tierras ilegal" versus una "ocupación pacifica" y el rol y las responsabilidades del Estado para con el pueblo.
Tras la catarata de críticas de Juntos por el Cambio y las distintas notas que se difundieron en medios hegemónicos, el magistrado, sin hacer mención directa, respondió: “La información que se ha brindado del contenido del fallo es maliciosa e irresponsable”. “La idea que se difundió en torno a que la ocupación del predio de Los Hornos sería legal porque se hizo ‘durante el día’ es falsa y no responde a lo sostenido en el fallo. Los ciudadanos que leen un fallo judicial representan un porcentaje ínfimo de la población. El resto toma conocimiento a través de los medios de prensa. De allí que me encuentro en la obligación de realizar estas aclaraciones en lenguaje claro, ya que la información que se ha brindado del contenido del fallo es maliciosa e irresponsable”, expresó.
“Decir que el fallo otorga una ‘carta blanca’ para la toma de tierras o que las tomas hechas durante el día no son delito es un acto de irresponsabilidad que debe ser aclarado, porque se basa en premisas falsas y constituyen silogismos reduccionistas”, aclaró el magistrado y expresó: “Este Juez comparte en un todo la necesidad de una solución pacífica a este delicado conflicto social, como así también las recomendaciones y observaciones de los organismos internacionales –en especial, las del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que han sido citadas expresamente en la resolución”.
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Respecto de las críticas recibidas por parte de dirigentes Juntos por el Cambio recordó que “se reprodujeron opiniones de funcionarios, representantes y personalidades que, a partir de la misma premisa falsa, entre otras cosas, dijeron: ‘Una toma de tierras es ilegal por donde se la mire. Pero si es de día, para el juez Ramos Padilla no es delito’ o ‘¿Qué sigue después? ¿Homicidios permitidos entre las 10 y 18 horas? ¿Y si probamos con cumplir la ley?’, ‘Una nueva muestra de la incoherencia de la Justicia. Parece mentira, pero es una realidad. Según el fallo de este juez, una toma, si se realiza durante el día no es ilegal. Acaso, ¿la Ley sólo debe aplicarse de noche? En el país del revés, ya no sorprenden estos disparates’, ‘una ocurrente y efectiva forma de incentivar las tomas de tierras. ¿De qué sirve desalojar una toma si la Justicia resuelve que no hay delito porque ´fue de día´?...’”.
En ese sentido aclaró que “la ley vigente únicamente penaliza a quien, para lograr del despojo del inmueble –y no para mantener la posesión–, utiliza ‘violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad’, elementos que no se verificaron en la causa”. “Resulta un absurdo comparar un conflicto por posesión de tierras cuando la titularidad pertenece al Estado –más cuando éste ha cedido el predio para atender la crisis habitacional y afirma que el inmueble no tenía un destino útil, ni una afectación específica– que cuando pertenece a un privado, pues los Estados atienden también otras problemáticas –que, entre otras cuestiones, incluyen la resolución de conflictos habitacionales y la obligación de garantizar el derecho a la Vivienda”.
De esta manera Ramos Padilla aclaró que “el propio Estado verificó la situación habitacional y de vulnerabilidad de las familias ocupantes y los tres estamentos de gobierno –municipal, provincial y nacional, que son los responsables de llevar adelante las acciones tendientes a la resolución del conflicto–, en diferente medida llevaron adelante acciones para el tratamiento de tan delicada cuestión social. Sobre ello se fue dando cuenta de forma periódica a este tribunal”.
Sobre lo trabajado en los últimos dos años, desde el 16 de febrero de 2020 en que comienza el hecho a la fecha, el titular del Juzgado Federal N°1 ratificó que “el Estado Nacional admitió que el inmueble ocupado no tenía un destino útil, ni una afectación específica”, por lo que “concedió el permiso de uso precario y gratuito de un sector del inmueble de su propiedad a la Subsecretaría de Hábitat de la provincia de Buenos Aires para el desarrollo de un plan habitacional”.
Además, aclaró que “en ningún momento y a más de dos años de trámite de la causa, ningún representante del Ministerio Público Fiscal, único órgano constitucionalmente habilitado para acusar de la comisión de un delito, formuló imputación alguna ni señaló si los hechos investigados constituían delito”. “No se verificó ningún elemento de prueba que permita inferir que los ocupantes se valieron de violencia, amenazas, ardid o mentira –engaño–, abuso de confianza o clandestinidad que fuera la causa directa del ingreso y ocupación del predio”, espetó.
Por otra parte indicó que la Subsecretaría de Hábitat provincial, que ejerce los derechos sobre el inmueble –por la cesión otorgada– “concluyó que las familias que tomaron el predio proceden –en su mayoría– de los barrios aledaños, donde viven en condiciones de hacinamiento como consecuencia de su crecimiento intrafamiliar y que dicho cuadro de situación ‘los lleva a tomar la decisión de apropiarse de un lugar para vivir y desarrollar su vida cotidiana, considerando además las restricciones estructurales en el acceso a la vivienda, agravado por la crisis económica Social’”.
Por otra parte, Alejo Ramos Padilla citó un oscuro precedente de la historia argentina. “En la toma del Parque Indoamericano la intervención de la justicia penal arrojó como resultado trágico 3 víctimas fatales y graves heridos, a partir de lo cual se decidió la formación de una mesa de diálogo –la que en el presente caso ya se encuentra funcionando”. Por ello y “luego de la trágica experiencia del Indoamericano, la jueza a cargo señaló que la solución de un conflicto de esta índole ‘debe ser política dada su naturaleza específica, corresponde que sea resuelta por un organismo con facultades para dar respuesta a una problemática como la que se suscita, que escapa al ámbito penal, dado que de otra forma se judicializaría un conflicto social, en el cual dicha injerencia agravaría los ya de por sí violentos hechos ocurridos… debiendo buscarse una alternativa que permita la solución pacífica del conflicto”.
Desalojos vs. Urbanización: Las dos visiones políticas de un mismo terreno
En el plano presentado dentro del plan Estratégico 2030 de la Municipalidad de La Plata, se observa que en el terreno en cuestión (calles 143 a 152 y 76 a 85) la decisión política era lotear casi todas las tierras para que se realizaran diferentes emprendimientos urbanísticos.
Como se observa en el mismo, en el suroeste del plan debajo de las tierras pasa el arroyo Regimiento y, a pesar que en un posible desborde podrían inundarse lotes, la Comuna los diseñó para que sean loteados y se construyan distintos tipos de viviendas con alturas variadas.
En cambio el proyecto que está llevando adelante la Subsecretaria de Acceso al Hábitat provincial dejará como espacio verde toda la zona inundable y trasladará a las 1500 familias a los lotes que están alejados de dicha zona. El segundo plano indica que alrededor del 80% de los lotes ya fueron asignados a varias de las familias que comenzaron con la toma dos años atrás.
El 1 de febrero pasado, el área provincial detalló a este medio que “el proyecto urbanístico que presentamos se basa en el crecimiento de la ciudad, por lo que el loteo se hizo en la zona donde más consolidado está el barrio”. “Además diseñamos un parque, y dejamos que gran parte de las tierras sigan siendo absorbentes porque de los contrario generarían un grave problema hidráulico”, explicaron.
También indicaron que “diseñamos colonias agroecológicas para que se trabaje la tierra entendiendo que el cordón frutihorícola es uno de los más importantes del país”. En tanto abrieron calles, delimitaron las manzanas y realizaron un trabajo diario de ayuda y asistencia social en el predio.
En términos generales la propuesta de Provincia “prevé la generación de 68 hectáreas de lotes con servicios, 32 de parque, 23 de actividad agroecológica, 15 de recreación para organizaciones sindicales, 12 de viviendas de densidad media y 10 de calles”.
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