El objetivo del gobierno de Axel Kicillof es evitar un desalojo violento con intervención de fuerzas de seguridad en Guernica, la toma más grande del país. Los funcionarios bonaerenses consideran que es un problema social que debe resolverse con políticas públicas, y plantean un enfoque multidisciplinario para abordar los problemas de las familias de manera segmentada, mientras aprietan los plazos judiciales.
El gobierno bonaerense presentó ante el juez un plan de trabajo que consiste, en una primera etapa, en el relevamiento ya fue completado, y una segunda etapa de elaboración de respuestas a las problemáticas encontradas entre las familias que ocuparon cien hectáreas en un predio de Guernica. Para graficar, representa unas 50 veces el territorio de Plaza de Mayo.
La gobernación ganó tiempo esta semana cuando consiguió que el juez de garantías de Cañuelas Martín Miguel Rizzo postergue la fecha del desalojo hasta el 1º de octubre, que podría extenderse hasta el 5 como fecha improrrogable. En estos días, el gobierno intenta lograr una salida pacífica, a partir del diálogo entre el dispositivo Interministerial de la Provincia y las personas que están en el predio.
Las soluciones a los problemas habitacionales de las personas que están en la toma se van a determinar en dos instancias. Por un lado, a través de la articulación con la intendenta de Presidente Perón, y con los intendentes de los municipios de los que proviene un sector de las familias, para reubicarlas o asistirlas en el mejoramiento de los lugares en los que vivían antes de la toma. Por el otro, del plan integral de Hábitat que está elaborando la Provincia de Buenos Aires.
Una de las líneas centrales para lograr una solución inmediata es asistir a las familias en función de la situación de vulnerabilidad de cada una: a quienes no tengan un domicilio al cual volver, encontrarles un refugio temporal; quienes requieran ampliar su vivienda original, asistirlos para que puedan hacerlo; quienes necesiten acceder a un alquiler, incorporarlos a las distintas políticas sociales habilitadas para ese sector.
En el caso específico de mujeres que se encuentran en la toma por haber sufrido violencia de género en sus hogares, ya se establecieron en el censo un total de 39 casos que reciben asistencia y contención del ministerio de Mujeres y Géneros de la Provincia. Al mismo tiempo, en la propia causa judicial, el Ministerio Público Fiscal planteó que quienes se retiren voluntariamente no sufrirán imputaciones judiciales.
Este sábado, Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad, llegó hasta el predio para conversar con los referentes de los distintos barrios organizados en el predio. El viernes, los ministros bonaerenses Larroque, y de Justicia, Julio Alak, se reunieron con intendentes de la tercera sección. Hubo unidad de criterio para reubicar a las personas en los distritos de origen de quienes se encuentran en Guernica.
El nudo del conflicto para que haya una solución pacífica, según reconocen en el gobierno y los municipios de la zona, es cómo y dónde reubicar a las familias, mientras dialogan para evitar que escale el conflicto. No hay una solución única, reconocen, sino que deberán estar enfocadas a las características y complejidades de cada familia. Desde el gobierno mantienen una mesa de diálogo con organizaciones que respaldan la toma, y con delegados y delegadas de las familias que se encuentran en el terreno.
“Estamos trabajando a contrarreloj para poder encontrar una solución y reubicar a las familias”, dijo Larroque luego de la reunión. Reconoció la “complejidad” del conflicto, con tiempos ajustados por la orden judicial, y anticipó que trabajan en un plan integral de hábitat para el drama estructural del déficit habitacional.
Del encuentro para avanzar en las soluciones participaron Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora; Nicolás Mantegazza, de San Vicente; Gastón Granados, de Ezeiza; Mariano Cascallares, de Almirante Brown; Andrés Watson, de Florencio Varela; y Blanca Cantero, de Presidente Perón.
Con los datos del censo sobre la mesa, se pueden establecer criterios de prioridades, con particular atención a los más de dos mil menores de edad, y mujeres que están en el lugar casi a la intemperie. Detectaron 1.904 grupos familiares o personas adultas solas, con un total de 2.797 niños, niñas y adolescentes. Había 440 parcelas que estaban deshabitadas. En el terreno permanecían 1.309 familias con niños, niñas o adolescentes, 307 personas adultas solas y 288 con otro tipo de constitución, como más de dos adultos sin menores y parejas sin hijos.
El primer relevamiento de la toma fue aéreo, el domingo 13 de septiembre, en el que identificaron 2.127 “hechos físicos”, como le llaman a las pequeñas casillas, con distintos niveles de precariedad, según datos que surgen de la foto que realizó el Instituto Geográfico Nacional.
Luego se realizó un censo terrestre en las parcelas donde aún no había construcciones, con 2.344 relevamientos realizados entre el viernes 18 y el sábado 19. Desde el gobierno bonaerense aclararon que la situación de habitabilidad en las ocupaciones es dinámica, es decir que la cantidad de personas en la toma no está presente todo el tiempo o en simultáneo.
Acerca de la situación laboral, la mayoría de los adultos contestaron que están desocupados, 1.859. Sólo 494 tienen algún tipo de empleo, 271 con trabajo informal y una veintena de jubilados y pensionados. El gobierno indagó en profundidad sobre los motivos de la toma, y la desocupación es una de las principales razones, además de empobrecimiento e imposibilidad de pagar alquiler. También respondieron que estaban en el lugar por conflictos familiares, violencia de género o situación de calle.
El 42,3% de las personas se negaron a responder sobre su procedencia. De los que sí afirmaron su origen, la mayoría, un 76,5%, viven en Presidente Perón, y el resto provienen de diferentes partidos del Gran Buenos Aires.
“La toma no puede ser la salida o la respuesta al déficit habitacional. Estamos trabajando para que se resuelva con el mayor nivel de normalidad posible, siempre aclarando que actuamos dentro de una medida judicial y son quienes tienen la última palabra respecto a cómo se actúa”, dijo Santiago Fidanza, director de Asistencia Inmediata del ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, a El Destape.
Nunca fue una alternativa que el Estado compre esas tierras. “Esa versión no sabemos de dónde salió, es absolutamente falso. Nunca se pensó”, dice Fidanza. Y asegura que el objetivo es lograr una reubicación, que las personas accedan a que el gobierno desarrolle un programa de soluciones alternativas a la toma.
Desde el gobierno bonaerense rechazan que haya un aumento en la cantidad de intentos de toma de tierras en los últimos meses, aunque no hay datos previos. En este momento hay 80 tomas en disputa legal en la provincia de Buenos Aires. Más de 300 ocupaciones fueron evitadas por el ministerio de Seguridad y otras en negociaciones y acuerdos para que las personas abandonen los terrenos. “Todo responde a una situación que se puede haber visto agudizada por la pandemia y la crisis por los desajustes que produjo la retirada del Estado en los últimos años”, explica Fidanza.
También apuntan contra la gestión de María Eugenia Vidal y destacan que en los últimos cuatro años se construyeron 10 mil casas, cuando el promedio era de entre 6 mil y 8 mil por año.
Vivir en una toma o en un asentamiento es sobrevivir en una precariedad extrema. La pandemia agravó las dificultades que tienen millones de personas para acceder a una vivienda digna. La situación es crítica, y exige medidas urgentes y, en algunos casos, excepcionales.
Organismos piden que se deje sin efecto el desalojo en Guernica
El desalojo podría empeorar la delicada situación en la que ya están las familias, y generaría mayores riesgos para la integridad y la vida de las personas tanto por la acción de particulares como de agentes de seguridad. Desde el CELS advirtieron que además de que no tienen donde vivir, están sometidas a un proceso penal. Es decir: en la situación de tener que "elegir" entre la intemperie o el desalojo.
No existen las “condiciones para desarrollar una medida de desalojo masivo” como la resuelta en el expediente judicial, “sin afectar las obligaciones específicas de prevención y protección de los derechos a la integridad física, la dignidad, y el derecho a la vivienda”, además del respeto de las garantías mínimas del proceso penal y, en particular, de los derechos de niños, niñas, mujeres y personas adultas mayores.
Y advierten que “el derecho penal es convertido en una herramienta para responder a problemáticas y conflictos sociales, lo que profundiza la selectividad del sistema penal sobre sectores populares”.
La nota, presentada este viernes ante la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires para que deje sin efecto el desalojo, fue firmada por el CELS, Adolfo Pérez Esquivel y otros integrantes del SERPAJ (Servicio Paz y Justicia), y Marisa Graham, Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Señalaron, también, que el Poder Judicial y el gobierno bonaerense tienen que definir alternativas de acceso a la vivienda, sea a través de la mejora de las condiciones en el lugar o de la reubicación. En particular, los niños y las niñas, debido a su edad, requieren de una protección especial por parte del Estado y de todos sus organismos.
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