La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desmintió un informe de El Trece en Formosa, en el que mostraron a supuestas mujeres embarazadas que se escondían de las autoridades por miedo a que les hicieran cesáreas forzosas o a que las separaran de sus hijos. De esta forma, levantó las medidas cautelares otorgadas tras una denuncia que indicaba que siete mujeres fueron "maltratadas" y estaban escondidas en el monte formoseño ya que "no se cuenta con elementos que indiquen que hubo hostilidad o agresiones durante el proceso de parto".
En su resolución, la CIDH informa que la denuncia internacional formulada por el dirigente indígena Félix Díaz y el ex secretario de Derechos Humanos de la gestión de María Eugenia Vidal, Santiago Cantón, no logró demostrar situaciones concretas de mujeres embarazadas que no contaran con la atención médica adecuada, que estuvieran escondidas en el monte por miedo, amenazas u hostigamiento en su contra, o mucho menos que existieran casos de bebés separados de sus madres al nacer.
"La representación no ha brindado soporte documentario alguno que permita indicar que, incluso después de su embarazo, las personas beneficiarias se encuentren en una situación de riesgo (…). En tal sentido, no se ha proporcionado información que indique, por ejemplo, que el Estado les venga negando atención en salud o la atención en salud que recibirían actualmente no sería idónea o efectiva según lo que prescriban los médicos competentes”- afirmó la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Qué dice la resolución de la CIDH
“La Comisión observa que el Estado ha proporcionado soporte documentario que hace referencia a las atenciones en salud que las beneficiarias habrían estado recibiendo durante su estado de embarazo, según corresponde. (…) [L]a Comisión observa que la representación no ha brindado soporte documentario alguno que permita indicar que, incluso después de su embarazo, las personas beneficiarias se encuentren en una situación de riesgo (…). En tal sentido, no se ha proporcionado información que indique, por ejemplo, que el Estado les venga negando atención en salud o la atención en salud que recibirían actualmente no sería idónea o efectiva según lo que prescriban los médicos competentes”.
Y prosigue la resolución: “Si bien la representación ha continuado afirmando que existe “temor”, “amenazas”, “persecución”, entre otros, la Comisión no advierte información concreta respecto de cada una de las 7 mujeres beneficiarias que indique, por ejemplo, una amenaza concreta o sostenida en contra de ellas, o inacción del Estado de brindarles atención médica, o que la atención médica haya sido negada atendiendo su situación actual. La información disponible tampoco indica que el Estado se haya negado a brindarles algún tipo de protección en caso de que tales situaciones eventualmente se presenten. Por el contrario, la información disponible indica que las mujeres embarazadas dieron a luz y no se cuenta con elementos que indiquen que hubo hostilidad o agresiones durante el proceso de parto o situaciones similares como las que la representación informaba de manera previa al otorgamiento de las medidas cautelares”.
El informe de Telenoche
El 11 de marzo pasado en el programa Telenoche Investiga dijeron que 86 embarazadas se habían escondido de las autoridades y denunciado que la fuerza provincial ingresó a las comunidades originarias de El potrillo y que se habían llevado a las mujeres, que en muchos casos dieron a luz en centros de aislamiento y fueron separadas de sus hijos sin explicación alguna. Luego, mostraron algunos testimonios de las mujeres que taparon su rostro para salir a cámara.
La Comisión había dictado el 16 de abril medidas cautelares luego de la presentación de Félix Díaz y Cantón. Sin embargo, luego de la investigación, decidieron levantarlas el 11 de julio por no haber encontrado a las supuestas víctimas que mencionaba Canal 13. En abril, el organismo regional concedió la medida de protección respecto a siete mujeres, sin siquiera permitir al Estado brindar ningún descargo en relación con la veracidad de lo afirmado y sin conocer sus nombres y localización precisa con anterioridad al dictado de la decisión.
El informe ya había sido desmentido por fiscales de Formosa que denunciaron el pago de 5000 a testigos
A inicios de abril, el Procurador general de Formosa, Sergio López, y el fiscal Rubén Gon desmintieron una nota del Canal 13, en la que se afirmaba que había 86 embarazadas refugiadas que no recibían asistencia en el monte de la localidad formoseña El Potrillo. Con testigos del barrio, entrevistas a los integrantes de las poblaciones originarias y con cifras oficiales de los gestantes en la zona, los funcionarios judiciales comprobaron que las mujeres denunciantes recibieron dinero para mentir a cámara y que las imágenes fueron grabadas en otro lugar.
Luego del informe, los trabajadores de la salud y de la educación locales se indignaron por la situación debido a que desde hace años declaran trabajar para que todos los partos sean hospitalarios y que las costumbres de los pueblos originarios sean respetadas. Días más tarde, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, denunció el supuesto atropello a los derechos humanos para que sea investigado.
El Fiscal cita que detrás de la fake news operó un ex policía de Formosa que por medio de una presunta puntera reclutaba a las falsas embarazadas a cambio de 5000 pesos. "Lucio Vazquez expresó que eso que se vio en la televisión ocurrió en Ingeniero Juárez, en el barrio denominado Ex Inta, que al tercer día que anduvieron los periodistas de TN fue a la sobrina de la presunta puntera a visitar a su hija y le comentó que la nombrada tía ofrecía 5000 pesos a quienes quisieran hacerse pasar por embarazadas", detalla el informe del fiscal Gon.
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