En las últimas horas, tras la caída de la Ley Ómnibus, Javier Milei tomó la decisión de eliminar los subsidios al transporte para el interior del país y así, comenzar su venganza fiscal contra los gobernadores, a quienes acusó de "sabotear" el proyecto en el recinto. Ante dicha determinación y enceguecido por la bronca, el Presidente irá contra sus propios votantes y realizará un ajuste brutal en ciudades donde arrasó en las últimas elecciones. El boleto pasaría a valer entre $750 y $800.
Sobre más de 35 millones de electores, que sufragaron en la segunda vuelta de noviembre pasado, la Libertad Avanza (LLA) triunfó con el 55,69% de los votos (14.476.462 votos). De esos, donde mayor porcentaje consiguió fue en todas regiones afectadas por la medida y al mismo tiempo, son provincias o ciudades donde se da un importante flujo de pasajeros que utilizan el transporte público. "A partir del corriente año, se elimina el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del País, o sea, fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)", anunciaron desde la Secretaría de Transporte, a cargo del cordobés Franco Mogetta --hoy en el ojo de la tormenta-, ahora dependiente del Ministerio de Economía de Luis Caputo.
Entre ellas, se destacan: Córdoba (74,05%, con 1.634.147 votantes); Mendoza (71,15%, con 780.364 sufragios); Santa Fe (con el 62,82% y 1.278.243 votos); Tucumán (51,98%, con más de 555 mil votos); Salta (57,86%, representado por 456.509 votos). Mientras que la cabecera del partido de General Pueyrredón, Mar del Plata, también se verá fuertemente afectada, donde triunfó con el 56,72% (223.162).
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Según pudo saber El Destape de fuentes del Palacio de Hacienda, la eliminación del Fondo Compensador del Interior es inmediata. Es decir, ya no llegará un peso a las provincias para subsidiar el boleto de colectivo. El ajuste a los gobernadores es directo, ya que el FCI bajaba de Nación a las administraciones provinciales, de estas a los municipios y de los municipios a las empresas. Lo que únicamente quedará como aporte del Estado nacional al interior serán los descuentos por la tarifa social (vía SUBE) destinados directamente a usuarios/as y no disponibles en donde no se utiliza Red SUBE (muchas localidades no la utilizan).
La SUBE funciona en 60 localidades del país: Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Arrecifes, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Cipolletti, Chivilcoy, Comodoro Rivadavia, Concepción del Uruguay, Concordia, Coronel Rosales, Corrientes, Esquel, Formosa, General Pico, General Pueyrredón, General Roca, Gualeguaychú, Junín, La Banda, Mendoza, Necochea, Neuquén, Olavarría, Palpalá, Paraná, Partido de la Costa, Pergamino, Pinamar, Plottier, Puerto Madryn, Rafaela, Rawson, Resistencia, Reconquista, Río Cuarto, Río Gallegos, Río Grande, Roque Sáenz Peña, Rosario, San Carlos de Bariloche, San Fernando del Valle de Catamarca, San Juan, San Luis, San Martín de los Andes, San Nicolás de los Arroyos, Santa Fe de la Vera Cruz, San Pedro, San Rafael, Santa Rosa, San Salvador de Jujuy, Tandil, Tornquist, Trelew, Ushuaia, Venado Tuerto, Viedma, Villa Allende, Villa Gesell y Villa María.
De esta manera, se llevará el precio del boleto de colectivo a cifras muy elevadas y nuevamente, los más afectados, serán las y los trabajadores que habitualmente toman el colectivo en las diferentes ciudades. "Desde hace muchos años, las provincias y las principales ciudades del interior del país vienen defendiendo la actualización permanente de los montos de este Fondo Compensador. Es, básicamente, el transporte de colectivo, el único medio del interior del país como transporte masivo", explica a este medio el exdiputado nacional Alejandro "Topo" Rodríguez.
"Se elimina de cuajo ese fondo y ya no habrá compensación, esto tiene un efecto letal en el bolsillo de la clase media trabajadora porque el precio del boleto de colectivo se va a, como mínimo, triplicar y va a significar un impacto muy duro en la estructura de gastos de los trabajadores", señala el director del Instituto Consenso Federal. Las Cámaras de Transporte del Interior señalan que, si los gobernadores no compensan dichos subsidios eliminados con sus propias arcas, en las grandes ciudades el boleto pasaría a valer entre $750 y $800.
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Desde Economía, en el comunicado publicado, argumentan que "estas decisiones guardan coherencia con el Pacto Fiscal que Gobernadores provinciales y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como así también, establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones". Y si bien añaden que las personas que utilizan el servicio y necesitan la asistencia, lo seguirán recibiendo a través de la Tarjeta SUBE con el 55% de descuento. El inconveniente es que el sistema, en provincias como Córdoba, no está implementado todavía.
De acuerdo con el último Censo 2022, muchas de las provincias afectadas serán las que más habitantes y más flujo de transporte tienen: por un lado, la Provincia (17.569.053) y la Ciudad de Buenos Aires (3.120.612), quienes sufrieron con el último tarifazo del 250% y ahora, con la eliminación del fondo, también lo sufrirán Córdoba (3.978.984), Santa Fe (3.556.522), Mendoza (2.014.533), Tucumán (1.703.186), Salta (1.440.672) y Entre Ríos (1.426.426), entre otras.
Cómo le fue a Milei en las provincias más afectadas por la quita de subsidios
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La respuesta de intendentes y gobernadores
El Gobierno nacional redujo, durante el último enero, un 98% de transferencias discrecionales a las provincias o no automáticas -5,5% del total de los ingresos de los 24 distritos- y consideró que si los argentinos y las argentinas realizan "un esfuerzo" económico, la política también debe hacerlo. "Se termina la plata para recitales de dudoso financiamiento, para organizaciones sociales y para el empleo militante. Si todos estamos haciendo un esfuerzo, entendemos que el esfuerzo también lo tienen que hacer los gobernadores", señaló el portavoz presidencial Manuel Adorni este jueves.
"A la provincia de Santa Fe siempre la discriminaron, siempre hay una discriminación sobre el interior en materia de subsidios. Ahora se le quitan 1500 millones de pesos por mes, que era una partecita de los subsidios que daba Nación para sostener los subsidios al transporte. Nunca creímos que se iban a cortar, otra vez nos dejan solos", lanzó el gobernador Maximiliano Pullaro. Y aseguró: "Vamos a mantener el subsidio que tiene la provincia con el transporte, que es alrededor de 2.000 millones y lo vamos a actualizar porque claramente los costos de vida han aumentado, pero no nos podemos hacer cargo de lo que Nación no manda, con una provincia que nos la han dejado con un déficit muy pero muy grande".
Pullaro marcó que, más allá del accionar del Presidente, la provincia de Santa Fe "se las va a arreglar" para readecuar las tarifas y saldrán adelante. "No vamos a permitir que vengan a avasallar o a meterse con el sistema productivo de la provincia. No le vamos a permitir a ningún gobierno nacional que venga por más retenciones al campo y a la industria, porque eso atenta contra la generación de empleo y contra el crecimiento económico de muchas regiones de la República Argentina", sentenció.
"La eliminación de subsidios de transporte para el interior del país, sosteniendo los del AMBA, incumple el Pacto Fiscal de 2017. Se mantienen fuertes asimetrías entre el conurbano bonaerense y el resto del país. Bienvenido el orden fiscal, pero debe ser equitativo", sumó el mandatario mendocino Alfredo Cornejo desde sus redes sociales.
Al mismo tiempo, intendentes de las principales ciudades del país se mostraron preocupados ante el comunicado difundido por el Ministerio de Economía. "Esta medida no es contra los intendentes, es contra los millones de estudiantes, enfermeros, trabajadores que diariamente utilizan el transporte público para movilizarse en sus respectivas ciudades. Una determinación semejante afecta de forma directa a la productividad del país", indicaron. Por otro lado, señalaron que si la medida se confirma, "implicaría dejar sin transporte a todo el interior" del país y a su vez, "sostener la inequidad con el AMBA".
Sobre el cierre, los mandatarios sostuvieron que un esquema de subsidio directo a los pasajeros es posible pero que debe ser "estudiado en profundidad" y no hacerlo de manera improvisada. "Evaluaremos todas las medidas políticas y judiciales para garantizar las partidas ya asignadas por el presupuesto nacional", avisaron y convocaron a legisladores nacionales para solicitar la revisión de la eliminación del fondo. Entre los firmantes figuran los intendentes de San Francisco, Córdoba, Villa María, Salta, General Pueyrredón, Pergamino, Formosa, Río Cuarto, Santa Fe, Río Tercero, Neuquén, Rosario, Junín, San Salvador de Jujuy, Paraná, Resistencia y San Nicolás.
Quien también cruzó a Nación fue el ministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio. "Esto no se había hablado, la quita de subsidios es una venganza por la caída de la Ley Ómnibus. Los invito a que reflexionen, esto no se lo están haciendo a un gobernador, se lo están haciendo a la gente. Han cortado lo que podían y lo que no podían por ley", apuntó. Mientras que subrayó que el ministro Caputo no puede eliminar la ley de Pacto Fiscal con una resolución.
"Con el anuncio de Economía, quien pagaba $1.800 para ir de Madariaga a Villa Gesell va a pagar $5.000. Nos va a suceder en Mar del Plata, en Bahía Blanca. Por ejemplo, Punta Alta – Bahía Blanca va a ser $2.000 o $3.000 pesos. Estoy muy preocupado por la falta de diálogo, nadie tiene visión macro de lo que es el funcionamiento del Estado", sentenció.
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