El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Federico Bernal, denunció penalmente al ex ministro de Energía del macrismo Juan José Aranguren y otros ex funcionarios por los posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, con un perjuicio contra el Estado y los usuarios de gas de 561 millones de dólares.
En la denuncia, Bernal dice que ante la finalización de la Ley de Emergencia Económica y la plena vigencia de la 24.076 (Ley del Gas) y normas reglamentarias y complementarias, en 2018 se debía volver a la desregulación del precio del gas, es decir, la libre negociación del precio entre las empresas productoras y distribuidoras.
"Sin embargo, el ENARGAS en lugar de proteger a los usuarios y rechazar ese acuerdo (las referidas "Bases y Condiciones") lo avaló y efectuó el traslado de los precios a tarifas en abril del 2018", dijo Bernal.
Así, en octubre de 2018 al momento de devaluarse la moneda argentina respecto del dólar, se pretendió, mediante las famosas 24 cuotas que impulsó el otrora Secretario de Gobierno de Energía Javier Iguacel que la variación del valor de cambio fuera absorbida por los usuarios en cuotas en sus facturas. Esto, dijo Bernal en la denuncia, derivó conforme Decreto 1053/2018 en la absorción por parte del Estado Nacional de aquel "acuerdo ruinoso" para los bolsillos de los usuarios.
La denuncia -que recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 12- versa sobre la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, artículos 248 y 265 del Código Penal.
Tras presentar la denuncia, Bernal declaró que Aranguren y otros ex funcionarios habrían "violado la Ley del Gas", atando a los usuarios a una "concertación contractual", con precios en dólares, unificados por cuenca, en una escala ascendente pactados a dos años y variables según el tipo de cambio, precios que luego se trasladaron a la tarifa.
El perjuicio económico calculado por el ENARGAS haciende a 561 millones de dólares, de los cuales 393 millones obedecen al perjuicio contra el fisco, mientras que 168 millones contra los usuarios del servicio público de gas por redes.
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