El Gobierno reabrió en silencio la puja por la representación formal de los trabajadores del subterráneo entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los "Metrodelegados". Lo hizo al validar una convocatoria in extremis que hizo la exministra de Trabajo Raquel "Kelly" Olmos horas antes del fin del mandato de Alberto Fernández. La habilitación del proceso de compulsa de afiliados, destinado a resolver cuál de los gremios detentará la personería que la legislación reserva a una sola organización por actividad, promete reavivar una confrontación recurrente que a lo largo del tiempo agitó la conflictividad en el servicio de transporte metropolitano que utilizan a diario más de un millón de pasajeros.
El cotejo de afiliados es una herramienta contemplada en la ley de Asociaciones Sindicales para definir en el plano administrativo la controversia entre dos o más gremios por la cobertura de un mismo colectivo de trabajadores. La constatación de que una organización cuenta con más afiliados cotizantes (es decir, que destinan voluntariamente una parte de sus salarios a su sostén financiero) obliga a la autoridad de aplicación al otorgamiento de la personería gremial al ganador. Ese instrumento es que el le asigna legalmente a un sindicato el monopolio de representación del colectivo de trabajadores en disputa, así como la facultad de actuar en su nombre en negociaciones salariales y conflictos, y también de contar con un código de descuento automático de aportes que deben aplicar los empleadores de la actividad.
La pulseada en el servicio de transporte bajo tierra se remonta a 2012 cuando la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, ya entonces con una mayoría ostensible de afiliados pero con un reconocimiento gubernamental parcial como lo es la "simple inscripción", presentó un pedido de cotejo con la UTA. Los "Metrodelegados" arrastraban en esa época un largo historia de choques con el sindicato de colectiveros al que le asignaban escasa vocación reivindicativa. Con el aval político del gobierno kirchnerista, del que la conducción de Agtsyp era afín, y en medio de protestas de la UTA, arrancó un prolongado proceso administrativo.
No fue sino hasta los últimos días de la administración de Cristina Kirchner, en diciembre de 2015, que su entonces ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dio por finalizado el proceso con la victoria de los "Metrodelegados" liderados por Roberto "Beto" Pianelli. En más de dos años de trámite administrativo la UTA había omitido presentar expedientes en los que constara su nivel de representación en el subterráneo y en cambio había ocupado el tiempo en impugnar la compulsa. Con el cambio de personería ya resuelto la disputa continuó en Tribunales, adonde la Cámara laboral ordenó primero suspender ese otorgamiento y luego la Corte lo dio por anulado, en marzo de 2018, al avalar los argumentos de la UTA en contra de la legitimidad del cotejo.
Desde entonces la situación en el subte se mantuvo con su lógica histórica: la Agtsyp con mayoría de afiliados entre los 3800 operarios y presencia en negociaciones y conflictos, y la UTA con el salvoconducto legal en su poder. Si bien la representatividad del gremio de colectiveros es muy minoritaria en ese ámbito, la razón histórica de Roberto Fernández para continuar la disputa pasó por el flujo económico que representó el descuento de la "cuota solidaria" a los trabajadores no afiliados al gremio del 1 por ciento de los salarios en bruto. En la actividad se calcula que los ingresos promedian 1,5 millón de pesos por lo que se trata de un monto mensual en torno de los 57 millones de pesos.
Las razones de la administración libertaria para poner en marcha un mecanismo que necesariamente encenderá una chispa entre dos rivales sindicales históricos -exponentes además de dos modelos antagónicos de representación- varían según el expositor y habilitan lecturas políticas variadas. El autor primario fue Claudio Aquino, director nacional de Asociaciones Sindicales y uno de los poquísimos funcionarios de la Secretaría de Trabajo que permanece en su cargo en esa área desde el inicio de la gestión de Javier Milei. A sus interlocutores suele decirles que lo hizo para seguir la máxima libertaria de respetar las herramientas soberanas de representatividad de los trabajadores, como en alguna oportunidad alegó el propio mandatario.
Pero por debajo subyacen especulaciones y otras motivaciones. Una de ellas señala que el Gobierno decidió lacerar al secretario general de la UTA, Roberto Fernández, por haber adherido al último paro nacional del 9 de mayo pasado cuando, en teoría, se habría comprometido ante las autoridades a no hacerlo. Otros perciben detrás de la decisión la apertura deliberada de un frente de conflicto para el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y por extensión para su primo, el expresidente Mauricio Macri.
En cualquier caso, el nuevo proceso de compulsa arrancó el 6 de diciembre de 2023, tres días antes de la entrega de mando de Alberto Fernández a Milei. Ese día la entonces ministra Olmos citó a una primera audiencia para el 26 de enero siguiente. Para esa jornada la gestión libertaria no había siquiera llenado un mínimo de casilleros en la nueva Secretaría de Trabajo por lo que postergó la cita primero para el 8 de marzo y luego, para el 9 de mayo. Esa nueva convocatoria coincidió con el segundo paro nacional de la CGT y las dos CTA por lo que la Agtsyp pidió un cuarto intermedio hasta el 27 de ese mes, cuando finalmente la dirección a cargo de Aquino constató en primera instancia que los metrodelegados cuentan con el piso legal de afiliados que requiere la norma para su participación en un cotejo. Así quedó iniciado formalmente el mecanismo para dirimir la personería.
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