El gobierno de Santa Fe dispuso la presencia de fuerzas de seguridad en el interior de la planta que la cooperativa láctea Sancor posee en la localidad de Sunchales, a raíz de un largo conflicto laboral que suele paralizar las actividades. Esta acción fue denunciada como "una escalada de intimidación" por el cuerpo de delegados sindical.
El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe confirmó a El Destape que acordó con la empresa un operativo policial en su planta de Sunchales, luego de que el ministro de Trabajo local, Roald Báscolo, asegurara tras una visita a la planta que no iban a permitir bloqueos por parte de distintas agrupaciones gremiales.
Se trata de una orden operativa para garantizar acceso y la salida de los vehículos que transportan productos, además de asegurar el ingreso y egreso del personal que quiere trabajar. "La medida tiene por objetivo garantizar el derecho laboral de los empleados que no adhieren a las medidas de fuerza, y también la de los huelguistas", explicaron desde la cartera laboral.
"Estamos asegurando con Policía en el portón el ingreso de las personas que trabajan en la planta. No hubo inconvenientes. La evolución se está analizando siempre en contacto con el Ministerio de Trabajo provincial y con la Justicia. La actuación policial es clara y se dará en caso de que esté por cometerse un delito en flagrancia. Por otra parte, si llega a haber una disposición judicial se adoptarán las medidas pertinentes con el envío del personal que corresponda para realizar lo que la Justicia disponga", describió Omar Pereira, secretario de Seguridad Pública.
Qué hay detrás del ingreso de la Policía
"Nosotros respetamos el derecho a huelga habiendo planteos de trabajadores que no cobraron la totalidad de su salario", sostuvo Báscolo. "Pero también respetamos el derecho a trabajar de aquellos que quieran hacerlo", agregó.
La planta de Sancor en Sunchales atraviesa un largo conflicto laboral entre los administradores de la cooperativa y el sindicato del sector, Atilra. El gremio dispone medidas de fuerza por demoras en cancelación de los haberes de sus afiliados que, en algunos casos, paralizó la principal planta de la compañía láctea.
Ante esa situación, luego de la visita del ministro de Trabajo la semana pasada, el Gobierno de Maximiliano Pullaro decidió el envío de fuerzas de seguridad a la planta, para evitar bloqueos. La medida fue celebrada por Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), que agradeció al gobernador "por disponer a la policía en la planta, para evitar que los mafiosos sindicales maltraten a los trabajadores de Sancor que están deseando trabajar".
En su cuenta de la red social X, el MEAB señaló que "a causa de los bloqueos que sufre Sancor por parte de la mafia sindical, la fuerza policial debe permanecer dentro de la planta, para que esta siga funcionando y proteger a los empleados de la extorsión constante de los delegados sindicales".
Para el cuerpo de delegados de Atilra en Sancor, en cambio, la presencia policial significa "una escalada de intimidación". En una carta abierta dirigida al gobernador Maximiliano Pullaro, los delegados denunciaron que Báscolo incurrió en "un grave incumplimiento de sus deberes de funcionario público" y que intentó "sofocar nuestro reclamo laboral".
El cuerpo de delegados justificó esos dichos al señalar que el propio ministro de Trabajo reconoció el atraso en el pago de salarios y que, entre sus funciones legales, se encuentra la de "fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral vigente" y "aplicar sanciones por la inobservancia de las disposiciones que regulan el trabajo".
En otro párrafo de la carta, indicaron que "las declaraciones públicas, parciales y contrarias a derecho del Ministro de Trabajo provincial, solo contribuyen a incrementar el malestar que todo conflicto colectivo laboral conlleva".
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