Una auditoria de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) hecha en 2019 sobre la ex Secretaría de Turismo reveló falencias y debilidades en la fiscalización a las agencias de viaje de turismo estudiantil. El informe al que accedió El Destape muestra serias irregularidades, que incluyen desde la falta de información de una gran parte de las firmas habilitadas para ejercer la actividad, hasta severas fallas en la ejecución de los planes anuales de inspección a empresas del sector.
Según se detalló a través de un informe de la Unidad de Auditoría Interna de la ex Secretaría, la falta de herramientas para analizar la situación legal, impositiva, y económica de las empresas turísticas, impide cumplir con los objetivos de las tareas de fiscalización. Del documento se desprenden distintas inconsistencias.
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Turismo flojo de papeles
En principio, no puede determinarse el universo de agencias registradas a través de la información que se brinda a través del Registro Legajo Multipropósito (RLM), que resulta "insuficiente, incompleta y errónea". En otro sentido, se verificaron actas duplicadas, triplicadas y cuadruplicadas, utilizadas para efectuar la inspección a empresas, un hecho que pone en duda la confiabilidad de las inspecciones.
Además, se detectaron varias fallas en la ejecución del “Plan Anual de Inspecciones a Agencias de Turismo”. Por ejemplo, se observó un escaso grado de inspecciones realizadas en el interior del país y un bajo cumplimiento del plan, que apenas superó el 50 por ciento de lo proyectado.
La ausencia de pre-numeración de las Actas de Inspección no permiten un control que garantice la ejecución de la fiscalización y evite la omisión del registro. En tanto, se detectó la falta de herramientas para analizar la situación legal, impositiva, y económica de las empresas de Turismo.
Falta de controles
Por otra parte, los relevamientos efectuados por la Sindicatura General de la Nación, dieron cuenta de un 20% de empresas inspeccionadas en operativos de controles de ruta que se encuentran operando normalmente, pero que figuran en el Registro Multipropósito como suspendidas y, por lo tanto, no podrían prestar servicios turísticos. Asimismo, el Plan de Inspecciones de 2018, en lo que respecta a turismo estudiantil, fue cumplido apenas en un 51%.
A su vez, el informe también subrayó deficiencias en la conservación, mantenimiento de los edificios e instalaciones y las condiciones ambientales de seguridad en las Unidades Turísticas Chapadmalal y Río Tercero.
Sobre el caso Chapadmalal, el documento resaltó: "deficientes condiciones ambientales de seguridad que obedecen a la carencia de elementos de protección y resguardo. insuficiencia de matafuegos; ausencia de señalización y de plan de evacuación; calderas obsoletas que emanan gases tóxicos debido a su mala combustión; etc. Inexistencia de plan de prevención, atención de incendios y seguridad eléctrica".
Respecto a lo sucedido en Río Tercero, se produjo un "incumplimiento de mejoras propuestas por los concesionarios al momento de presentar sus ofertas, además de un deficiente control a los concesionarios por la prestación de los servicios de alojamiento y alimentación".
Impuestos que no se cobran
Por último, en torno a la recaudación del Impuesto sobre la Venta de Pasajes al Exterior, el informe indicó la "imposibilidad de determinar la integridad del impuesto a cobrar, dado que los datos incluidos en las DDJJ resultan insuficientes para efectuar controles en las compañías a fin de determinar la correcta liquidación del impuesto". Por ese motivo, el valor de las multas se encuentra desactualizado.
"Las debilidades expuestas reflejan una llamativa desprotección para los usuarios de turismo estudiantil, sobre todo teniendo en cuenta antecedentes como la quiebra de firmas que dejaron a miles de jóvenes sin viajes e incluso gravísimos accidentes por falta de mantenimiento de las unidades", concluyó el informe de la Sigen.
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