La Secretaría de Inteligencia (SIDE) ya gastó el 80% de los 100 mil millones de pesos de fondos reservados que el presidente Javier Milei le dio por decreto hace tres semanas. La central de espías ya comprometió alrededor de 80 mil millones de pesos, de los cuales no debe rendir cuenta. El Congreso buscaba frenar el DNU que habilitaba el gasto al denunciar que iba ser usado para comprar periodistas y perseguir opositores.
La denuncia sobre la utilización de gran parte de los fondos reservados fue revelada por el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. A través de la red social X, el legislador sostuvo: “Para operaciones de la SIDE, ‘sí hay plata’: ya se ejecutaron 80 mil millones”.
La información del diputado surge de un análisis detallado de los datos del sitio Presupuesto Abierto. Según el DNU, la asignación de la millonaria caja a la SIDE se debe a la “necesidad de asignar las partidas presupuestarias que permitan solventar, inicialmente, las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los referidos organismos desconcentrados que lo integran”, es decir, el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos, creada como ente de control de los anteriores.
Los graves cambios en la Ley de Inteligencia
Con algunos polémicos cambios, el Gobierno disolvió de la AFI y el reinstaló la SIDE. Las modificaciones permiten realizar contrainteligencia por "opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales" y que la designación de sus autoridades no deberán pasar por el Congreso, entre otras.
Una de las polémicas modificaciones que establece su regreso es que la ASN tendrá la función de hacer contrainteligencia sobre "toda amenaza contra el orden constitucional y los poderes públicos", para lo que contará con "medios propios para la obtención y reunión de información". Este apartado se contrapone con lo expresado por la Ley de Inteligencia N° 25.520, que en su artículo 4 determina que el organismo tiene prohibido "obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción".
Otro de los aspectos irregulares es el cambio del artículo 15 de la Ley de Inteligencia, que exigía que las designaciones del Ejecutivo también debían tener la venia del Congreso, una situación que ahora simplemente será "comunicada" al Parlamento. "Las designaciones del Secretario de Inteligencia, así como las de los titulares de los mencionados órganos desconcentrados serán debidamente comunicadas a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del H. CONGRESO DE LA NACIÓN”, señala uno de los artículos que decretó el regreso de la SIDE.
Además, se eliminó la prohibición de argumentar "obediencia debida" ante un hecho puntual, que estaba contemplado en el artículo 5 bis de la Ley de Inteligencia. "La obediencia debida no podrá ser alegada como eximente de responsabilidad", indicaba la anterior normativa, algo que ya no figura.
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