El Frente de Todos avanza en los preparativos para el comienzo de las sesiones extraordinarias que tendrá la semana que viene a la comisión de juicio político como principal protagonista. Con Juntos por el Cambio dispuesto a no dar quórum, en la Cámara de Diputados el oficialismo diseña la estrategia para avanzar con la denuncia contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia. La “otra oposición”, centrada en partidos provinciales, peronistas no kirchneristas y socialistas; dialoga en busca de acuerdos para poder sesionar, aunque pide “condiciones”.
Mientras parte de la política recorre centros turísticos en clave electoral buscando instalar su imagen para una eventual candidatura, encerrado en su despacho el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, mantiene reuniones con diputados oficialistas y también opositores que están en Buenos Aires. Son encuentros previos a cerrar el plan de trabajo para impulsar la denuncia de 84 páginas contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
En la comisión de juicio político, que en principio su primera reunión sería el jueves 26 de enero, el Frente de Todos cuenta con 16 legisladores, una mayoría que le permitirá emitir dictamen sin problema. Entre ellos, los tres diputados del Frente Renovador (Vanesa Massetani, Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez), mientras se espera un pronunciamiento del ministro de Economía, Sergio Massa, respecto a la denuncia contra los jueces. “Estamos bien, el 26 vamos a estar todos”, prometen desde la bancada oficialista a este portal.
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Más allá de los detalles acerca de cuándo se citarán a los distintos testigos y la presentación de la prueba que argumente la acusación, Martínez lleva adelante el conteo de votos para cuando la iniciativa llegue al recinto. En el bloque lo definen como “un gran remador” que “hará todo lo que esté a su alcance” para, en principio, conseguir el quórum.
El oficialismo apunta al “bloqueo” que Juntos por el Cambio realiza para paralizar la Cámara de Diputados e impedir que haya sesiones extraordinarias, como ocurrió en las últimas dos últimas del año ordinario. En clave electoral, aseguran, “usan tres temas judiciales del temario para no discutir temas sociales y económicos” como la moratoria previsional, la creación de universidades, el blanqueo, la promoción de la agroindustria, entre otros. En una entrevista con Infoban Radio, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, expuso esta situación al convocar a todos los diputados “para tratar temas que están en la agenda de la gente”
En un tuit, en el que rechazó versiones sobre un supuesto cuestionamiento de Estados Unidos al gobierno de Alberto Fernández por impulsar el juicio político a los supremos, recordó que en 2022 se presentaron 20 proyectos de juicio político contra el Presidente, la Vicepresidenta y ministros y se preguntó: "¿Alguien del Departamento de Estado dijo algo?". Para desactivar esa versión, más allá que desde el Gobierno aseguraron a El Destape que “no hubo queja formal ni informal” de Estados Unidos sobre el pedido de juicio político, el embajador argentino en el país norteamericano, Jorge Argüello, anunció que el asesor especial del presidente Joe Biden para las Américas, Chris Dodd, viajará a Buenos Aires para representar al país norteamericano en la VII Cumbre de la CELAC.
La negativa de Juntos por el Cambio a debatir en el recinto es una buena excusa para evitar exponer las divisiones internas que, en muchos casos, se evidencian en las peleas electorales en las provincias. El clima electoral lleva a extremar la oposición a toda propuesta del Poder Ejecutivo. Pese a ello, la propia interna del Frente de Todos atenta contra el trabajo legislativo y la incapacidad de poder tratar temas por fuera de la agenda judicial.
En los interbloques Federal y Provincias Unidas, presididos por Alejandro “Topo” Rodríguez y Luis Di Giacomo respectivamente, apuntan a al Gobierno como “responsable de generar condiciones” para debatir el juicio político a los cuatro supremos, la ampliación de la Corte Suprema de Justicia y modificar el Consejo de la Magistratura. Y apuntan a las sugerencias de avanzar con reformas judiciales por decreto del ministro de Justicia, Martín Soria, y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. “No hubo ninguna contraposición oficial a esas posturas”, advierte un legislador opositor a este portal. “El Gobierno es responsable de generar las condiciones y no las está generando. Al contrario, va agravando la situación”, agrega.
Si bien la agenda judicial marcará el ritmo de las extraordinarias en febrero, también habrá trabajo en el resto de las comisiones. Sin quórum propio y con dificultades para alcanzar acuerdos, más allá de los aliados habrá que observar el comportamiento de los bloques de la izquierda y libertarios. Los primeros rechazan la agenda económica de Massa y las iniciativas judiciales porque las consideran “parches” que no avanzan contra los privilegios de los jueces, pero están a favor de la moratoria previsional para que 800 mil personas se puedan jubilar y la creación de ocho universidades. En diálogo con este medio, aseguran que Martínez no los llamó porque “sabe la oposición del Frente de Izquierda” y denunciaron que “la agenda de extraordinarias es, en su mayoría, negociada con el FMI y las grandes patronales”.
El liberal José Luis Espert criticó el temario y calificó como “una locura” el juicio a la Corte. Pese a considerar que “no es serio” discutir 27 proyectos “en pocos días”, se mostró en contra de bloquear el debate. Mientras que el bloque libertario de Javier Milei, si bien analizan “proyecto por proyecto” advierten que “nunca van a acompañar un proyecto que vaya en contra del ideario liberal” lo que se traduce en que si viene del Poder Ejecutivo difícilmente lo voten de manera afirmativa.
La semana que viene arrancará la exposición pública de los argumentos del Gobierno contra los jueces del supremo tribunal, disparados principalmente por dos fallos vinculados a la composición del Consejo de la Magistratura y a la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. Se esperan fuertes cruces mediáticos y en la comisión de juicio político entre oficialistas y opositores, con las elecciones 2023 de telón de fondo.
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