En forma muy clara, la oposición dejó planteado en las sesiones posteriores al recambio legislativo que el Congreso será el campo de batalla desde el que planteará el rechazo frontal a cualquier iniciativa del Ejecutivo, sea del tema que fuere. Por eso el Gobierno anda con pies de plomo respecto a la convocatoria a sesiones extraordinarias, algo que ocurrirá en algún momento del verano: hay quienes hablan de mitad de enero, fin de enero o incluso también principios de febrero. La marcha de las negociaciones con el FMI seguro jugarán un papel sobre la fecha y también podrá incidir en el temario, que por ahora tiene como puntos principales el Consenso Fiscal y la reforma del Consejo de la Magistratura.
El escándalo que Juntos por el Cambio armó antes, durante y después de las últimas sesiones, en las que primero se rechazó el Presupuesto y luego se aprobó la reforma al impuesto a los Bienes Personales hicieron pensar al Frente de Todos que debe evaluar muy bien cuáles son los proyectos adecuados para discutir en el Parlamento durante el verano. En la única declaración que hizo al respecto, el presidente Alberto Fernández avisó que evaluaba introducir en el temario las iniciativas económicas con las que busca apuntalar la reactivación en la pospandemia: la Ley de Hidrocarburos, la Ley para el Desarrollo Agro-bioindustrial, la de Electromovilidad, la de Industria Automotriz y la de Compre Argentino.
Pero teniendo en cuenta la reacción opositora a la reforma a Bienes Personales -ya presentaron dos recursos judiciales para que se declare nula- lo conveniente sería incluir en el decreto de convocatoria sólo las propuestas que haya consenso así que, de éstas, aparece con más chances la de Electromovilidad, que apunta a generar incentivos para desarrollar la producción y utilización de movilidad sustentable. No parecería haber motivos para rechazos, aunque con la oposición nunca se sabe. Lo mismo con la de Compre Argentino, que favorece la producción nacional, aunque en este caso seguro no gustará al discurso libertario. Los otros probablemente generarán más controversias, incluso de forma transversal a los bloques, según la producción característica de cada provincia. Por eso, seguro demandarán algunas reuniones para conocer las posibilidades de respaldo. Acumular rechazos en extraordinarias no tendría sentido.
Consenso y Consejo
En los últimos días tomaron cuerpo dos iniciativas para tratar en extraordinarias. Uno es la prórroga del Consenso Fiscal, respaldado nada menos que por 23 gobernadores, todos menos el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La iniciativa les devolvió a las provincias la decisión de subir o bajar las alícuotas de los impuestos dentro de un margen, también la posibilidad de crear otros, como el impuesto a la herencia. Lo firmaron los gobernadores del oficialismo, los que pertenecen a partidos provinciales pero también los tres radicales -Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes)-, quienes hicieron una declaración pública adelantando que en sus jurisdicciones no lo utilizarán para subir impuestos.
"Seguramente se tratará en sesiones extraordinarias", adelantó el diputado del oficialismo Marcelo Casaretto, vicepresidente de la comisión de Presupuesto. Representará todo un desafío para la bancada de Juntos por el Cambio. Habrá que ver si toda la bancada acompaña o si se dividirá al momento de votar. Con un puñado de votos radicales al Frente de Todos le alcanzará para superar el test del Congreso.
El otro tema lo planteó el propio Consejo de la Magistratura, que en su último encuentro le pidió al Ejecutivo que avance sin demoras en la aprobación de la reforma del organismo. En un fallo llamativo, la Corte Suprema declaró inconstitucional la composición actual, luego de 15 años de funcionamiento. El Consejo debe volver ahora a la composición anterior, llevando sus actuales 13 miembros a 20. Pero sostienen que no le dan los plazos para elegirlos y que tampoco tendría sentido dado que el Gobierno ya envió al Congreso su propuesta, con una composición de 17 miembros. Ese proyecto ingresó al Senado a principios de diciembre, pero en el oficialismo ven difícil que consigan consensuarlo con la oposición.
Plan plurianual al Fondo
Sin dudas, lo que marcará las sesiones será la marcha de las negociaciones con el FMI, que el Gobierno espera cerrar para fines de enero. El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que no habrá un plan plurianual previo, sino que ese plan -anunciado por el Presidente la noche misma de las elecciones legislativas- será el propio acuerdo por la deuda con el Fondo Monetario Internacional que establecerá las pautas económicas para los próximos años. Si efectivamente está para fin de mes, entonces podrá incluirse en el temario de extraordinarias.
Lo que suceda con eso es una incógnita. En la lógica del Gobierno, la oposición debería ayudar a solucionar el grave problema que dejaron de lastre. Pero luego de las últimas sesiones en el oficialismo comienzan a verlo como una posibilidad lejana. "Estoy seguro que van a votar en contra", comentaba un importante gobernador del Frente de Todos sobre la oposición, que esta semana participará del encuentro con Guzmán en el que les dará detalles de la negociación con el Fondo. "Fingen demencia, no se hacen cargo de nada. No importa. Nosotros cumpliremos con la ley mandando el acuerdo al Congreso y si lo rechazan, lo sacará el Presidente por decreto", concluía.
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