El gobierno bonaerense mantuvo la sospecha respecto al asesinato del colectivero Daniel Barrientos, al que no encuadran como un hecho de inseguridad habitual, y también sobre la posible presencia de infiltrados durante la agresión al ministro de Seguridad, Sergio Berni, que insistió en la idea de una "emboscada". Ya radicaron una denuncia para que se investigue el episodio. Con todo, en paralelo, desde la gobernación -y también desde la Casa Rosada-, no desatendieron la inquietud por la inseguridad, que más allá de este hecho puntual es un problema que está entre las principales preocupaciones de los bonaerenses desde hace mucho tiempo. Por eso, desde este martes comenzaron operativos de Gendarmería en colectivos y se anunciarán nuevas medidas.
Los restos del chofer Barrientos, asesinado este lunes de un disparo durante un asalto a bordo del colectivo de la línea 620 en la localidad de Virrey del Pino, fueron enterrados en un cementerio de González Catán, "Justicia", pedían sus compañeros y las personas que llegaron hasta allí. Por el delito ya hay dos detenidos, pero en la gobernación tenían muchas dudas. "Es sospechoso, extraño. No parece un robo a un colectivo", sostuvo el gobernador Axel Kicillof.
"Por lo general, los delitos tienen patrones que coinciden. Cambian los actores pero los patrones son siempre los mismos", coincidió Berni en sus sospechas. Marcó como extraño que se crucen un auto a un colectivo casi vacío a las cuatro de la mañana y que utilicen un arma calibre 40, "típica de los sicarios". Igual, no quiso decir que les hubieran "tirado un muerto", pero no lo descartó.
El otro episodio rodeado de dudas es la agresión que sufrió Berni cuando se acercó a la protesta que realizaban colectiveros. Según comentó ayer Kicillof, desde el gremio UTA les aseguraron que no conocían a los agresores. En las redes circularon imágenes que vincularían a algunos de los que se encontraban allí con la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. "Uno de estos intereses en disputa es la política, sabemos que están todos los activistas políticos en un año electoral. Siempre hay infiltrados, vi caras conocidas, en este ambiente nos conocemos todos", aseguró Berni. La ex ministra de Seguridad replicó con un "a mí no me corren" y le dijo a Berni que debía renunciar.
El ministro recibió varias muestras de apoyo. Entre otros, lo llamaron Cristina y Máximo Kirchner. "No es de esconderse detrás de un escritorio", lo elogió la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en un acto de entrega de patrulleros. Se presentaron dos denuncias por la agresión. Una de parte del ministro de Justicia, Julio Alak, por los delitos de "atentado contra la autoridad, lesiones graves e intimidación pública". La otra la hizo la abogada Valeria Carreras, que manifestó su sospecha de que las agresiones no fueron parte de "un accionar espontáneo, ni nacido del dolor de haber perdido un compañero de trabajo en un hecho de inseguridad" sino que obedecen "a un plan de acción sincronizado".
Pese a todas estas dudas y al clima violento instalado -en el que Kicillof incluyó el juicio "trucho" contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y el intento de magnicidio-, no se mostraron indiferentes ante el asesinato del chofer. "Es tremendamente doloroso", describió el gobernador, y agregó que les impactaba como gobierno. Subrayó que durante el último año habían conseguido bajar en un 20% los homicidios dolosos en la Provincia, pero que sabía que no era suficiente. Desde hace muchos años la inseguridad rankea alto como preocupación de los bonaerenses.
Por eso, anunciaron la creación de una comisión de seguimiento para controlar que se cumpla con la instalación de cámaras en colectivos. El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, confirmó que existe "un incumplimiento por parte de las empresas" de colectivos y aseguró que la administración provincial invirtió 2.500 millones de pesos en cámaras de video que no están funcionando. Según sus números, menos de una cuarta parte de las unidades en funcionamiento tiene el sistema instalado. También buscarán acelerar la creación de un centro de monitoreo general de las cámaras ubicadas en paradas seguras, pero eso seguro demorará un tiempo más.
El Gobierno nacional tampoco esquivó la cuestión. "Cada una de als muertes de inseguridad duele como la primera. La del colectivero de ayer, el femicidicio de Cañuelas de semanas atrás, el joven venezolano en Palermo de hace un tiempo", enumeró la portavoz Gabriela Cerruti. Aceptó que debían tomarse medidas concretas. "Hay que ir a Rosario a resolver el problema del narcotráfico, hay que acompañar a la provincia de Buenos Aires", dijo, más allá que aclaró que la seguridad correspondía a cada distrito particular. Justamente ayer, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, estuvo en Rosario junto al gobernador Omar Perotti y al intendente Pablo Javkin para inaugurar una nueva división policial.
Fernández aseguró que desde el mismo lunes a la noche comenzaron a realizarse operativos con Gendarmería en colectivos. El ministro trae de arrastre varios conflictos internos con Berni. De hecho, dijo que lo llamó nueve veces para interiorizarse sobre su estado de salud luego de los golpes y que nunca lo atendió. "De ninguna manera se puede permitir tal agresión", dijo respecto a lo sufrido por el funcionario. Aníbal aseguró que ya hay 5 mil gendarmes recorriendo la Provincia divididos por turnos y que su segunda, Mercedes La Gioiosa, citó para hoy a varios secretarios de seguridad municipales a fin de conformar los Comandos Unificados Conurbano.
Aseguró que venía actuando motu propio -luego de conversarlos con el presidente Alberto Fernández y con el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde- porque desde la gobernación no había recibido ningún pedido de efectivos. Muestra de que las diferencias persisten, Kicillof lo desmintió. Replicó que sí habían pedido efectivos pero también que se actuara con coordinación con la policía provincial para que los operativos fueran ordenados. Habrá que esperar el resultado de la reunión en Seguridad, convocada para las 9.30.
Cerrar sesión