El Senado tratará mañana el proyecto de ley que prorroga por cuatro años la emergencia territorial indígena y evita los desalojos, durante una sesión ordinaria en la que también debatirá una iniciativa que busca eximir del pago del impuesto de bienes personales a un mayor número de contribuyentes.
En la segunda sesión con presencialidad plena desde que se desbloquearon las restricciones dispuestas por la pandemia de coronavirus, los senadores acordaron discutir una propuesta de la senadora Nora Giménez (Frente de Todos-Salta) que propone una nueva prórroga de la ley 26.160 aprobada en 2006.
En una reunión de Labor Parlamentaria realizada este mediodía, los jefes de los bloques parlamentarios del Senado acordaron incluir en el temario de la sesión de mañana la prórroga que recibió dictamen de comisión a fines de septiembre y cuyo vencimiento opera el 23 de noviembre. La iniciativa pasó a la firma el 28 de septiembre último con aval del oficialismo pero no del bloque opositor, que adoptó esa postura en protesta por la falta de reuniones presenciales que luego comenzaron a desarrollarse.
El proyecto dispone que en los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad, se deberá asignar al Fondo Especial creado por la misma norma una suma de 290 mil millones de pesos.
"Si no se aprueba la extensión nos vamos a quedar sin ninguna herramienta, sin ningún instrumento legal que nos permita evitar los desalojos", señaló la senadora Giménez durante el debate en comisión. Agregó que todavía no se completaron los relevamientos sobre estas tierras y que "actualmente las comunidades indígenas llegan casi a 1700".
En cuanto a la modificación del artículo 24 de la Ley Impuestos a los Bienes Personales, la iniciativa, que cuenta con el apoyo del oficialismo y de la oposición, pretende eximir del alcance del gravamen a los contribuyentes cuyos bienes, en su conjunto, resulten en un valor igual o inferior a los ocho millones de pesos. Hoy, ese límite es de 2 millones de pesos.
De tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor determinado resulte igual o inferior a cincuenta millones de pesos, cuando en la actualidad ese número está clavado en 18 millones de pesos. La reforma también establece que el mínimo no imponible se actualizará automáticamente en diciembre de cada año.
El expediente fue presentado por el peronista cordobés Carlos Caserio y obtuvo dictamen unánime durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se llevó a cabo la semana pasada. Al defender el proyecto, Caserio mencionó que el impuesto, tal como está, "es inadecuado, va a traer malhumor a la gente y no es justo".
Desde Juntos por el Cambio, el chaqueño Ernesto Zimmerman adelantó el apoyo a la propuesta al señalar que se trata de "un avance significativo en un contexto de caída de los ingresos de las familias". "Es bueno establecer mecanismos de actualización de los mínimos por la situación inflacionaria de Argentina", precisó el legislador chaqueño.
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