El Senado de la Nación aprobó por mayoría este jueves la reforma de la ley de Integración socio-urbana de Barrios Populares El proyecto, que ya había sido aprobado en Diputados, prorroga por 10 años la suspensión de los desalojos en estos asentamientos urbanos. "Esta ley pone en el centro del escenario a la persona humana", reflexionó la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti y añadió que beneficia a "más de cinco millones de personas, que en su mayoría son niños y adolescentes".
Presentes en el Senado, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y la secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, acompañaron el tratamiento del proyecto. “La modificación a esta ley es la posibilidad de seguir construyendo mejores barrios populares donde se garanticen agua potable, red eléctrica y mejoras en las condiciones del hábitat de más de 1 millón de familias que viven en los más de 5687 barrios populares de la Argentina”, dijo la ex diputada nacional.
La responsable del área de Desarrollo Social remarcó que la aprobación de esta modificación, que prevé entre otras cosas evitar desalojos en los asentamientos y barrios populares y establecer el acceso a servicios básicos “es muy importante para el Ministerio de Desarrollo social y un paso fundamental para seguir construyendo más dignidad en cada una de las familias y fundamentalmente en las mujeres jefas de hogar”.
Fernández Sagasti analizó que "las políticas de estados no tienen que ver con que en dos periodos de gobierno diferentes se sostengas, sino que tenga que salir de un pacto social", sino que en caso de que un gobierno lo quiera cambiar "se lo impida una conciencia popular que retroceda". En ese sentido, apuntó al gobierno del ex presidente Mauricio Macri y sus recientes dichos sobre que, en un eventual nuevo mandato de Juntos por el Cambio, profundizaría su perfil neoliberal.
Previamente, el jefe de la bancada de la Unión Cívica Radical Luis Naidenoff planteó que "si el desafío con esta ley de integración de barrios populares es construir una política de Estado, este sí es el primer paso para una gran política de Estado", pero aclaró que se dará "en la medida que la grandeza se imponga a la mezquindad".
A su turno, el senador de Juntos Somos Río Negro Alberto Weretilneck afirmó que "esta ley intenta resolver fallas del Estado, ya sea provincial o municipal, que por distintos motivos no se resolvieron antes", y observó que "pensar una ciudad desde lo humano evita muchos de estos inconvenientes que significan mucha injusticia y dolor".
Por su parte, la legisladora de Córdoba Federal Alejandra Vigo definió como "muy importante" que el proyecto pueda transformarse en ley "porque significa la posibilidad de que todos esos grandes aglomerados tengan la chance de ser urbanizados y poder tener más y mejores servicios”.
El único voto en contra fue de la senadora cordobesa de Juntos por el Cambio Carmen Álvarez Rivero. "El país está fundido y aún asi se gestiona mal", protestó la legisladora cordobesa, que agregó: "Tenemos dos Argentinas: una de la economía formal, otra de economía informal. Una del trabajo formal y otra del trabajo informal. Yo quiero que sea una sola",
El proyecto que reforma la Ley Nº 27.453 de Integración socio-urbana de Barrios Populares La iniciativa del Poder Ejecutivo, aprobada en 2018, prorroga por 10 años la suspensión de los desalojos que vencen el próximo 15 de octubre.
A su vez, propone además declaración de utilidad pública de 1.176 nuevos barrios A través de la iniciativa también se busca fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
La Cámara de Diputados había dado sanción por mayoría al proyecto de ley el 12 de octubre. Tras la sesión, la titular del Pro, Patricia Bullrich, había expresado su repudio a la aprobación del proyecto. Si embargo, salieron a cruzarla dirigentes de su partido.
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