El oficialismo se prepara para avanzar hacia la modificación de la ley de Ministerio Público Fiscal antes de fin de año, con la idea de acotar el mandato del Procurador General (el jefe de los fiscales) y las mayorías necesarias para su nombramiento, entre otros puntos.
La maniobra es una jugada que tiene varias bandas. Por un lado, dejar en evidencia que la oposición no quiso tratar el pliego de Daniel Rafecas para Procurador y que el planteo público de Elisa Carrió de acompañarlo es simple oportunismo mediático y no tiene eco en la bancada de Juntos por el Cambio. Ahora el plan de acción del oficialismo es modificar la ley y luego hablar de nombres.
Por otro, retomar proyectos de la actual oposición, como los presentados por Martín Lousteau y Lucia Crexell, que proponían limitar el mandato del jefe de los fiscales. Por último, impulsar las propuestas que lleguen del Comité Asesor de la Reforma Judicial, que en pocos días elevará sus sugerencias al presidente Alberto Fernández y uno de los puntos son justamente los cambios en la ley del Ministerio Público Fiscal. Esto puede incluir la modificación de la mayoría necesarias para nombrarlo.
"Antes de discutir el pliego de un nuevo procurador es imprescindible discutir la nueva ley del Ministerio Público Fiscal y luego ver el perfil para ocuparlo", señaló el senador Martín Doñate en El Destape Radio. Esa discusión comienza hoy en la reunión de la Comisión de Justicia, donde Oscar Parrilli convocó a una serie de juristas y especialistas para escuchar sus opiniones. En la primera tanda estarán el abogado Maximiliano Rusconi, el presidente del Institudo de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) Alberto Binder y el juez Daniel Erbetta, que integra la Corte Suprema de Santa Fe y la semana pasada se negó a compartir un jurado con el procesado fiscal Carlos Stornelli.
Las claves de la nueva ley del Ministerio Público Fiscal
A diferencia de los jueces de la Corte, la forma de elección y la duración del mandato del Procurador no figuran en la Constitución sino en la ley Orgánica del Ministerio Público. Por ende, una ley puede cambiar otra ley.
El punto clave es la duración del mandato del Procurador, que es actualmente un cargo vitalicio. Lo era para Alejandra Gils Carbó, la última procuradora, pero la entente conformada por Clarín, el macrismo, Comodoro Py y los estudios de abogados de la city porteña la presionó hasta lograr su renuncia. Desde entonces rige el interinato de Eduardo Casal, alineado aún hoy con Mauricio Macri.
En su momento, el senador Lousteau presentó un proyecto para limitar el mandato del Procurador a 6 años. La senadora Crexell proponía que fuera de 5 años. El oficialismo quiere tratar esos proyecto pero el designado embajador macrista en Estados Unidos luego de aceptar un resultado electoral con el voto electrónico hackeado ahora no quiere discutir su propia idea.
El otro punto son los votos necesarios para nombrar al Procurador. Hay dos argumentos que confluyen para modificar este número. Por un lado, que para cambiar la ley hace falta mayoría simple, así que con eso solo bastaría. Pero hay otro más convincente: si el mandato deja de ser vitalicio pierde sentido el requisito de los dos tercios del Senado como si se tratara de un juez de la Corte Suprema.
Actualmente, la ley exige que para aprobar la propuesta del Poder Ejecutivo hagan falta dos tercios de los senadores presentes en la sesión. Con el Senado completo son 48 votos, que el oficialismo no tiene. Si el mandato ya no será vitalicio, desde el oficialismo evalúan que el requisito de los dos tercios ya no es necesario. Una opción es que sea por mayoría simple, pero es poco probable que la oposición lo acepte. La salida, evalúan desde el oficialismo, es el punto intermedio: que se necesite la mitad más uno de la totalidad del Senado: 37 votos.
Rafecas hizo trascender que no quería ser nombrado por otro sistema que no fuera el de dos tercios vigente en la ley actual, cosa que no cayó nada bien dentro del oficialismo. “Yo creo que el doctor Rafecas ha cometido un error al decir que él no aceptaría si se modifica la mayoría necesaria para la designación”, sostuvo Leopoldo Moreau en El Destape Radio. Habrá que ver cuál es su posición si cambia la ley.
Además de los proyectos de Lousteau y Crexell desde el oficialismo van a aguardar la propuesta que acerque el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. Esa comisión la integran 11 juristas: el ex juez León Arslanian, los jueces Hilda Kogan, Omar Palermo, Claudia Sbdar , Inés Weinberg de Roca y María del Carmen Battaini, los abogados Carlos Beraldi, Gustavo Ferreyra, Andrés Domínguez y Marisa Herrera y el jurista Enrique Bacigalupo.
Esta comisión tiene entre sus tareas la evaluación del funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, y de seguro propondrá cambios en su funcionamiento, incluida la forma de elección y duración del mandato del Procurador.
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