Milei ordenó la compra de un sistema antidrones por procedimiento secreto: en qué consiste la medida

Luego de que un drone haya sido encontrado en la terraza del Congreso de la Nación en diciembre pasado y otro cayera cerca de la Embajada de Israel, el gobierno nacional declaró secreta la adquisición de un sistema antidrones y justificó la medida por razones de seguridad nacional. La decisión se confirmó este lunes a través del Decreto 21/2025 publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei.

De acuerdo a la norma, la decisión del Ejecutivo fue motivada por la necesidad de enfrentar las crecientes amenazas que representan los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), conocidos como “drones civiles”. En el texto, se menciona la facilidad que representa la adquisición de uno de estos objetos y al “amplio alcance, facilidad de traslado y simplicidad de uso”.

Con la excusa de aumentar la prevención y detección de amenazas de este aparato capaz de grabar audio e imágenes, el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich expone que estos dispositivos, debido a su accesibilidad y versatilidad, podrían ser utilizados para "atentar contra la libertad, la vida y el patrimonio de los ciudadanos, así como contra objetivos estratégicos clave".

En el marco de los posibles ataques que podría sufrir el territorio argentino, la resolución resalta "ataques con drones de naturaleza terrorista, deliverys con drones en el ámbito de distintas Unidades Penitenciarias, el uso de este equipamiento con explosivos a efectos de facilitar fugas de personas alojadas en el ámbito de dichas Unidades, entre otros”.

“Con el fin de evitar que se conozcan los dispositivos y la tecnología que se pretende adquirir y, a tales efectos, se recurra a otras tecnologías existentes en el mercado para eludir el correcto funcionamiento de los sistemas que se pretenden adquirir, el Ministerio de Seguridad considera necesario sustanciar la contratación”, subrayó el documento.

Además, sostiene que es menester “entender en la determinación de la organización, doctrina, despliegue, capacitación y equipamiento de la Policía Federal Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; e intervenir en dichos aspectos con relación a Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina”. La decisión también incluye la intervención del servicio jurídico de la cartera de Seguridad, para garantizar que la adquisición cumpla con las disposiciones legales correspondientes.

De esta manera, Bullrich sigue con su objetivo de reforzar a las fuerzas de seguridad: En julio, a través de la Resolución 710/2024 publicada en el Boletín Oficial, la ministra anunció la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad. Como consecuencia, la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura tienen permitido la utilización de drones sin límites y patrullar las redes sociales para “identificar grupos delictivos” y “prever disturbios”.  

Aparición de un dron en el Congreso: la investigación por el accionar de ciudadanos rusos

Según informaron las autoridades, el sábado 28 de diciembre, la Policía Federal encontró un dron en una de las terrazas del Congreso de la Nación. El pedido inicial para que se investigaran los hechos fue de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien activó protocolos de seguridad que incluyeron a la Policía Federal, la División Explosivos y la División Video y Comunicaciones Aeronáuticas.

El operativo culminó con el hallazgo del dron marca "DJI", modelo MAVIC Mini PRO4 "el cual posee memoria marca SAMSUNG 128". Ante el descubrimiento, se hizo una denuncia en la Justicia Federal que recayó en el despacho del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2, a cargo de Sebastián Ramos en Comodoro Py. Fue en ese marco que el juez, a pedido de la División Intervenciones Judiciales, ratificó lo actuado de madrugada, ordenó el secuestro del aparato y abrió una causa por intimidación pública para pedir la identificación de los ciudadanos rusos que manipulaban el aparato sobre el Palacio Legislativo.

Los tres rusos fueron identificados como Pavel Bandurin, Igor Lomakin y Vitaly Kharlabo. Bandurin ingresó al país en mayo y tiene residencia permanente. En ese marco, la diputada Marcela Pagano presentó un escrito y, según reveló en redes, radicó "una denuncia penal para que se investigue exhaustivamente el incidente del drone en el Congreso. Es fundamental esclarecer los hechos y garantizar la seguridad y transparencia en nuestros espacios institucionales". 

El hecho se produjo además cuatro días después del cruce con la Embajada de Rusia, luego de que dos diplomáticos se negaran a realizarse test de alcoholemia en sendos operativos de tránsito en las primeras horas de la Navidad.