Bullrich y Petri retienen los proyectos sobre seguridad para conseguir los votos en el Congreso

Patricia Bullrich y Luis Petri se reservan el contenido del paquete de leyes sobre seguridad y defensa que anunciaron la semana pasada. Pasaron cinco días desde que los ministros de Seguridad y Defensa se pararon en la sala de conferencias de Casa Rosada para enumerar los proyectos que se enviarán al Congreso, pero desde entonces los textos no aparecen. Ambos encabezaron esta semana encuentros con diputados, pero el acceso a las iniciativas es limitado.

“Fue como escuchar la conferencia”, describió ante El Destape una de las diputadas radicales que participó de la larga reunión con los ministros anoche. Los legisladores de la UCR se acercaron para conocer en detalle las propuestas y poder acceder a, por lo menos, una aproximación al texto. “Veíamos los artículos de reojo que tenía Bullrich sobre la mesa”, explicó la testigo.

El objetivo de Bullrich y Petri es evitar otro revés en el Congreso y por eso vienen reuniéndose con los bloques ideológicamente más afines a las políticas de mano dura que buscan instaurar con este nuevo marco jurídico. Se reunieron con legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y ayer con los radicales. A los diputados se les dificulta confirmar su respaldo sin conocer el trazo fino de la redacción de cada proyecto.

Entre las iniciativas anunciadas se encuentra la “ley antimafia” que "cambia de cuajo el modelo" de la lucha "contra las organizaciones criminales", en palabras de Bullrich. También se propone incluir la "reiterancia" al Código Procesal Penal para otorgarle prisión preventiva a quienes tengan causas previas.

Además, se presentará un proyecto para ampliar el registro de ADN a todos los delitos para una "identificación más precisa de los criminales". Este punto genera discusión dentro de la UCR y piden acotar el alcance del listado. “Así como se explicó es muy amplio, requiere profundizar la discusión”, explicaron desde el bloque. "Cada uno de los delincuentes que entre a una dependencia policial, cárcel o que comience una imputación se le hará una prueba de ADN que va a estar en un sistema de almacenamiento", había anunciado la ministra de Seguridad.

En el mano a mano con el bloque que preside Rodrigo de Loredo, Bullrich les confió que no está en sus planes avanzar en este momento con una “ley antipiquete”. “Nos aclaró que no va a insistir con proyectos contra las manifestaciones”, reveló un legislador presente en las conversaciones. En el proyecto de ley ómnibus caído había una serie de artículos que avanzaban sobre aquellos que organicen cortes, instiguen a otras personas a hacerlo, fuercen a terceros a asistir a una manifestación, bloqueen establecimientos o intimiden a funcionarios públicos. La había mencionado en el anuncio la semana pasada.

Sobre el proyecto para reformular el concepto de la legítima defensa y el cumplimiento del deber de parte de fuerzas de seguridad no hay acuerdo con el radicalismo. Hay puntos a discutir, opinan a partir de lo dicho por la ministra y los escasos párrafos que les leyó. 
"Cuando un miembro de la fuerza de seguridad está cumpliendo con su deber, no es legítima defensa. Vamos a cambiar la idea de que los policías son los victimarios", había anunciado. "Hoy le pegan a un policía y es como si nada, pero esto se termina. A partir de ahora vamos a plantear penas más concretas contra aquellos que atenten contra la autoridad".

Un punto central en la discusión que se viene es aquella que habilitará a las Fuerzas Armadas a intervenir en seguridad interior contra “el narcoterrorismo”. En ese punto los radicales confiaron que no accedieron al borrador. “El texto no lo vimos”, revelan. Petri explicó que los militares "van a realizar patrullajes, control de personas, vehículos, instalaciones y aprehensión en flagrancia".

El radicalismo está particularmente tensionado en estas discusiones sobre seguridad y a las líneas internas que vienen en puja desde el inicio del gobierno de Javier Milei entre De Loredo, Facundo Manes y el presidente del partido Martín Lousteau se suma el interés del gobernador radical de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. La extrema situación de seguridad que atraviesa la ciudad de Rosario suma presión a la agenda punitiva. Los radicales que compartieron esta primera aproximación a los proyectos con Bullrich y Petri son los diputados que integran las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Seguridad.