El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires intensifica gestiones con cinco laboratorios con el fin de adquirir vacunas contra el COVID de forma directa. Las tratativas son encabezadas por Axel Kicillof luego de haber sido habilitado por una ley sancionada en la Legislatura Provincial.
En la rueda de prensa que Kicillof ofreció el viernes, si bien no dio precisiones sobre las gestiones para comprar vacunas, anticipó que "en los próximos días puede haber novedades" y ratificó que en el caso de que la provincia consiga vacunas "las pondrá a disposición del Gobierno nacional, para que las distribuya en forma equitativa".
MÁS INFO
Por su parte, la agencia de noticias Télam, reveló a través de una nota que existen conversaciones en curso con el Instituto Gamaleya (desarrollador de la Sputnik V) y las farmacéuticas CanSino Biologics (compañía chino-canadiense), Moderna (EEUU), CureVac (Alemania) y el laboratorio estatal China National Pharmaceutical Group, que produce la vacuna Sinopharm.
Por otro lado, se indicó que han aparecido varios intermediarios que fueron rechazados por "no estar habilitados" por las embajadas de los países. En ese sentido, se sabe que "si la provincia de Buenos Aires consigue provisión de vacunas lo que va a hacer es llevárselas al Gobierno nacional".
Aunque la legislación nacional habilita a las provincias a negociar en forma directa con los laboratorios para la compra de vacunas, Kicillof envió de todas formas un proyecto de ley a la Legislatura para conseguir el aval legislativo por las condiciones de contratación que exigen algunos proveedores, como cláusulas de confidencialidad o prórrogas de jurisdicción en caso de controversias o litigios judiciales.
Tal cual reveló El Destape, a iniciativa facullta al Ejecutivo bonaerense, a través del Ministerio de Salud y de la Jefatura de Gabinete de la provincia, "a adoptar medidas tendientes a la adquisición de vacunas durante la vigencia de la emergencia sanitaria, declarada mediante Decreto N° 132/2020, ratificado y prorrogado".
Allí se estableció que el informe de cada contrato de adquisición de vacunas deberá ser enviado cada 60 días y que la Bicameral tendrá facultades para solicitar las cláusulas de confidencialidad de los contratos, en los casos en que estas existan.