Traferri contraataca y la investigación por juego ilegal excede al PJ

La tensión política en Santa Fe cobra ribetes de thriller cinematográfico, y en medio de un diciembre muy caliente sigue sumando capítulos a una temporada que no parece que vaya a tomarse vacaciones de verano. En el último episodio, 12 senadores sobre 19 le dieron un portazo en la cara a los fiscales que pidieron el desafuero del senador Armando Traferri para indagarlo e imputarlo como posible organizador de una asociación dedicada a recibir fondos del juego clandestino, que ya tiene dos fiscales presos por coimas. La movida cambió otra vez el tablero político, que ya nunca volverá a ser el mismo en el peronismo, pero sobre todo evitó que se conozca qué hay detrás de los indicios sobre la existencia de una trama criminal que podría salpicar a otros partidos.

De los que votaron corporativamente en defensa de su colega, 7 son del PJ y pertenecen al bloque del representante del departamento San Lorenzo, y 5 son radicales del Frente Progresista. Todos tienen en común ser opositores a Omar Perotti. La excusa fue una presunta "inconsistencia en las pruebas", pero por detrás asoma una constante resistencia de los integrantes de la Cámara alta a ser investigados por sus acciones, y tal vez la precaución porque la causa avance sobre representantes de otras fuerzas políticas. También hubo tres abstenciones (entre ellas la del propio acusado) y cuatro votos a favor de los legisladores leales al Ejecutivo. La unidad en la diversidad que llevó al justicialismo a la Gobernación es hoy una premisa lejana y no parece haber vuelta atrás.

Como boxeador que estaba contra las cuerdas y metió una mano limpia, Traferri se sintió intocable con el apoyo de la alianza de los senadores y decidió contraatacar. En ese sentido, presentó un escrito a la fiscal regional de Rosario en el que exige el apartamiento de la investigación de los fiscales que pidieron el cese de su inmunidad parlamentaria, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. Su abogado los acusó de estar "contaminados políticamente" y de responder directamente al ministro de Seguridad Marcelo Sain, enemigo público del legislador. “Desde el primer momento, los fiscales perdieron la imparcialidad”, afirmó el asesor legal José Luis Vázquez, quien se desbocaría luego afirmando que Perotti "no va a terminar su mandato" si sigue siendo asesorado por Saín.

A todo o nada

"No existe la imparcialidad en el Ministerio Público Fiscal, eso es para los jueces. Existe el deber de objetividad", comentó a El Destape una fuente cercana a la cartera. La presentación, como era de esperar, fue rechazada por la Fiscalía Regional. En el sector que apoya a Sain hay optimismo. "Para mí (Traferri) termina en Canadá (preso). Va a crecer el quilombo y se lleva puesto a varios. Esto no termina acá. Perotti se juega el gobierno", dijo en off un dirigente peronista con años de carrera. Algunos confían en que esta semana, en el marco de la causa madre, aparezcan datos contundentes que vuelvan a torcer la cancha. "Seguramente vayan saliendo algunas pruebas, y se hagan conocidos otros personajes de la política implicados", dice una fuente del Ministerio de Seguridad. En efecto, apareció un audio que compromete al acusado porque da cuenta de la protección judicial que podría proveer.

La referencia es a las reimputaciones al exfiscal Patricio Serjal, el empleado judicial Néstor Ugolini, y el empresario del juego clandestino Leonardo Peiti, quienes fueron acusados de participar de una asociación ilícita junto a Traferri y otras personas. En las audiencias se aportaron evidencias como audios, conversaciones, cruce de llamadas y de antenas que construyen a la teoría de la Fiscalía: que Peiti tenía una red de casas de juegos de azar ilegal, Serjal aseguraba la cobertura judicial para quede impune, y el senador garantizaba la continuidad de la organización mediante contactos en la Justicia y en la política, todo a cambio de dádivas. Además, Edery y Schiappa Pietra tienen bajo la manga otro recurso: plantear ante la Justicia la inconstitucionalidad del artículo del Código Procesal Penal de Santa Fe que otorga a los legisladores la inmunidad de proceso. 

Transversal

"Con las pruebas que circularon públicamente, debería ser suficiente para permitir que se investigue. Lamentablemente, la estructura jurídica de nuestra provincia tiene algunos déficits en esa materia. Traferri debería voluntariamente someterse a la posibilidad de ser investigado, no coincido con su estrategia de defensa. Sería lo mejor para la política, y no solo para el peronismo, sino para toda la institucionalidad de Santa Fe", analizó consultado por El Destape Eduardo Toniolli, titular del PJ rosarino. Para Toniolli, no hay dudas de que existen relaciones entre el delito complejo y distintos poderes, por lo que considera que "cuando viene un gobierno que toma la decisión de llevar adelante esa tarea de romper las relaciones espurias, no podemos hacer más que apoyarlo. Si alguien dice que esto es una interna partidaria está muy equivocado. Esto es transversal a distintas fuerzas políticas. Hay que dejar que la Justicia actúe, y acompañar a los que tienen la decisión política de ir a fondo, como Perotti y Saín", subrayó. 

Se había hablado de un mani pulite, y de que se sanearía la política y la Justicia de sus vínculos con el delito caiga quien caiga. Ese relato entró ahora en un cono de sombras, pero nada está terminado. Mientras tanto, Perotti se llamó a silencio pero se sabe que respalda a su ministro. "Hubiera sido sano que se dé el desafuero", dijo Saín este martes, luego de denunciar que ambos fiscales recibieron amenazas y debieron ser trasladados con sus familias fuera de Rosario. Además, dijo que hay "otro senador que podría estar nervioso" por una investigación anexa a esta por juego clandestino, pero en Melincué. La alusión fue claramente destinada al legislador por el departamento General López, Lisandro Enrico (UCR-Frente Progresista).

Es cierto, Traferri se salió con la suya en cuanto a lo técnico. Pero la negativa a dejarse investigar (aunque esta semana dijo que quiere "garantías" para someterse a un proceso, e incluso en un gesto inaudito nombró a qué fiscales elegiría para hacerlo) no limpia su imagen ni la de la institución de la que forma parte, que está hace años en la mira por los manejos de fondos millonarios de manera discrecional en alianza con cada gobierno de turno, que fue comprando con recursos y obras las voluntades de una Cámara díscola y extorsiva. Si la investigación además avanza hasta un punto en el que salpica a otras fuerzas políticas (también hay un intendente cercano a Miguel Lifschitz y un funcionario de ese municipio bajo la lupa), podría tratarse de un hecho bisagra para la historia santafesina.

El partido parecía terminado, pero en realidad solo era el pitazo final del primer tiempo