Miguel Lifschitz, referente indiscutible y de enorme gravitación en el Partido Socialista, antecesor de Omar Perotti en la gobernación de Santa Fe, intentó infructuosamente la elaboración de un proyecto de ley en 2018 para declarar la necesidad de reformar la constitución provincial. Al terminar su mandato, y en vista del poco interés demostrado en la materia por el actual gobernador peronista, parecía que la reforma volvía a alejarse, en forma de expresión de deseo. Durante las últimas semanas, a falta de uno, la mesa de entrada de la Cámara de Diputados santafesina recibió seis pliegos de proyecto para la reforma de la constitución, aunque diferentes en su esencia y su origen ideológico, todos tienen puntos comunes. Más de los que se arriesgan a declarar.
La provincia de Santa Fe no ha reformado su constitución desde el 14 de abril de 1962. Las seis décadas subsiguientes trajeron consigo dos golpes de Estado, once presidentes democráticos, la posmodernidad, la caída del muro de Berlín, la Internet, la Ley de Matrimonio Igualitario, y la de divorcio, las Abuelas de Plaza de Mayo, Charly García y la televisión a color. Pero en todo ese tiempo, la bota de Estanislao López no ha encarado con profundidad una reforma de su Carta Magna. Y no por falta de intentos.
Un legislador local explicó esta reticencia diciendo que “hay una opinión mayoritaria de los partidos políticos de no tener el progresismo de cambiar cuestiones que tienen que ser cambiadas. Evidentemente algunas reformas molestan a los poderes” y nombra dos nudos gordianos: la reelección del gobernador y la bicameralidad del poder legislativo, como principales discusiones históricamente irresueltas.
La media docena de proyectos ingresados en la legislatura hasta hoy fueron presentados, dos de ellos, por los diputados peronistas Luis Rubeo y Lucila De Ponti, uno por el socialista Joaquín Blanco, un cuarto por el diputado Nicolás Mayoraz, líder del bloque Vida y Familia (VyF), otro del partido de centro izquierda Igualdad y Participación (IyP) liderado por Agustina Donnet, la diputada más joven en la historia de la provincia, y el sexto pliego está firmado por el diputado Gabriel Real, del Partido Demócrata Progresista (PDP) aún dentro de lo que queda del desmembrado Frente Progresista, Cívico y Social (FPCyS).
Más en común de lo que creen
Los diferentes proyectos fueron presentados entre la primera semana de marzo y el pasado jueves 19 de mayo, fechas entre las cuales los pliegos fueron distribuidos por los legisladores firmantes.
Las intersecciones más presentes son la cuestión de la reforma del régimen electoral, la cual hoy se ubica en los 18 años, constituyendo una contradicción con la norma nacional: “Es absurdo que un chico de 16 años pueda votar un presidente y no pueda elegir un concejal o al intendente de su ciudad” dice a El Destape uno de los diputados autores de la iniciativa reformista. Todos los proyectos confluyen en este tópico, al igual que en la aprobación de la autonomía municipal, debate en boga dentro de la provincia, lo cual le daría una capacidad de administración y gestión territorial mucho más profunda a los municipios y comunas.
El diputado Mayoraz eleva la apuesta respecto de este tema y desliza en su proyecto la posibilidad de crear “áreas metropolitanas”, pensando ya en la organización de los servicios y recursos en áreas que incluyen -pero que no se ciernen exclusivamente sobre- las grandes urbes, entendiendo que muchos santafesinos viajan por trabajo o cuestiones sociales entre diferentes localidades del territorio provincial de manera diaria.
Por otro lado, la reelección de los gobernadores sólo es esquivada por el proyecto de IyP, bajo el argumento de que “la alternancia ha salido muy bien para Santa Fe” en los últimos años, aunque no se muestran en tajante desacuerdo al momento de cuestionarse el qué hacer si ese punto se torna el único obstáculo para la elaboración de una ley de reforma. Por su lado, el legislador Rubeo deja este tópico bajo el libre albedrío de los convencionales constituyentes, mientras que el del socialismo y el de la diputada frentetodista Lucila De Ponti atienden el asunto, pero con la particularidad de habilitar la renovación del mandato de gobernador a partir del año 2031, es decir, dentro de dos periodos.
El pasado lunes, todas las tribus del radicalismo y del Partido Socialista en Santa Fe tuvieron una reunión cumbre en donde definieron criterios comunes, entre los cuales el socialismo planteó la defensa de los gobiernos locales y avanzar a lo largo de este año con la reforma constitucional. Por su lado, el justicialismo santafesino tendrá su cónclave en los próximos días, con fecha tentativa para la mañana del sábado 11 de junio, para definir la postura del bloque y del PJ en su conjunto sobre la reforma y a cuál proyecto se le dará la bolilla blanca: al de Lucila de Ponti, lanza local del Movimiento Evita, o el de Luis Rubeo.
La restricción o eliminación de los fueros parlamentarios es tomada por todos los proyectos como una necesidad para poder respetar la igualdad de condiciones ante la ley: la diputada peronista y su par del PDP entienden que los legisladores provinciales deben tener el mismo régimen que el que se les presenta a sus pares nacionales, plausibles de ser investigados, no así detenidos ni demorados. Por otro lado, los restantes proyectos que abordan el asunto plantean la definitiva eliminación de los fueros legislativos.
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Una diferencia muy marcada entre Santa Fe y los restantes distritos del país son las fechas de inauguración y cierre del periodo legislativo: actualmente, la provincia comienza de manera formal la actividad en el Congreso el 1º de mayo, cerrando en noviembre las sesiones ordinarias, lo cual hace que las cámaras deban trabajar durante períodos de sesiones extraordinarias muy extensos. Otra coincidencia con todos los proyectos es llevar este plazo de marzo a diciembre, en sintonía con las sesiones del Congreso de la Nación.
La extensión del mandato de los presidentes comunales, la declaración del acceso a la información pública (ley presentada nueve veces en el congreso provincial y que nunca fue tratada en ninguna de las nueve oportunidades por la cámara de senadores), el mantenimiento de la bicameralidad en el Poder Legislativo, la reforma de la distribución de los diputados (los cuales hoy tienen un régimen particular heredado de la boleta sábana, donde el partido más elegido, así sea por un voto, se queda con 28 de las 50 bancas, mientras que las restantes son distribuidas por sistema D'hont) y la incorporación de los derechos de tercera y cuarta generación también son puntos comunes de 4 de los 6 proyectos presentados. Si bien los pliegos vieron la luz en distintas escuderías, las coincidencias presentadas hacen creer entre los diputados que el consenso es más posible de lo que parece, impulsado sobre todo por una conclusión común: Santa Fe no puede sostener una carta magna que tiene 60 años sin que se le toque una coma. Al ser consultados, los autores de los pliegos demostraron su optimismo con una frase repetida en sus voces: “Este puede ser el año de la reforma”.
La justicia en Santa Fe bajo la lupa reformista
El acceso a la justicia y el funcionamiento de los diferentes organismos del Estado también son un tema al que ninguno de los seis reformistas le fue esquivo, aunque desde distintas perspectivas. En la actual constitución santafesina, el Ministerio Público de la Acusación y la Defensa Pública son un fantasma: entidades etéreas que no aparecen en los papeles y que por lo tanto no están reguladas. En esos intersticios oscuros de la madre de todas las leyes descansan atropellos a la independencia de los poderes como lo es la potestad de la legislatura sobre los fiscales, con la capacidad auto-instituida desde hace varios años atrás para apercibir y remover de su cargo a investigadores del fuero provincial.
La mayoría de los proyectos dedica parte de su texto a esta situación, lo cual deja en claro que, más allá de la aprobación del pliego, será tema de debate en la Convención Constituyente en caso de tener acompañamiento de las dos terceras partes de las Cámaras.
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Otra cuestión es la Corte Suprema de Justicia en Santa Fe, la cual si bien no parece ser interpelada por su composición cuantitativa, pero sí por su constitución humana: la edad y el género serán temas de debate, ya que aparecen en casi todos los proyectos como temas a resolver en reformas parciales de la Carta Magna. De Ponti va más allá y plantea la elección por voto popular de los integrantes de los magistrados. Una propuesta igual de audaz es la creación de un Colegio de la Magistratura provincial con rango constitucional, que emule las responsabilidades del Consejo de la Magistratura a nivel nacional y que busque un proceso “transparente” de selección de jueces y permitiendo “un mejor control de los otros poderes del Estado”. Esta espada es empuñada tanto por Joaquín Blanco en su propuesta socialista como también por el diputado Mayoraz.
En resumen, los proyectos podrán tener disidencias en cuestiones orgánicas, que si bien no son menores dependiendo del caso, no hacen a diferencias que puedan llegar a bloquear la sanción de una ley de necesidad de reforma constitucional. Por el momento, son seis los proyectos presentados, desde diferentes espacios del abanico ideológico que compone la Cámara Baja. Si bien uno solo saldrá elegido, tal vez con modificaciones que hagan a una síntesis que destrabe su aprobación, hay un pulso común entre los oferentes: la Carta Magna de Santa Fe no se banca más.
El verdadero peligro para el sueño reformista no se ubica ni en los plazos temporales ni en la Cámara de Diputados, sino más bien en ese Triángulo de las Bermudas donde proyectos audaces y construidos desde el consenso suelen encontrar el olvido: algún cajón de la Cámara de Senadores.
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