A poco más de 10 días para que los docentes de la provincia de Santa Fe empiecen a cobrar los salarios correspondientes al mes de septiembre, los gremios analizan diferentes estrategias judiciales para frenar la reforma jubilatoria, sancionada de manera polémica en la Legislatura.
Los equipos de abogados de los gremios de docentes públicos (Amsafé) y privados (Sadop) estudian qué tipo de presentación se realizará ante la Justicia para frenar la Ley 14.238, promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro y publicada en el Boletín Oficial el pasado viernes. Las posibilidades son presentar un amparo, o bien, un pedido de declaración de "inconstitucionalidad".
Según la nueva norma destinada a reducir "el millonario déficit previsional", en el marco de la emergencia dictada por dos años y prorrogable por otro más, rige un aporte solidario de pasivos y activos.
En el caso de los pasivos, ese aporte lo pagarán aquellos que perciban más de tres haberes mínimos y de modo ascendente. Además, se incrementa el aporte para los activos y hay un tope equivalente a 20 jubilaciones mínimas para los pasivos.
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Ante la prensa, el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, sostuvo que la ley establece que los jubilados docentes aporten un 2% más, de modo que "ya tienen una rebaja en el haber jubilatorio". Y apuntó: "Los activos docentes vamos a estar aportando, no el 14,5%, sino según los salarios que tengamos. Esto implica que hagamos más aportes los trabajadores activos y jubilados que estamos por debajo de la línea de la pobreza".
Mientras que Pedro Bayugar, de Sadop, dijo que “hay que desmitificar el déficit, debido a que representa el 0,5% del presupuesto provincial”. “Tienen que reclamarle a la Nación lo que tiene que aportar a la provincia porque eso le pertenece a todos los santafesinos y santafesinas”.
A su vez, lanzó más dardos contra los Gobiernos de Pullaro y Javier Milei: “Teniendo en cuenta el Pacto de Mayo y lo que viene sosteniendo desde la política nacional, es fácil inferir que van a hacer retroceder los derechos de los docentes pese a tener en la ley nacional que regula nuestro régimen jubilatorio", afirmó.
Reforma previsional: la oposición presentó una medida cautelar ante la Justicia para anular la ley
El bloque Somos Vida de la Cámara de Diputados, que lidera Amalia Granata, presentó el pasado jueves ante la Justicia una demanda para pedir la nulidad de la aprobación de la ley por “graves violaciones al reglamento” en medio de incidentes ocurridos frente a la Legislatura y la decisión de adelantar la votación en el recinto sin que haya concluido el debate previo.
Luego de la presentación, la legisladora Granata sostuvo: “Vinimos a pedir la nulidad de la votación de la ley de emergencia jubilatoria por graves violaciones al reglamento, con una medida cautelar que suspenda los efectos de la ley hasta tanto se resuelva el planteo judicial”.
Por su parte, el diputado Emiliano Peralta planteó: "La Legislatura no es una escribanía del gobernador de turno, siempre dijimos que somos una oposición constructiva, hemos acompañado todas las leyes que creímos convenientes para los santafesinos, pero no se puede gobernar solicitando emergencias y más emergencias, porque al costo lo paga el santafesino". En diálogo con medios locales, afirmó: "No escucharon nuestros planteos, presentamos opciones y cambios que consideramos, eran positivos para una reforma consensuada, pero no quisieron siquiera debatirlos".
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