Si bien en las últimas horas, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona había comunicado al Poder Judicial y al Ministerio Público de Santa Fe que tenían tan solo "cuatro días" para implementar el régimen de enjuiciamiento del Código Procesal Penal, ahora dio marcha atrás con la determinación y resolvió "diferir la operatividad práctica (...) hasta las 00:00 hs del día al 6 de mayo del 2024". Dicha disposición se da en el marco de la última ola de asesinatos vinculados a los grupos que dominan el narcotráfico en Rosario.
"Que luego de mantener sucesivas reuniones de trabajo en el distrito judicial correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, hemos advertido la necesidad de reforzar el apoyo institucional de los órganos que conforman el sistema de justicia federal, y de elaborar un plan de contingencia que posibilite la implementación inmediata del Código Procesal Penal Federal", manifestaron en un principio, en la resolución 63/2024, publicada el último jueves. A su vez indicaba que se disponía su inmediata vigencia desde el 18 de marzo.
Tras ello, Cúneo Libarona decidió postergar la implementación del régimen mencionado hasta principios de mayo e informó la resolución a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), el Consejo de la Magistratura de la Nación, la Cámara Federal de Casación Penal, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación, la Comisión Bicameral Permanente del Congreso y el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.
El Gobierno nacional de Javier Milei buscó mostrar actividad y sobreactuar decisiones ante la situación en Rosario. Primero anunció que enviaría a las Fuerzas Armadas -especialmente al Ejército- pero luego reconoció que no se desplegaría uniformados, sino que colaboran solo vehículos; luego, el titular de Justicia dio el ultimátum para implementar el régimen de enjuiciamiento -reformado en 2013 primero y luego en 2019- y también se dio marcha atrás, tan solo un día después.
Más allá de las disposiciones, cabe destacar, que en su resolución Cúneo Libarona no anunció más fondos para crear fiscalías -como requiere el nuevo modelo judicial, basado en un sistema acusatorio-. Hasta el momento solo se implementó, de manera defectuosa porque no se adaptaron las estructuras institucionales, en las provincias de Salta y Jujuy. Por ejemplo, uno de los principales cambios está relacionado con que el juez ya no es el responsable de las investigaciones, ni de autorizar o analizar medidas de pruebas; ese rol es cumplido por los fiscales (que ven multiplicadas sus tareas pero no sus fondos).
El texto oficial tampoco hace mención a la complejidad de la transición y la falta de fondos y reformas de fondos en sus considerandos. En cambio, apeló como justificación "el clamor social" y "la firme voluntad que nos transmitieron los funcionarios" locales.
Milei también quiere reformar el Código Penal
El Gobierno amplió esta semana por decreto la Comisión para la Reforma del Código Penal para incluir a otros jueces y abogados. Entre ellos se encuentra María Eugenia Capuchetti y Mariano Hernán Borinsky, dos jueces claves en la persecución a Cristina Kirchner y los beneficios de Mauricio Macri. Recientemente, Capuchetti sobreseyó a Macri, Germán Garavano y "Pepín" Rodríguez Simón en la causa "Mesa Judicial".
Además, incluyó en la Comisión María Valeria Onetto, Mercedes Rodríguez Goyena, Julio César Báez, Carlos Alberto Manfroni y Fernando Oscar Soto. Ellos se sumarán al propio Cúneo Libarona y a los doctores Jorge Eduardo Buompadre; Horacio Jaime Romero Villanueva; Julio César Báez; y Ricardo Ángel Basílico: todos actuarán en carácter ad honorem, según la resolución.
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