Rosario cambia su cúpula policial por octava vez en plena crisis de seguridad en la provincia

La provincia de Santa Fe se encuentra viviendo uno de los momentos más complejos de su historia reciente en lo que respecta a la seguridad pública. El jueves 21 de abril, el ministro encargado del área, Jorge Lagna, removió de su cargo al jefe de policía de Rosario, Natalio Marciani, tras verse relacionado en una denuncia por defraudación. Con él ya son ocho las personas que ocuparon la silla del titular de la fuerza de la Unidad Regional II de Santa Fe. En la cuna de la bandera, los jefes de policía tienen fecha de caducidad cada tres meses, evidenciando una crisis de la institución muy profunda que es sólo un elemento formativo, aunque crucial, de la situación cada vez más grave en materia de seguridad.

El excomisario Marciani fue removido de su cargo por el ministro Lagna tras una denuncia de la Jefa de Policía provincial Emilce Chimenti, lugarteniente del exministro y actual asesor de criminalidad nacional Marcelo Saín, realizada en un contexto cuanto menos curioso: Marciani le informa a Chimenti por medio de mensajes a su teléfono que se había enterado de un pedido de sobreprecios por parte del tesorero de la UR II, supuestamente en negociaciones con proveedores de la fuerza, y fue intimado por su superior a que formulara la denuncia correspondiente. Marciani alega que por “una cuestión de códigos” no puede hacerlo, y es denunciado por Chimenti. Dicha denuncia resultó en un allanamiento de la Unidad Regional donde se le secuestraron los teléfonos celulares tanto al exjefe de la policía rosarina como a su subalterna, Betina Governatori, y a dos funcionarios más de la UR II.

Desde la salida de Saín de la cartera de seguridad en marzo del año pasado, la interna dentro del Ministerio de seguridad ha sido descarnada: denuncias judiciales de la oposición en la legislatura tanto al exfuncionario como a los integrantes de su equipo de trabajo en diferentes dependencias, como Nadia Schujman (abogada de causas de lesa humanidad y militante de H.I.J.O.S.) a quien se la ha acusado de integrar una red de espionaje desde el Ministerio. A cinco meses de iniciada la causa, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jimenez no han presentado pruebas que sustenten la denuncia.

La inexistencia de vacíos

Recientemente, el Observatorio de Política Criminal, organismo dirigido por Larroude, publicó en el informe “Rosario: un sueño de paz” un dato que describe sin demasiadas vueltas el problema: la ciudad cuadriplica la media nacional de homicidios por cada 100 mil habitantes. Para el abogado, este problema multicausal tiene su origen, entre otras cuestiones, en la atomización de la policía. La fuerza del orden local no actúa de forma corporativa, sino más bien fraccionada, con sobradas pruebas de estar relacionada con múltiples bandas del narcotráfico. Es decir, la Policía se presenta en el territorio desorganizada y con un planteo individualizado, resultando en un vacío de poder. La Policía no tiene el monopolio de la fuerza, sino que ha otorgado este rol en comodato a las entidades delictivas, las cuales frente a los mismos efectivos policiales y a plena luz del día resuelven sus conflictos interpersonales y sus maniobras de coerción a partir de la violencia armada.

Pero el problema no se termina en los caudillos policiales y en “los que se cortan solos”, sino que va más allá. En las comisarías barriales, los propios efectivos dan cuenta de la falta de elementos de trabajo que estén en buen estado, desde chalecos vencidos hasta patrulleros en estado deplorable. Todo esto en una situación de salarios deplorables y cadetes con una formación escasa y escueta. Numerosos analistas encuentran el origen de este problema en el manejo de “la caja negra” de la Policía, con los cambios realizados por Hermes Binner en el 2007, en el primer gobierno socialista de la provincia. La desarticulación de la policía del poder ejecutivo dio origen a un desmanejo que modificó el modo de habitar el territorio, de relacionarse con la población y, por ende, con las bandas narcocriminales, las cuales a su vez aprovecharon el nuevo mercado de drogas que se generó en Rosario desde la década de los 90 en adelante.

Cambio de paradigma

Natalio Marciani es el noveno jefe de policía que pasa por la Unidad Regional II en dos años, pero no fue el único nombre importante en Seguridad que fue removido de su cargo en los últimos días. Jorge Bortolozzi es un especialista en seguridad pública con un amplio recorrido en la cartera de Seguridad desde antes de la llegada de Omar Perotti a la Casa Gris. Recorrido que terminó el pasado 27 de abril, tras un pedido de renuncia porque se supo que se encontraba de viaje en Centroamérica como delegado del Club de los Leones, mientras Rosario contaba 6 homicidios en tan solo una semana. Si bien el funcionario advirtió que todos los integrantes del gabinete estaban al tanto de su viaje y que se encontraba en constante comunicación con sus compañeros y subordinados ministeriales, su cabeza fue solicitada por todos los miembros de la oposición y por algunos silenciosos integrantes del oficialismo.

Los rumores de cambios próximos en la cartera de seguridad ya resonaban desde hacía días, pero lo que sorprendió no fue la velocidad del nombramiento sino el quiebre con una lógica de colocar cuadros técnicos en lugar de funcionarios originarios de las fuerzas del orden: esta vez, el cargo de secretario de Seguridad Pública fue ocupado por un referente de la gendarmería nacional, Claudio Brilloni, quien ya cumplía funciones como subsecretario de Prevención y Control Urbano de la provincia desde el año pasado.

Brilloni tiene 59 años, había sido Director General de Operaciones de Gendarmería Nacional y trabajó como coordinador del trabajo con la policía durante la gestión de Patricia Bullrich a nivel nacional, llegando a ser el encargado del operativo de búsqueda y captura de los hermanos Martín y Cristian Lanatta junto con Víctor Schillaci, los tres condenados a perpetua por el triple crimen de General Rodríguez en 2008. De hecho, su nombramiento en el ejecutivo santafecino en el 2021 fue celebrado por la actual presidenta del PRO: “Déjenlo actuar: denle instrumentos, poder de mando sobre la policía, capacidad operativa y ayuda del Estado Nacional”, twitteó la exministra de seguridad de Macri.

Las desgracias vienen de a tres

Las balas vuelan y los fiscales de la provincia se ven desbordados de trabajo. En ese sentido, el fiscal general, Jorge Baclini, afirmó a El Destape que “no alcanzan los recursos humanos para hacer frente a esta situación” debido a la escalada de la violencia. Mientras tanto, los Ministerios de Seguridad y Justicia esperan con ansias la firma del decreto que le dé forma a una Agencia especial de formación y capacitación policial dedicada a la investigación del crimen organizado. La misma sería formada a partir de un convenio con el FBI, la DEA y la policía del estado norteamericano de Virginia.

Según el propio ministro Lagna, este organismo de investigación se conformará a partir del reclutamiento de personal especializado y de capacitaciones brindadas por agencias internacionales. “Se trata de un nuevo grupo de élite que estará abocado a las causas más complicadas de narcodelito y delito económico” afirmó el ministro. En lo  que va del año, se realizaron dos contactos formales con la Embajada de los Estados Unidos: el primero el 24 de febrero de este año, y el segundo el pasado 26 de abril en la sede de gobierno provincial en Rosario, con la presencia de una nutrida delegación de representantes norteamericanos.

El primer contacto con las autoridades estadounidenses fue anunciado por el propio gobernador Omar Perotti, quien a partir de esa reunión a principios de año afirmó que “se avanzó en la cooperación y capacitación vinculada a los temas de seguridad y, en particular, con la policía del Estado de Virginia” y sostuvo que esta relación es uno de los elementos “centrales” que le interesa materializar de esa reunión.

Por el momento, no se trata más que de palabras y declaraciones en off, ya que no existen mayores datos. En este marco, la provincia de Santa Fe busca fortalecerse en materia de seguridad a como dé lugar y ha cambiado su estrategia: colocar a un gendarme de amplio pliego en un lugar estratégico de la cartera y estrecha lazos con la agencia antidrogas norteamericana, aunque sigue sin dar pie con bola en el cuerpo policial.