La polémica ley de ART que Perotti está por promulgar: de qué trata

Luego de tres largos años de discusión parlamentaria, la provincia de Santa Fe sancionó la adhesión a la polémica Ley Nacional de Riesgos de Trabajo (Nº 27.348) aprobada durante la gestión de Mauricio Macri. Tras la luz verde, ocurrida hace tres semanas, los empresarios esperan ahora con ansias la firma del gobernador Omar Perotti a la promulgación de la norma. Vendida por el oficialismo como una ley que agilizará los tiempos, descomprimirá el fuero laboral y bajará los costos para el sector productivo, la ley dejó un tendal de heridos en el propio campo que la acusaron de ir en contra de los derechos de los trabajadores. Si bien trascendió que el mandatario podría hacer modificaciones, desde su entorno desmintieron esta versión y aseguraron que en pocos días estará vigente.

Desde un principio, la propuesta despertó posiciones a favor y en contra dentro del mismo justicialismo. Sin embargo, las espadas de Perotti lograron que reciba el visto bueno primero en Senadores, donde hubo tratamiento express, y luego en Diputados, que la devolvió con pequeños cambios a la cámara de origen para su sanción definitiva. La iniciativa generó tal parteaguas que se dio una situación insólita: aunque el impulsor era el Ejecutivo provincial, ningún peronista la votó a favor en la Cámara baja. Hubo 27 votos positivos, 8 en contra y 9 abstenciones. Perotti necesitó del Frente Progresista que comanda Miguel Lifschitz para que el texto avance. 

De los 6 diputados del PJ, se abstuvieron Leandro Busatto, Ricardo Olivera y Luis Rubeo, y votaron negativamente Lucila De Ponti (la había votado en contra como diputada nacional), Paola Bravo y Matilde Bruera. La izquierda, como también algunos elementos radicales y del socialismo, también la rechazaron, pero el gobernador logró sumar al Frente Progresista (que ya la había enviado en la anterior gestión), Juntos por el Cambio (principales impulsores durante la era Macri) y legisladores de Somos Vida y Familia, la fuerza pañuelo celeste que supo liderar Amalia Granata, para conformar la mayoría. 

Medio arco

Las disidencias también se mostraron en el sector de los trabajadores, donde hubo un fuerte rechazo de gran parte del arco sindical, encabezado por La Bancaria, Aceiteros, Dragado y Balizamiento, Luz y Fuerza, Municipales, Amsafe, Sadop, ATE y los profesionales de la salud del Siprus. Sin embargo, un número importante de gremios de tradición "dura" manifestó su apoyo a la ley, entre los que se contaban la UOM, Smata, la UOCRA, UATRE, Sindicato de la Carne, los portuarios del SUPA y Camioneros. Las presiones del sector empresario, en especial del industrial, tanto a Perotti como a Lifschitz, no fueron para nada veladas, pero ambos siempre estuvieron de acuerdo. 

Ante una situación de accidente o enfermedad laboral, la ley reemplaza la instancia judicial por una administrativa de 13 comisiones médicas que estarán desperdigadas por toda la provincia. Estas delegaciones serán las encargadas de analizar el estado del trabajador y tomar las decisiones en cuanto a indemnizaciones y declaraciones de incapacidad. Además de algunos sindicatos, la adhesión fue muy resistida por abogados laboralistas y los colegios de abogados, para quienes implica un retroceso en materia de derechos laborales. Sin embargo, y ante un gran trabajo de persuasión de algunos actores del oficialismo, logró el consenso de los gremios más grandes del sector privado.

De esta forma, la provincia se sumó al grupo de 15 distritos que ya hicieron propia la norma nacional. Santa Fe, junto a CABA y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, explican el 85% de la litigiosidad laboral del país y el 76% de los siniestros en base a datos de 2019. Esta fue la segunda vez que se trató la adhesión a la normativa nacional, sancionada en febrero de 2017 por impulso del macrismo y con el voto de Perotti como senador. La primera media sanción del Senado, a mediados de 2019 y propiciada por Lifschitz, naufragó luego en Diputados. Finalmente, este año el rafaelino remitió un nuevo proyecto a la Legislatura, traccionado ahora por la gestión de Alberto Fernández y su ministro de Trabajo Claudio Moroni.

Fuertes críticas en contra

Si bien en el oficialismo daban por descontado que habría rechazos entre los diputados propios, nadie esperaba la cantidad de fuego amigo que llegó desde una de las legisladoras. Matilde Bruera, del sector de María Eugenia Bielsa, le entró al proyecto a la rodilla, al calificarlo de "extorsivo". "El efecto suspensivo que se introdujo indica que si el trabajador no acepta lo que le reconoce la comisión médica, si es que lo hace, no puede cobrar y luego litigar por la diferencia", detalló a El Destape, lo que provoca que el denunciante perciba el dinero recién luego de 4 o 5 años cuando termine el juicio. 

En ese sentido, apuntó que "los números dicen que las comisiones solo están reconociendo 2 o 3 de cada 100 reclamos", lo que a su entender representa "mandar a los obreros a perder su derecho a la salud". Para la abogada, el proyecto encarna "lo que quieren las ART para bajar los costos. La ART es una empresa de seguros, que quiere ganar más atendiendo la menor cantidad de siniestros. La salud de los trabajadores es un derecho fundamental, y el Estado no puede librarlo a las reglas del mercado", subrayó.

Además, aclaró que "no es cierto que Santa Fe tenga los mayores índices de litigiosidad", y lo relacionó además "con los incumplimientos de las ART para prevenir los siniestros". Bruera explicó que "bajar la litigiosidad es muy sencillo", e implica "cumplir con las leyes laborales". "Para prevenir los accidentes y enfermedades laborales, hay que cubrirlas como corresponde cuando hay un trabajador enfermo o accidentado. Ya que si se cumplen las leyes, ningún trabajador tiene nada que reclamar", expresó.

Sin cambios

Como el proyecto se comunicó sobre el final de la semana pasada, y tiene 10 días para la promulgación, se espera que Perotti la firme en los próximos días. En los últimos días, hubo rumores de pasillo que afirmaban que la Casa Gris haría una revisión palmo a palmo de la ley y que no se descartaba alguna observación del gobernador, que no estaría de acuerdo con algunas de las modificaciones realizadas durante la negociación para su sanción.

Sin embargo, desde el propio Ministerio de Trabajo, uno de los bastiones de defensa del proyecto de ley, descartaron de plano esta hipótesis. "No hay ningún registro de un cuestionamiento. No se habló nada de esto con Perotti. En su momento se pidió en la Legislatura cambiar el efecto del recurso, y ese cambio quedó en el proyecto final", dijo a El Destape una alta fuente de la cartera laboral. La referencia es a la modificación que implica que el trabajador que apela la decisión de la comisión médica ya no puede cobrar inmediatamente y seguir pleiteando, si no que tiene que ir a la Justicia y esperar que se resuelva el caso para que se ordene el pago, muy criticada por los opositores a la norma como Bruera. 

Otro de los cambios, pedido por Camioneros, fue el establecimiento de un observatorio de control de las comisiones, que ofició de moneda de cambio con el sindicalismo pero no tendrá influencia directa en el trámite. "Esto es lo único serio, después opinólogos hay millones, y algún que otro disconforme siempre queda", subrayó en off el interlocutor, en referencia a las críticas que llegaron incluso desde el propio peronismo. "Todo lo que se laburó para que exista la ley, si lo mandás de vuelta a la Legislatura con modificaciones, se tiene que volver a hacer", cerró, para descartar cualquier posibilidad de cambio.