Mientras alrededor de 200 dirigentes y militantes gremiales se manifestaban en las afueras de Tribunales, los cinco gremialistas detenidos por los disturbios en Legislatura ocurridos durante la sesión en donde se aprobó de manera polémica la reforma jubilatoria fueron formalmente imputados este jueves en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
La imputación estuvo a cargo de las fiscales Yanina Tolosa y Laura Urquiza, quienes les atribuyeron los delitos de perturbación de una sesión legislativa y daños agravados. Además, a uno de ellos se le imputó de manera particular por el hecho de haber tenido en su poder un arma de fuego sin debida autorización.
En un contexto de máxima tensión y violencia en las inmediaciones del Congreso, la Cámara de Diputados aprobó a mano alzada la Ley 14.283 en septiembre. Hubo cruces entre los protestantes y la Policía, que reprimió con gases y palos el intento de acceso al edificio. Los agentes de seguridad tapiaron las puertas con maderas y hasta una barra de hierro. Los manifestantes iniciaron algunos focos de incendio y arrojaron piedras y botellas a los efectivos.
A más de un mes de la aprobación de los cambios en el sistema jubilatorio provincial, desde la Seccional de ATE Rosario se informó que en los operativos policiales realizados el miércoles por la mañana detuvieron a cinco personas: Maximiliano Molina de la Federación Nacional Territorial (Fenat) y la Central de Trabajadores Autónoma (CTAA) de Rosario, Román González, Franco Casassola y Diego del Castillo de Curbelo, dirigentes de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), sindicato de profesores y maestros de la provincia, y Daniel Vázquez, un quinto manifestante sin afiliación sindical identificada.
En un primer momento, se imputó a cuatro de los cinco detenidos, ya que uno de ellos no contaba con su abogado defensor en la sala en el momento que comenzó la audiencia. Según explicó el periodista Ignacio Mendoza en el medio AIRE de Santa Fe, los imputados transitarán la causa en libertad, aunque deberán presentarse cada 30 días en el Ministerio Público de la Acusación, fijar domicilio en la provincia de Santa Fe y tendrán prohibido acercarse a menos de 300 metros a la Legislatura.
Santa Fe: docentes del sector público se movilizaron contra las detenciones de Pullaro
En un contexto de máxima tensión y violencia, Diputados aprobó a fines de agosto una serie de reformas al sistema previsional, lo que propició el avasallamiento de derechos de los trabajadores y jubilados. Hubo cruces entre los protestantes y la Policía, que reprimió con gases y palos el intento de acceso al edificio. Los agentes de seguridad tapiaron las puertas con maderas y hasta una barra de hierro. Los manifestantes iniciaron algunos focos de incendio y arrojaron piedras y botellas a los efectivos.
Un mes después, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció una serie de allanamientos y detenciones ilegales ordenados por el gobernador Pullaro. Como consecuencia, los docentes nucleados en Amsafé realizaron este jueves un paro en el departamento Rosario. El miércoles por la tarde ya hubo una desobligación para movilizarse a la plaza San Martín y reclamar frente a la sede de Gobernación.
“El accionar del gobernador es gravísimo. Está actuando al margen de la ley. Desde ATE repudiamos los allanamientos y las detenciones ilegales y exigimos la inmediata liberación de todos los trabajadores. Pullaro ha iniciado un proceso de criminalización de la protesta sin precedentes para la provincia”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
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Tras la audiencia y la imputación, las fiscales Tolosa y Urquiza rechazaron las acusaciones de avallasamiento a los derechos de los manifestantes. "Por supuesto que defendemos la legalidad. No tenemos conocimiento alguno de que haya hecho algún exceso violento en los procedimientos. Además, al momento de ser consultadas por la señora jueza, si iban a realizar un planteo acerca de la legalidad de la detención, no hubo ningún planteo formal más allá de la queja", sostuvo Urquiza.
Por otra parte, la funcionaria judicial explicó que "la causa continúa" y que "hay más manifestantes involucrados" a los que se está tratando de identificar. "Pudimos determinar al menos sus rostros, características y fisonomías para que las personas puedan ser cotejadas. También se procederá de acuerdo a lo que la investigación requiera en ese momento", indicó.
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