Los puertos de Rosario viven un conflicto que escala en su nivel de aspereza desde hace semanas. Ayer, tras una extensa reunión celebrada con la mediación de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, volvió a fracasar un posible acuerdo entre el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) y la patronal que dirige la Terminal Puerto Rosario (TPR). “La empresa pone como condición que firmemos un acta donde permitimos el despido de los compañeros”, explicó el secretario general del gremio, César Aybar, sobre la falta de resolución. La empresa pretende dejar afuera a cinco de los 25 trabajadores despedidos.
En diálogo con El Destape, el gremialista sostuvo que el planteo de la empresa era "devolver los sueldos descontados y pagar los que no habían sido abonados", además de "dar una paritaria del 95%" aunque advirtió sobre un pedido que rechazaron: "Querían que firmemos un acta que permita el despido de cinco compañeros". Sobre eso, expresó: "Obviamente desde el sindicato esto se rechazó, el Ministerio de Trabajo tampoco aceptó (la propuesta)". Y en esa línea, agregó: “Ningún dirigente va a firmar un acuerdo donde la gente se quede sin trabajo. Concesionan la paritaria al despido de personal, estamos hablando de 660 trabajadores. No puedo acordar una recomposición salarial cuando los compañeros están en la calle”.
Ante este panorama, el gremio dispuso seguir con el paro. Según supo El Destape, este viernes marcharán a la casa de gobierno de Santa Fe en la ciudad de Rosario "para informar de la situación actual de los trabajadores portuarios despedidos”. De la marcha participarán las familias de cada trabajador cesanteado, junto con sus compañeros del sindicato. La cartera de Trabajo intentará nuevamente un llamado a la concordia el próximo miércoles en una reunión donde las partes volverán a encontrarse.
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Consultado por la situación de la patronal y las condiciones exigidas, Aybar advirtió que el objetivo de TPR es “que saltemos y generemos un conflicto laboral y social para así culparnos de la crisis”, pero que la verdadera intención del directorio “es presionar al gobierno provincial para que invierta el dinero que ellos no quieren invertir en los muelles o que, a cambio de hacer las inversiones que ellos están obligados por contrato a hacer, les extiendan varias décadas la concesión”.
Terminal Puerto Rosario ostenta la concesión de las terminales I y II del puerto de Rosario y, al día de hoy, le deben 140 millones de pesos en concepto canon por explotación al Ente Administrador del Puerto (Enapro). “La concesión de TPR culmina en nueve años, pero que están pretendiendo quedarse cincuenta años más”, dijo Aybar. Según el gremialista, el desesperado interés por mantenerse con el control de las terminales nace a partir de que “el negocio siempre ha sido muy rentable”. Según los últimos registros de facturación presentados por TPR, el puerto facturó $3.454 millones en el año 2020, mientras que en 2021 facturó $3.745 millones, ganando el puesto de la quinta terminal portuaria que más facturó en este ciclo.
“Lo que pasa es que se tienen que quedar por varios años más sin invertir un solo peso”, sentenció Aybar, y denunció que el directorio busca que sean los estados nacional y provincial quienes financien las obras de infraestructura que necesita la terminal portuaria: “Quieren que la sociedad argentina y la sociedad santafesina paguen las obras de infraestructura que le corresponde directamente al concesionario hacerlo”.
Un conflicto de larga data
Si bien los estibadores de la Terminal Puerto Rosario se encuentran en una situación de lucha sindical que ha escalado a lo largo del último mes desde el decreto de paro por tiempo indeterminado el pasado 14 de diciembre, las tensiones tuvieron sus comienzos a mediados de abril.
La dirección de TPR incumplió con los convenios paritarios y despidió a parte del personal como condición de volver a las negociaciones salariales en agosto. Llegado diciembre, el escenario se repitió: en total, son 800 trabajadores los que están en la calle por orden del hombre fuerte de la dirección de TPR, Gustavo Nardelli, titular del grupo Vicentin. Además de llevar el aumento del salario de un 60% acumulado anual al 100%, el gremio exige que la empresa deponga su actitud: denuncian que además de despedir trabajadores, la compañía no regulariza los aportes jubilatorios y exige aumentar la jornada laboral de 6 a 8 horas.
Aybar entiende que se intenta imponer una reforma laboral “encubierta”, donde se busca disciplinar a los trabajadores. “Esto ha dejado de ser un conflicto y es un enfrentamiento político”, dijo a El Destape y apuntó que se trata de "un grupo empresario que busca presionar al gobierno provincial para poder sostener la concesión del puerto". Asimismo, aseguró que “no quieren poner ni un peso” en las obras de infraestructura, de las cuales debería haberse hecho cargo el concesionario y, por dicha infracción, está en la mira del Enapro, el cual decide si sostiene o se le retira la concesión del puerto público.
Por último, profundizó sus dichos: “Lo que está planteando el grupo Vicentin es un conflicto político que se lo está planteando violentamente al gobierno nacional y el gobierno provincial porque lo que pretenden es quedarse con el puerto durante otros 32 años más, que es lo que dura la concesión". Por ahora, lo único cierto es que la incertidumbre de los estibadores por sus puestos de trabajo se estirará hasta después de Navidad.
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