Las tensiones entre los empleados públicos de diferentes ámbitos y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se profundizaron luego de la escandalosa sanción de la reforma previsional en la Legislatura provincial. Frente a la creciente preocupación, el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, recibirá a trabajadores del Poder Judicial el próximo sábado para escuchar sus demandas.
El sector pide por la firma de un centenar de decretos que implican ascensos, promociones y designaciones de unos 400 agentes. Para llegar a tales nombramientos se deben superar instancias de exámenes pero que tienen un vencimiento. Cuando dicho plazo opera, los agentes deben volver a rendir, y esa es otra de las situaciones que se denuncian.
A principios de septiembre, más de cincuenta reclamos administrativos de empleados del Poder Judicial fueron presentados ante la Mesa de Entrada de la Casa de Gobierno, y se esperaba que la lista se ampliara en las semanas posteriores, según precisó El Litoral.
Las modificaciones del sistema jubilatorio prendieron las alertas. Pullaro promulgó y publicó la Ley 14.238 en el Boletín Oficial provincial el pasado viernes 13 de septiembre. La nueva herramienta vulnera los derechos de los trabajadores y jubilados con la justificación de sanear "el déficit" de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
En el marco de la emergencia dictada por dos años y prorrogable por otro más, la nueva norma establecerá un aporte solidario de pasivos y activos. En el caso de los pasivos, ese aporte lo pagarán aquellos que perciban más de tres haberes mínimos y de modo ascendente. A su vez, se incrementa el aporte para los activos y hay un tope equivalente a 20 jubilaciones mínimas para los pasivos.
La confirmación del encuentro formal entre el Ejecutivo y los trabajadores (no jueces ni magistrados) del Poder Judicial se conoció a pocas horas de una noticia que fue bien recibida por el Gobierno santafesino: la jueza María Angélica Gastaldi anunció que dejará su lugar en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y se jubilará a partir del 1 de abril de 2025.
Santa Fe: la oposición judicializará la reforma que Pullaro consiguió con represión
Tras la represión de la Policía y la sanción exprés de la reforma impulsada por el mandatario provincial, parte de la oposición tomó cartas en asunto. El bloque Somos Vida adelantó que judicializará la ley sancionada bajo el argumento de que, al alterarse el orden de la votación en la sesión de ayer en Diputados, la reforma debía ser aprobada por dos tercios de los votos, y no por mayoría simple como ocurrió.
El diputado Emiliano Peralta, integrante del bloque que preside la exmodelo y panelista Amalia Granata, confirmó que van a "analizar cuál es el fuero correspondiente y se basará en un pedido de nulidad de la sesión".
Peralta agregó que la aprobación de la reforma jubilatoria en la Cámara baja provincial “es un acto administrativo con vicio procedimental y se puede estar incurriendo en abuso de autoridad”, debido a que el diputado socialista Pablo Farías dijo que "se cerraba el debate, se votaba y luego se seguía el debate. Eso es alterar el orden porque el orden natural es debatir y luego la votación", explicó al medio Aire de Santa Fe.
Al ser consultado sobre si la denuncia del bloque Somos Vida sería acompañada por otros bloques parlamentarios, Peralta dejó abierta la posibilidad de que otros legisladores se presenten como testigos.
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