E.M.V., con 28 años, era parte de una de las oficinas más importantes de la provincia sanjuanina, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Trabajaba en el área Adjudicaciones y, según fue denunciado, aprovechaba su “chapa” para engañar a decenas de sanjuaninos. Les hizo creer que podía entregarles casas del Estado, que son construidas con dinero de San Juan y con apoyo del Gobierno Nacional, con una suma de dinero considerable: hasta $300.000 por cabeza.
Jugando con la ilusión de muchos sanjuaninos de poder conseguir su casa propia, el acusado y ahora detenido habría aprovechado para perpetrar una estafa millonaria. Decía que él tenía el poder para beneficiarlos con la adjudicación que brinda el IPV para los próximos barrios que se construirán según lo dispuesto y anunciado por el propio gobernador Sergio Uñac.
Sin embargo, el IPV trabaja con un sistema de adjudicaciones por sistema que no es posible manipular. Además, desde hace años la provincia realiza este tipo de adjudicaciones por sorteos que son previamente notificados a la población, y lo hace con la intervención de la Caja de Acción Social, con transmisión en vivo. Esto quiere decir que ningún empleado tiene la posibilidad de adjudicar ninguna vivienda.
Desde la gobernación, aclararon a El Destape que “ninguna casa del IPV ha sido adjudicada mediante mecanismos de fraude”. Es decir que no se ha registrado faltante en las viviendas, pero sí hubo al menos 30 denuncias por parte de particulares alertando sobre este fraude “de palabra” y con posible documentación apócrifa.
Hasta el momento hay 18 registros de damnificados que realizaron la denuncia policial, cuyo expediente fue acreditado ante la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, a la orden de Francisco Micheltorena. El fiscal le confió a El Destape que serían más de 30 los estafados, por lo cual el fraude podría superar los $9 millones. Según los testimonios, hubo varios importes entregados al sujeto, pero todavía no se puede determinar cuántos fueron los perjudicados porque se siguen recibiendo denuncias.
Para tener evidencia precisa del monto de la estafa, la jueza Celia Maldonado solicitará un informe al Banco Central sobre los movimientos de todas las cuentas del acusado, y también pedirá que se congelen sus movimientos bancarios. También, entre las disposiciones judiciales que se pronunciaron en la audiencia de control de detención, este sábado, se investigará a su entorno familiar para saber si hubo algún involucrado en la estafa. El plazo de investigación para recabar las pruebas previas al juicio será de un año.
El empleado habría ofrecido la adjudicación de casas que ya fueron entregadas en octubre pasado, en Rawson. Por esta razón, desde el Ministerio de Infraestructura pidieron a los sanjuaninos que no cayeran en los engaños de personas que prometen adjudicaciones porque no son viables.
“Es importante aclarar que la persona prometía el acceso a viviendas, pero que no fueron viviendas adjudicadas”, aclaró a este medio, la subdirectora del IPV, Daniela Cangialosi. También solicitó que, ante cualquier irregularidad, hagan la denuncia para luego acompañar a los damnificados para que se haga justicia. El IPV no tiene gestores y tampoco vende “carpetas” a particulares. Esta modalidad de venta irregular se ha dado en muchas oportunidades sobre todo por operaciones gestionadas a viva voz por redes sociales y páginas web de compra venta.
“En ningún caso se realizan pagos en efectivos, sino que todas las operaciones son bancarias, a través de cuentas autorizadas por la provincia de San Juan, no de particulares y menos de empleados”, destacó la funcionaria
Cuando se tomó conocimiento que un grupo considerable de personas habían entregado el dinero en efectivo al empleado, el director del IPV acompañó a los perjudicados con una denuncia formal en Fiscalía. El imputado no trabaja en la dirección desde septiembre ya que fue desvinculado de su puesto ante las sospechas que cayeron en su contra. Las personas que se acercaron para plantear la situación lo hicieron sabiendo que podría ser una situación irregular y por eso, fue un proceso largo de investigación previa hasta dar con el supuesto responsable.
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