El ministerio de Salud bonaerense realizó un primer informe de gestión de enero a junio de 2020 en el que detalla cómo fue el trabajo para llevar adelante el protocolo nacional de Interrupción Legal de Embarazo (ILE). La herramienta funcionó como paliativo a la espera de la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que ya se aprobó.
Para ello el Ejecutivo provincial realizó un “sistema de gestión de la información y monitoreo que permitiera documentar las características de las prácticas de ILE y uso de misoprostol, la distribución de insumos, la identificación de efectores que realizan ILE, las acciones de capacitaciones y sensibilizaciones realizadas, y la información de las solicitudes de acceso a servicios de la línea 0800 Salud Sexual y su resolución”.
De esta forma, durante los primeros seis meses del 2020, “del total de interrupciones legales de embarazo registradas, el 57% se realizaron en el primer nivel de atención, en su mayoría en Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS); mientras que el 40% en el segundo nivel, principalmente en hospitales provinciales”.
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Otro dato relevante es la edad gestacional que cursan las personas que solicitaron la práctica de ILE, tanto referida a la primera consulta como al momento de la resolución. El 88% de las personas llegan a la primera consulta durante el primer trimestre de embarazo.
Por otra parte, se registraron entre enero y junio del año 2020 un total de 5.028 abortos. El informe detalla que “este dato no es el reflejo de todas las ILE que se realizaron en la Provincia, sino una construcción posible del proceso de registro desencadenado, que permiten realizar una primera caracterización y problematización de las prácticas en el territorio”.
Hubo 35 abortos espontáneos y solo 20 tuvieron una atención post aborto. Un 10%, es decir 528 casos, no registra datos, lo que “motiva a seguir trabajando con los equipos el registro de la información”, indica el informe.
Por otra parte y en referencia a la edad de las mujeres, casi el 56% corresponde al rango etario de 19 a 28 años. El 8% son menores de 19 años, 12 niñas entre 9 a 13 años y 236 adolescentes entre 14 y 18 años. En relación a los causales del por qué se realiza una interrupción legal del embarazo, el 26% de las prácticas no posee datos. De los 3.715 casos válidos el 97% corresponde a causal salud integral y un 3% a violaciones, no registrando ningún caso el causal riesgo a la vida de la persona gestante.
El funcionamiento de asistencia del 0800 de la Provincia
La provincia de Buenos Aires posee la línea gratuita y confidencial 0800-222-3444 tiene como objetivo recibir consultas vinculadas a atención de servicios de salud sexual, reproductiva y no reproductiva. En promedio el 90% fue por consultas sobre la ILE.
El gráfico remarca dos saltos significativos: en el segundo semestre de 2018, donde a partir del debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se duplicaron las secuencias. En el primer semestre del corriente, se vuelven a duplicar, entre otros motivos, producto del inicio de la pandemia y el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Ello generó “la imposibilidad de las colectivas feministas que acompañan abortos, de circular sin restricciones por el territorio”.
El camino por desandar
Desde el gobierno bonaerense manifestaron que “la educación sexual, la disponibilidad de métodos anticonceptivos, la anticoncepción post-evento obstétrico, la prevención de embarazos no intencionales en la adolescencia, la salud menstrual y la inclusión de los varones forman parte del abordaje integral de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva”.
A partir de la legalización del aborto, a través de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) publicada en el Boletín Oficial, el avance será mayor. La presencia del Estado en el sistema sanitario contará con una nueva herramienta fundamental y necesaria como era la promulgación de la práctica.
La norma nacional pone el eje en el deseo de la paciente. El abordaje en materia sanitaria será desde el deseo de la persona, no antepone ningún juicio de valor, sino que cambia el modelo de atención sanitario.