Rosario: frente al vencimiento de la concesión de peajes, trabajadores "en alerta" ante posibles despidos

Luego de que el gobierno de Javier Milei oficializara los cambios en la Ley de Tránsito, entre los que se encuentra la obligatoriedad de la licencia de conducir digital y la apertura de las revisiones técnicas obligatorias (VTV), sectores de la provincia de Santa Fe se manifestaron en contra de la batería de modificaciones y también aseguraron que se encuentran "en alerta" por el vencimiento de la concesión de los peajes que pone en riesgo unos 500 puestos laborales en la estación del puente Rosario-Victoria y en la Ruta Nacional N°14.

Las modificaciones fueron confirmadas este martes a través del Decreto 196/2025, publicado en el Boletín Oficial y lleva la firma del presidente Milei conjuntamente con autoridades del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Estos cambios fueron parte de la versión original de la Ley Bases que el Gobierno presentó en el Congreso para que luego se quitaran de la legislación para llegar a su aprobación.

Si bien cada provincia tiene la facultad de adherir total o parcialmente al decreto o bien no hacerlo, según lo que considere más conveniente, por lo cual habrá que aguardar para conocer lo que decide Santa Fe en relación a, por ejemplo, los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de los vehículos y en la implementación del cobro de peaje automático. Es diferente lo que sucede con el vencimiento de la concesión de las rutas y el cobro de peajes, ya que esa posibilidad no está vinculada con el decreto del Ejecutivo ni con la Ley de Tránsito.

Desde el Sindicato Único de Trabajadores Viales y Afines de Santa Fe (Sutracovi), su secretario general, Leandro Bond, anunció que decidieron lanzar un plan de lucha ante la inminente finalización de la concesión del peaje del puente Rosario-Victoria, prevista para el 8 de abril.

“Va a haber 500 familias sin trabajo. Los pliegos de concesión terminan el 8 de abril y no estipula la continuidad de los trabajadores. No está esa cláusula y la empresa nos dijo que no va a tener las indemnizaciones”, advirtió este miércoles en diálogo con Cada Día (El Tres).

Son trabajadores de la estación de peaje “Isla La Deseada” en la ruta nacional 174 y también de la ruta nacional 14 que va desde Zárate hasta Paso de los Libres, en Entre Ríos y Corrientes. Actualmente, la concesión le pertenece a la empresa Caminos Río de Uruguay (Crusa). 

Según informó Sutracovi, la Dirección Nacional de Vialidad (DNA) estableció que, una vez terminado el contrato, “los servicios viales continuarán sin cobro de peaje” y advirtió que “no está facultada para absorber al personal de Crusa ni garantizar la continuidad laboral, ya que la licitación vigente no contempla ningún mecanismo al respecto”.

Frente a la incertidumbre y a los puestos de trabajo en riesgo, el gremio le pide a Nación que “ordene una prórroga transitoria de la concesión actual, tal como se ha hecho en otros casos, y diseñe una ingeniería contractual que permita el traspaso del personal al nuevo concesionario”.

Ley de Tránsito: Santa Fe rechaza los cambios del Gobierno en la RTO

El decreto 196/2025 también establece una serie de cambios en el Sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de vehículos que fueron cuestionados por la Cámara de Centros de Inspección Vehicular (CCIV) porque, según argumentaron, no tienen “un fundamento técnico sólido y compromete la calidad e independencia del sistema de control vehicular en el país”.

Consideran que las medidas adoptadas “son arbitrarias y carecen de la justificación necesaria para alargar los plazos de la RTO, lo que podría poner en riesgo la seguridad vial”, según advirtieron en un comunicado. 

La desregulación de la RTO que propone el gobierno de Milei, a través del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenneger, establece la extensión de los plazos entre revisiones. Sin embargo, la CCIV sostuvo que que “no está respaldada por datos técnicos que justifiquen” la medida y expresó que “la seguridad vial debe basarse en criterios técnicos y no en decisiones arbitrarias que puedan poner en peligro la seguridad de los ciudadanos”.

Por otro lado, aunque el decreto traslada las facultades de la RTO en relación con las provincias, puntualizaron que centraliza únicamente la gestión de la información a nivel de registro. “Esto puede generar incoherencias en el sistema de inspección vehicular, al depender de la capacidad de cada provincia para gestionar y aplicar las normativas de manera uniforme”, sostuvieron.