La Confederación General del Trabajo (CGT) cuestionó el plan del Ejecutivo nacional para frenar la violencia de las organizaciones criminales y narcotraficantes en Rosario. "No es con declamaciones oportunistas para la ocasión, ni con sobreactuaciones, ni puestas en escena", sostuvieron en un duro comunicado en el que exigieron una "respuesta organizada, responsable y eficaz del Estado", además de un "abordaje integral" de cara a los últimos hechos que paralizaron a la ciudad.
Los planes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fueron dados a conocer hace dos días y constan de una serie de medidas judiciales excepcionales, proyectos legislativos -"antiterroristas" y "antibandas" inspiradas en el modelo represivo de Nayib Bukele, en El Salvador- y operativos de saturación con fuerzas federales -que ya llegaron a la provincia- para responder a lo que calificó como una nueva categoría de acción de los grupos narcos en Rosario: el "narcoterrorismo", en medio de reclamos por parte de los detenidos por mejores condiciones y una ola de violencia que en pocos días dejó cuatro víctimas fatales.
"Los desgraciados sucesos violentos que se vienen produciendo desde hace décadas con epicentro en la ciudad de Rosario, pero con manifestaciones en otros lugares de la provincia y del país, derivados del accionar de organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico y delitos diversos del crimen organizado, dejando el luctuoso balance de centenares de homicidios por año, exigen una respuesta organizada, responsable y eficaz del Estado nacional —en tanto referimos a su competencia de intervención en delitos federales y en la fiscalización de puertos, aeropuertos y rutas nacionales— y de los estados provinciales, como responsables de los organismos de seguridad en sus distritos", sostiene el comunicado de la CGT.
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En esa línea, apuntaron contra el Gobierno y catalogaron las medidas anunciadas como "declaraciones oportunistas", "sobreactuación" y "puestas en escena" en este contexto en el que en realidad lo que se precisa es "utilización y acción organizada, inteligente y sostenida de los recursos y herramientas jurídicas, materiales y humanas que los estados tienen legalmente a disposición, que se puede comenzar a transitar un camino de respuestas eficientes", indicaron.
Para el caso, señalaron que lo que se exige para esta problemática es "un abordaje integral y sistémico" de la situación, que no sólo trata de garantizar la seguridad en la vía pública y en cada uno de los hogares, sino "intervención y control" sobre diversos aspectos. En ese punto, plantearon mayor intervención estatal, algo que el Gobierno de Javier Milei se niega a llevar a cabo: contención social, económica y educativa de los sectores más vulnerables; el cuidado de la salud pública en materia de prevención de adicciones y en atención post traumática de la grave saga de víctimas con secuelas físicas, psicológicas y emocionales, son algunas de las enumeraciones que hicieron.
También hicieron alusión a la necesidad de mejorar "aquellos estamentos de orden público involucrados que deben formar parte de la solución y han mostrado a lo largo de todo este tiempo falencias, en algunos casos de extrema gravedad; a saber: la profesionalidad y aptitud de la estructura y personal policial, la idoneidad institucional de las diversas jerarquías del poder judicial y del poder legislativo, más un elemento fundamental de esta trama: el seguimiento y control del sistema de lavado de activos financieros derivados de estos ilícitos", dijeron.
"Las y los trabajadores, sus familias, y la ciudadanía en general, que ven amenazado de manera cotidiana su derecho al trabajo, su paz social y su legítimo acceso a una vida en sociedad digna, libre y segura, que reclama revertir con urgencia este proceso destructivo y degradante, serán los primeros en acompañar a las autoridades provinciales en su accionar para enfrentar y superar esta situación", afirmaron.
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