En octubre de 2022, la Policía Federal y Gendarmería encabezaron un operativo de desalojo en Villa Mascardi, Río Negro, en el que siete mujeres de la comunidad mapuche fueron detenidas junto a sus hijos. En marzo de 2023, cuatro de estas mujeres siguen detenidas, junto a once niños.
El jueves, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluídos, Juan Grabois, y la diputada nacional Natalia Zaracho, visitaron a las cuatro mujeres y once niños que permanecen detenidos, según añadieron desde el sector del dirigente social, "sin proceso legal, en condiciones de precariedad y hacibamiento, violando todos los Derechos Humanos en particular de los niños".
Según la misma fuente, las detenidas, Betiana Colhuan, Romina Rosas, Celeste Ardaiz Guenumil y Luciana Jaramillo se les "atribuyen hechos de violencia del ninguna de ellas forma parte ya que integran una comunidad (lof) de veinte familias humildes, despejadas de su territorio, que solicitan pacíficamente cumplimiento de sus derechos constitucionales [art. 75 inc 17, ley 26.160 y cc ]". También señalaron que "las instituciones de proteccion de las infancias no se han presentado ni el lugar ni en el expediente".
"Es evidente que las mujeres y sus hijos son presas politicos y 'trofeos de guerra'", afirmaron, para luego señalar que "la indiferencia de actores politicos y sociales relevante frente a esta injusticia demuestra que los represores han hecho bien su tarea de demonizacion y disciplinamiento, como si el reclamo contra los atropellos a los pueblos originarios fuera 'la mancha venenosa'".
Cuando se produjo el desalojo, siete mujeres de la comunidad mapuche fueron detenidas junto a sus hijos y llevadas a una dependencia de la la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de Bariloche. Cuatro de ellas habían sido enviadas al penal de Ezeiza y las otras detenidas permanecieron alojadas en instalaciones de la PSA por ser lactantes. En tanto que una de ellas, que se encontraba transitando un embarazo de 40 semanas, tuvo que ser internada.
La situación tuvo como consecuencias en el Frente de Todos, tales como la renuncia de Elízabeth Gómez Alcorta como ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. También La Cámpora expresó su repudio a "la militarización" de la zona y a "la vulneración de derechos" de las mujeres apresadas.
Por el contrario, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, defendió la operación. "Funcionó y no entramos con armas letales. Hay indicaciones y pedidos de capturas por parte de la jueza que tiene la causa; es la Justicia la que decide, no soy yo", indicó.
En la misma sintonía, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, señaló que "no es un conflicto finalizado, sí se ha restituido los bienes que habían sido usurpados, pero la conflictividad es permanece".
Cómo se inició el conflicto
El conflicto por las tierras de las inmediaciones de Villa Mascardi, a unos 30 kilómetros de Bariloche, data de 2017, luego de que una comunidad mapuche se instalara en un predio correspondiente a Parques Nacionales con el planteo de recuperar tierras que les habían sido usurpadas décadas atrás.
Los integrantes del colectivo mapuche lof Lafken Winkul Mapu reivindican su derecho a establecerse en esos lugares mientras llevan como una bandera a Rafael Nahuel, asesinado por un efectivo del Grupo Albatros de la Prefectura en 2017 en el marco de un conflicto por tierras.
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