La aprobación de la Ley Bases afectará gravemente a las pequeñas y medianas empresas (PyMES) por los capítulos polémicos del mega proyecto del presidente Javier Milei, como la inclusión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La gestión del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, tuvo un giro y respaldó un componente clave: su ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, aseguró que "es lo que el mundo está pidiendo, menor presión tributaria y que haya más facilidades de comerciar en el exterior".
En medio del ajuste por el recorte de las transferencias discrecionales, la caída de la actividad y el despido de decenas de empleados estatales y privados, las economías regionales se encuentran en situación de alerta por la la quita de capacidades tributarias a los territorios regionales, la destrucción del entramado productivo local (clave para la tributación provincial y municipal) y una mayor concentración de lo poco que se recauda en manos de Nación.
Bajo ese panorama, industriales advirtieron que Milei busca declararles "el estado de muerte" a las empresas, ya que la concentración y extranjerización del capital promueven la disminución de los efectos multiplicadores del empleo local a través de las Pymes. Si bien Pullaro se había manifestado en contra del RIGI antes de la votación en el Senado -sostuvo que el programa “le da más competitividad a los nuevos inversores con una diferencia impositiva que perjudicaría la industria nacional”-, luego le facilitó los votos en la Cámara alta.
El Gobierno tuvo que ceder ante los pedidos de los gobernadores para evitar un nuevo fracaso parlamentario y modificó algunos puntos, entre ellos, los presentes en el RIGI: estableció una reducción de actividades incluidas, cambios en el plan de desarrollo de los proveedores locales y variaciones en los plazos de cobros.
A pesar de las modificaciones, los capítulos que gran parte de la oposición considera más dañinos tuvieron luz verde: sostienen que, con esta ley, se pierden capacidades tributarias y regulatorias, lo que marcará un avasallamiento sobre las facultades provinciales para recaudar impuestos y una presión fiscal desigual entre las pequeñas y grandes empresas.
Industriales advierten por la aprobación del RIGI: "Se llevan todo"
El gobierno santafesino mostró su apoyo a la nueva versión del RIGI, que ahora deberá tratarse en Diputados para resolver si se aprueban o rechazan los cambios que afectarán a los recursos disponibles. Puccini hizo referencia a las modificaciones introducidas en diálogo con Radio Dos: “Lo fuimos siguiendo desde el primer texto ingresado en Diputados, con una mesa técnica con especialistas. En ese documento ya manifestamos alertas por el documento original. Mucho de eso fue tomado en estas modificaciones en el Senado. Es mucho más ventajoso desde la perspectiva de la industria santafesina”.
Tras los cambios impulsados por La Libertad Avanza (LLA) como estrategia para alcanzar los votos, el funcionario de Pullaro dijo que "ahora se detalla qué sectores estratégicos estarían contemplados para estos incentivos" y que las industrias santafesinas no se verían afectadas, sino que “posiblemente pueda pasar lo contrario para el sector agroforestal, la infraestructura y la minería”.
El ministro valoró además que se haya incluido "la posibilidad de que esas inversiones contemplen un plan de desarrollo de proveedores locales, un mínimo de 20 por ciento para bienes y obras". Y agregó que eso permitiría que una empresa "pueda asociarse a esa inversión y formar parte, y tener las mismas excepciones que va a tener esa inversión".
No obstante, para los que votaron en contra del RIGI, la quita de capacidades tributarias a los territorios regionales, la destrucción del entramado productivo local (clave para la tributación provincial y municipal) y una mayor concentración de lo poco que se recauda en manos de Nación aparecen entre las consecuencias centrales de este régimen que cosecha cuestionamientos porque podría dar lugar a una mayor inestabilidad fiscal tanto a nivel nacional como provincial.
La Federación de Industriales de Santa Fe (FISFE), integrante de la Unión Industrial Argentina (UIA), rechazó el régimen para las grandes inversiones. Previo al debate en el Senado, sus representantes reclamaron cambios en el tema de las retenciones cero otorgadas a quienes inviertan, reducir los plazos de beneficios de 30 a 10 años y la obligación del compre nacional.
Los proveedores locales quieren un régimen que impulse el negocio a gran escala, pero que también los comprenda. “Como largaron el proyecto, es una locura. Van a venir las empresas, se llevan todo y los proveedores nos quedaremos sin nada. La industria local no va a poder colaborar ni estar en el negocio porque van a traer todo de China, 40% más barato, más rápido aunque no de tan buena calidad”, sostuvo Eric Besset, de la industria de insumos de acero inoxidable Ebinox, en diálogo con Letra P.
Por su parte, Alejandro Stradela, de la fábrica de plásticos de alta densidad para fluidos de minería Strada SA, ubicada en el Gran Rosario, pidió un “mix”. "No se puede liberar todo, hay que darle la posibilidad a la industria local para que pueda desarrollarse. Si a las empresas que vienen de afuera no tienen una seguridad mínima de un plazo largo, supongamos diez años, ningún proyecto es viable", afirmó.
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