El gobierno de Gerardo Morales, precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio (JxC) integrando fórmula con Horacio Rodríguez Larreta, será querellante en múltiples causas que investigan a los manifestantes reprimidos y detenidos durante las protestas en contra de la reforma constitucional que se llevaron a cabo en la provincia de Jujuy. Ante los hechos del pasado mes de junio, pedirán condenas de hasta 25 años para los imputados y, además, buscan imponer sanciones millonarias. "En el ataque a la legislatura se han cometido delitos muy graves. Los daños que tenemos calculados son de mil millones de pesos, se van a reclamar y además, multas por corte cuyo piso es de 2 millones. Y lo delitos van de 5 a 25 años", aseguró.
A través de un informe de la Fiscalía de Estado, se investigan "acciones ilegales, ilícitas, ejecutadas por violentos, con inusitada virulencia, extrema gravedad institucional, que no fueron aislados sino planeados, orquestados y ejecutados por personas, organizaciones sociales y/o políticas que, rechazados en las urnas del proceso democrático, tratan de quebrar el estado de derecho con uso extremo de violencia, delitos y oscuros métodos extorsivos y sediciosos". El gobierno provincial sostiene que es su "deber" asegurar que se restablezca el "clima de paz, orden, equilibrio institucional y progreso" que demanda el pueblo de Jujuy.
Frente a esto último, confirman que intervendrán como querellantes en todos los procesos materiales "para garantizar que se condene a los autores materiales, partícipes necesarios e instigadores con el máximo de penas" a cada delito. Y añaden en el informe: "Hasta tanto se pronuncien sentencias definitivas, se instarán (...), en forma inmediata, detenciones efectivas, por la extrema gravedad institucional comprometida".
Asimismo, confirman que "se embargará y reclamarán a todos y cada uno de los daños y perjuicios perpetrados al Estado provincial por un monto de más de mil millones de pesos a los autores materiales e intelectuales". Entre ellos enumeran daños materiales, incendios a edificios públicos, lesiones graves a funcionarios públicos de la policía de la provincia, destrucción total de automotores y pérdidas millonarias de turismo, entre otros.
Las causas principales en las que la Fiscalía de Estado actúa como querellante son: el ataque a la Legislatura provincial y sede de la Convención Constituyente (con penas de hasta 25 años de prisión); el ataque al Concejo Deliberante y a concejales de la Municipalidad de Humahuaca (penas de hasta 20 años); el secuestro de tres efectivos de la policía en Purmamarca (25 años); impedimento, estorbo y entorpecimiento de servicio público escencial (5 años); y por último, instigación, impedimento y entorpecimiento a la libre circulación de personas, tránsito y transporte (20 años)
Entre los delitos principales figuran: sedición (de uno a seis años), estrago doloso agravado (de 3 a 15 años), daños a bienes de uso público (de tres meses a cuatro años), atentado a la autoridad (de seis meses a dos años), resistencia a la autoridad (de 15 días a un año), lesiones leves doblemente agravadas (de seis meses a dos años), estorbo funcional (de 15 días a seis meses), privación ilegítima de la libertad agravada (de 2 a 6 años), tentativa de homicidio (de 2 a 8 años) y entorpecimiento de servicio público esencial (de tres meses a dos años).
"Inicio inmediato de ejecuciones por vía de apremio de aproximadamente cien (100) causas con multas impuestas mediante sentencias de los Juzgados Contravencionales. Montos de hasta pesos dos millones quinientos mil ($2.500.000), en abstracto y según el caso, en cada infracción o contravención", concluyen.
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