Las denuncias por violaciones a los derechos humanos se multiplican día tras día en Jujuy, sobre todo, desde el pasado 20 de junio cuando la Legislatura provincial aprobó de manera inconsulta una reforma Constitucional. Pese al repudio generalizado, los llamamientos por parte del Gobierno nacional y de organizaciones internacionales, la represión continúa con allanamientos y detenciones masivas de dirigentes, militantes, docentes, integrantes de pueblos originarios, jóvenes y hasta de abogades defensores de derechos humanos, que denuncian torturas, persecuciones y amenazas, por poner sólo algunos ejemplos de la situación que se vive. Prácticamente a todes, les imputan causas por sedición y contravenciones millonarias. “Cada vez se corre más el límite que nos da nuestra propia democracia. Es peligroso”, alertó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, en entrevista con El Destape.
Mientras las fuerzas policiales salían a detener a quienes habían protestado -e incluso a quienes no, también- el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, fue anunciado como integrante de la fórmula de Juntos por el Cambio con Horacio Rodríguez Larreta para competir por la vicepresidencia de cara a las próximas elecciones. “Queremos pedirle que deje de lado la campaña política, porque sabemos que, en su afán de ser vicepresidente, está llevando adelante la represión para dar una respuesta o una señal de mano dura”, denunció Pietragalla, en medio de la conferencia que encabezó el último viernes al mediodía junto con diversas organizaciones políticas y sindicales, de distintos colores políticos, en donde estuvieron, también Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Allí, señaló que la población "lo único que pide" es ser escuchada y que las autoridades, "para eso son elegidas, no sólo para llevar adelante la política que planificaron".
En ese contexto, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, dependiente del Ministerio de Justicia, alertó sobre la situación en la provincia y las implicancias internacionales que podría tener para todo el Estado Argentino en el ámbito internacional porque "están en peligro el derecho a la libertad y a la protesta, en un momento en el que se debería pensar en fortalecer las instituciones", por el marco de las elecciones y los 40 años de democracia. Pietragalla, que además es militante por los derechos humanos y nieto recuperado, habló sobre la intervención del Partido Justicialista jujeño, la falta de respuesta de la Justicia local e hizo un llamado a "visibilizar" lo que pasa el próximo 20 de julio en la Marcha del Apagón, que se hace cada año en conmemoración de la Noche del Apagón, perpetrada durante la última dictadura cívico militar. "Hay que denunciar lo de ayer y, también, las arbitrariedades de hoy", dijo.
¿Qué es lo que preocupa sobre la situación en Jujuy?
Que cada vez se corre más el límite que nos da nuestra propia democracia. La intervención de las fuerzas de seguridad adentro de una universidad para detener docentes, la detención de abogados de derechos humanos. Si vos detenes abogados, ¿quién defiende a los manifestantes que están siendo procesados? Están cada vez radicalizando más la posición y nos están llevando a un lugar muy peligroso, a 40 años de democracia. La idea es visibilizar esto, que es grave, también, porque claramente va a generar un daño a todo el Estado argentino. Podemos ser sancionados por organismos internacionales de derechos humanos por responsabilidad de una provincia.
Eso fue mencionado en reiteradas oportunidades, ¿qué es lo que están mirando los organismos internacionales, qué significa eso en términos concretos?
Cuando una provincia viola los derechos humanos, por ejemplo, en este caso a través de su fuerza de seguridad o a través de decisiones políticas, empiezan a librarnos oficios, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Relator para Naciones Unidas nos hicieron llamados por lo que está sucediendo y el Estado tiene que ir respondiendo. Esto, claramente, puede tener primero un procesamiento, porque se violan los derechos humanos, hay personas que están siendo detenidas, que están siendo procesadas solamente por manifestarse. Y, en este contexto, lo que hacen los organismos internacionales es tratar de defender cuando el Estado no lo puede hacer, trata de reemplazar esa falta de justicia que tienen las víctimas. La verdad que nos pueden condenar por esto. Esa sanción puede ser económica y, además, puede ser perjudicial para las relaciones bilaterales que tiene el Estado con organismos internacionales, por ejemplo, en las Naciones Unidas. Esto no es un deporte. Nosotros adherimos a compromisos internacionales que nos abren la puerta a foros donde se discuten distintas cuestiones a nivel internacional.
La Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante en la causa que investiga las responsabilidades de la represión en Jujuy como en una estrategia en contraposición a la Fiscalía de Estado de la provincia, que se presentó como querellante contra les manifestantes. ¿Cuáles son los pasos a partir de ahora?
El tema es que en el Poder Judicial provincial estamos cayendo en un lugar donde casi no tenemos respuesta no nos responden los oficios, ni siquiera. Porque es una cuestión política, no es judicial. Ese es el gran problema que tenemos. Presentamos en el foro Federal el habeas corpus preventivo y correctivo por las detenciones y las supuestas detenciones que se están librando contra las y los abogados defensores de quienes se manifestaron, eso tuvo un giro a la provincia y todavía no nos respondieron. Ni siquiera le responden a la Justicia federal.
¿Y cómo leen esta respuesta por parte del Poder Judicial provincial?
Esto demuestra que tenemos una provincia que no tiene autonomía de poderes y que están todos respondiendo a los intereses de Gerardo Morales.
Desde la Secretaría también se intentó un acercamiento con las autoridades provinciales con el pedido de una mesa de diálogo...
Sí, pero no hubo respuesta. No quisieron hablar con nosotros en el primer viaje que hicimos. Nuestro viaje fue para tratar de ayudar y ellos sienten que vamos a incentivar la violencia. La verdad que es una locura porque intentamos hablar con ministros; yo mismo (lo intenté), con el Gobernador, con todos, y jamás nos atendieron el teléfono.
Las organizaciones de derechos humanos, sindicales, integrantes de pueblos originarios insisten en el pedido de intervención de la provincia...
Para la intervención política, lamentablemente, no tenemos el número en el Congreso para llevarla adelante. Esa es una realidad.
Se pidió y se efectivizó, finalmente, la intervención al Partido Justicialista provincial…
Hace un par de semanas Cristina Fernández de Kirchner había recibido a Lian (N de R: Mijael Lian Lamas, un adolescente de 17 años que perdió un ojo producto de la represión) y a su abogada. Ahí ya se había comentado que se iba a intervenir el PJ, así que era algo que se estaba viendo porque el peronismo de nuestro país no puede estar atado a una complicidad que tuvo el PJ jujeño en avalar la reforma constitucional de la provincia como se llevó adelante. Me parece que es una decisión acertada. Entendemos que también hay que llevar adelante acciones políticas, por eso tenemos que visibilizar lo que pasa.
En medio de la represión, fue anunciada la candidatura de Morales, ¿qué significa en el contexto de elecciones que sucedan estos hechos en Jujuy? ¿es parte de la campaña?
Lo que está pasa en Jujuy es una muestra de lo que es Morales, de lo que es la campaña interna y de lo que quieren dar de mensaje hacia el votante de Juntos por el Cambio. Lo más grave, ya sea por la campaña o no, es que se trata de violaciones a los derechos humanos. Se trata de la violación al derecho a protestar, a través del envío y uso abusivo de las fuerzas, por eso hablamos de represión. Posteriormente, se realiza la criminalización de la protesta, que tiene que ver con armar las causas a partir de las cuales allanan domicilios y detienen a las personas unos días de forma arbitraria, violando también el derecho a la libertad personal y el derecho a la intimidad. Ahora, además, están inaugurando una nueva etapa en la criminalización y en el mensaje que quieren mostrar, que es la detención de un abogado defensor de derechos humanos, que interviene en estos casos.
Las organizaciones llamaron a movilizarse el próximo 20 de julio, a la Marcha del Apagón, de la que justo se cumplen 40 años este jueves y vos te sumaste. ¿Qué importancia tiene que se haga ese llamado, incluso desde el Gobierno nacional?
Nosotros, siempre que podemos, participamos de todas las marchas. La marcha del 20 es una marcha histórica de derechos humanos, que se hace todos los años, por lo que significó la Noche del Apagón (N de R: una serie de cortes de suministro eléctrico perpetrados adrede por la dictadura cívico militar, que dejó unas 400 personas desaparecidas -entre el 20 y 27 de julio de 1976- en Ledesma, Jujuy). Obvio, vamos a estar acompañando al pueblo jujeño en esa marcha tan simbólica, en la que se denuncia la complicidad civil con la dictadura militar. Y creo que todo tiene que ver con todo. Hay que estar presente, hay que denunciar lo de ayer y, también, las arbitrariedades de hoy.
¿La detención de Milagro Sala fue la antesala de lo que está pasando en Jujuy?
Siempre. Lo venimos diciendo. Ahí entendimos que no había norma jurídica, amparo o presentación judicial que fuera escuchada. Fue una causa política y sigue siendo una causa política.
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