Lo que está pasando en Jujuy hoy es que está en vigencia una nueva Constitución provincial que restringe el derecho a la protesta, tal como se advirtió desde un amplísimo abanico de sectores apenas se conoció, superficialmente, el proyecto que elaboró el gobernador Gerardo Morales y que se aprobó en apenas 25 de los 90 días previstos por la ley.
En Jujuy hoy no se puede protestar, porque quien lo haga puede ser acusado de delitos como el de “sedición”, tal como ocurrió el jueves pasado con el abogado Alberto Nallar, quien asesora a las comunidades originarias sobre los aspectos de la Constitución que las afectan. Desde la fiscalía general dicen que con su discurso el abogado está instigando a la gente a cometer delitos.
Hasta el momento, además de Nallar, hay nueve personas privadas de su libertad y cerca de 40 pedidos de detención en curso.
Sin embargo, la resistencia popular se sostiene cada día con mayor firmeza. Las comunidades mantienen cortes de ruta en más de una docena de puntos de la provincia, permitiendo el tránsito cada dos o tres horas. El principal es el que protagoniza el Tercer Malón de la Paz sobre la ruta 9 a la altura de Purmamarca. “Vamos a estar firmes en el lugar hasta lograr el objetivo: que esta Constitución sea declarada inconstitucional y lograr su nulidad”, advierten los originarios. Desde las localidades cercanas, la gente les lleva leña, alimentos y abrigos en apoyo a la lucha. La Secretaría de Seguridad Vial difunde cada día dos informes en los que detalla los puntos donde hay cortes y cada cuántas horas se abre el paso vehicular.
Se suceden las protestas, las movilizaciones y las marchas de antorchas semanales encabezadas por docentes, mientras un grupo de maestros y maestras -que están de huelga por tiempo indeterminado desde el 5 de junio- permanecen en la puerta del Ministerio de Educación. Hubo además un verdurazo en el que la UTT repartió bolsones para visibilizar el rechazo a la reforma, en particular por la vulneración de derechos de las familias campesinas cuya producción y supervivencia se encuentran en riesgo.
En La Quiaca, siete personas se crucificaron el 27 de junio en el marco del corte de ruta que sostenían desde hacía casi dos semanas, usando una modalidad de protesta iniciada en el año 2002 por el sacerdote Jesús Olmedo. En lugar de la leyenda del Cristo, INRI, en las cruces se colocaron carteles: «Sí a los derechos, no a la reforma»; «Abajo la reforma»; «Arriba los salarios, abajo la reforma»; «La Quiaca presente, abajo la reforma».
«Estamos en el corte porque el gobierno no nos escucha, no baja la reforma, y nosotros queremos que caiga, porque somos los perjudicados», afirmó Plácida Nieve, de la comunidad Oratorio.
Los contrastes son potentes. En medio de un estado de persecución policial y judicial, con órdenes de detención y allanamientos en curso, en los puntos de protesta se suceden las comidas comunitarias, la música, la danza, las ceremonias ancestrales, los juegos de niños y la realización de murales.
Los pueblos originarios, los habitantes de barrios populares y los trabajadores estatales han confirmado lo que se venía advirtiendo: que esta Constitución provincial no fue elaborada con el fin de mejorarles la vida sino que el objetivo es mantenerlos quietos y callados. Pero a pesar del avance represivo, encontraron en la acción colectiva el escudo protector que les ha hecho perder el miedo.
La consigna que se repite es “Abajo la reforma, arriba los derechos”.
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La reforma inconsulta
En la noche del viernes 16 al sábado 17 de junio, la Convención Constituyente aprobó el nuevo texto 25 días después de que comenzara las sesiones. Eran las 3 de la mañana. Afuera, la reforma era repudiada por una masiva manifestación encabezada por los docentes, que para entonces ya llevaban 11 días de paro, junto a otros trabajadores estatales, comunidades indígenas, organizaciones sociales, políticas y sindicales.
Los reclamos y movilizaciones se replicaron en las localidades de La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, San Pedro y Libertador San Martín. Comunidades originarias mantenían cortes sobre la ruta nacional 9, en el acceso sur de La Quiaca y en el ingreso a la ciudad de Purmamarca.
Fue en este último donde se produjeron los primeros operativos de represión policial. El sábado 17 hubo cuatro avances de Infantería, dejando una gran cantidad de heridos y al menos 40 detenidos, que fueron liberados al día siguiente. Ese día, Mijael Lamas, de 17 años, perdió el ojo derecho por un impacto de bala de goma. “Fue una bala de cerca, si era de lejos capaz no perdía la vista”, contó días después a medios nacionales.
“Los efectivos atacaron con palos, balas de goma y gases lacrimógenos a las personas que se manifestaban. Grupos de policías, sin identificación ni uniforme, se llevaban a manifestantes que claramente había sido previamente seleccionados detrás de las líneas policiales, donde los golpeaban”, relató Camilo Haro Galli, uno de los dos periodistas que fueron detenidos ese día mientras cubrían los hechos.
Marcelo Flores vive en Maimará y trabaja en Purmamarca. Ese día, de regreso a su casa, pasó por el corte y estaba conversando con algunos conocidos cuando se inició la represión. Recibió 48 perdigones en el brazo. Lo trasladaron al Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy, pero allí le dieron el alta sin hacerle ninguna radiografía. Tenía el brazo fracturado con los proyectiles adentro. En el hospital de Maimará le sacaron todos los proyectiles y le hicieron las curaciones en las heridas ya infectadas.
Se supo después que desde el Ministerio de Salud se había dado la orden para que en el Soria atendieran sólo a los policías heridos.
Empezaron a sumarse otros cortes a través de la Quebrada de Humahuaca y la Puna.
El martes 20 por la mañana, en un rato nomás, se concretó la jura de la nueva Constitución, mientras afuera de la Legislatura se desarrollaba una manifestación masiva.
Morales celebraba el Día de la Bandera con su nueva Constitución y marcando en el calendario este 20 de junio a fuego y sangre. Tras cinco horas de represión, el saldo fue de unos 170 heridos y al menos 68 detenidos, 45 hombres, 18 mujeres y cinco menores de edad.
Más de 20 cortes y permanencias en las rutas se sostenían en todo el territorio provincial y los gremios docentes seguían de paro.
En la noche del 30 de junio, pobladores de Humahuaca se manifestaron ante el Concejo Deliberante local para exigir que se expida en contra de la reforma constitucional. La policía desplegó un operativo que terminó con varios heridos. Uno de ellos, Joel Paredes, recibió un impacto de bala de goma en la cara. Fue la tercera persona que perdió un ojo por el accionar policial. Su mamá, Elizabeth Sandoval, describió en medios locales como “muy violento” el accionar de la Policía. “Apuntaban a los ojos y le tocó a mi hijo", sintetizó.
Doce días después, tres personas fueron apresadas y se conocieron otros 19 pedidos de detención que motivaron sendos allanamientos. La acusación es por los delitos de sedición, resistencia a la autoridad, daño agravado a bienes de uso público y privación ilegítima agravada. Como la policía no pudo encontrar a todas las personas, algunas de las notificaciones se pegaron en la puerta de los domicilios, marcando así las casas como en las épocas oscuras de la dictadura.
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El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) denunció que con los 22 allanamientos de Humahuaca el Gobierno de Gerardo Morales «cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas».
El jueves pasado, nueve personas fueron apresadas y se libraron otros 11 pedidos de detención en San Salvador de Jujuy en el marco de la investigación por los hechos del 20 de junio. Están acusadas de atentado a la autoridad, resistencia a la autoridad, lesiones leves, daños a bienes de uso público, estrago, estorbo funcional y entorpecimiento funcional de transporte terrestre, según la orden firmada por el juez. La mayoría son referentes de organizaciones sociales, sindicales, indígenas y políticas.
La semana pasada, Morales aseguró en una conferencia de prensa que se había reunido con 69 comunidades originarias de la provincia, con quienes, dijo, había consensuado el contenido de la Constitución. El Tercer Malón de la Paz lo desmintió. En la provincia de Jujuy existen más de 400 comunidades indígenas reconocidas.
«El gobierno está apostando al desgaste, pero no vamos a entrar en ese juego», afirmó Raúl Choquevilca, presidente de la comunidad de Ocumazo, Pueblo de Omaguaca, y reafirmó la voluntad de los pueblos originarios para sostener la exigencia de que se derogue la nueva Constitución provincial.
Robinson Suárez, comunero de la Nación Kolla, fue categórico: “No queremos sentarnos a hablar con el gobierno. Queremos que se anule la reforma porque la declaramos inconstitucional e ilegal. Mi pueblo guerrero que resiste ha demostrado una vez más que no estamos dispuestos a bajar los brazos. Venimos de pelea en pelea. Esta es una más.”
Imagen de Apertura: Caro Pórfido, desde Tilcara.
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