La organización Amnistía Internacional lanzó una "acción urgente global" para exigir la liberación de Alberto Nallar, un abogado defensor de derechos humanos que fue detenido en la provincia de Jujuy esta semana en el marco del "operativo represivo" del gobernador y precandidato a vicepresidente, Gerardo Morales. Sobre él -como sobre la mayoría de las y los detenidos- pesa la acusación de "sedición".
La organización solicitó a sus seguidores de más de 160 países envíen una carta al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, y exhortó a Morales a "poner freno, de modo urgente, a la violencia, represión y criminalización en la provincia y garantizar y respetar el derecho a la protesta en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos". Además, hizo presentaciones ante diversos organismos internacionales por "graves afectaciones al derecho a la protesta y a la libertad de expresión".
En el texto, advierten que "entre el 11 y 13 de julio, en Jujuy, se ordenaron y comenzaron a ejecutarse al menos 40 detenciones y allanamientos en las ciudades de Humahuaca y San Salvador". Entre esas personas, se encuentra Nallar. Según describieron en el comunicado, el abogado defensor de derechos humanos tuvo un rol "muy activo" con apoyo y asistencia jurídica durante las protestas en la provincia que vienen llevándose a cabo desde el 15 de junio en contra de la reforma constitucional inconsulta.
El delito por el que el abogado fue detenido el jueves es el de "sedición", al igual que casi la totalidad de las y los detenidos, ya que esa es la acusación que llevará adelante la Fiscalía de Estado provincial contra los manifestantes.
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El pedido de Amnistía se suma al pronunciado ayer por la Multisectorial Jujuy, organizaciones sociales y de derechos humanos que se manifestaron en las adyacencias de la unidad penal del Barrio Alto Comedero para reclamar la liberación de 12 personas; y al repudio de legisladores de Unión por la Patria (UP), del Frente de Izquierda, entre otras organizaciones y sectores políticos, expresado ayer en el Congreso Nacional junto a dirigentes sindicales y organismos de derechos humanos.
Por su parte, Amnistía indicó que "en el marco de las detenciones también se libraron órdenes contra docentes, universitarios, defensores y defensoras de derechos humanos que participaron de las movilizaciones sociales a raíz de la aprobación de la reciente reforma constitucional en la provincia"
Acción global urgente: de qué se trata la medida de Amnistía Internacional
La medida impulsada por la organización internacional, según explicaron en un comunicado, es una estrategia de solidaridad a través de la que miles de personas de todo el mundo se suman para exigir el respeto de los derechos humanos. Lo hizo a través del llamamiento a sus seguidoras y seguidores de más de 160 países para que "puedan enviar una carta al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Jujuy, Sergio Lello Sánchez". Mirá el comunicado acá.
"En las comunicaciones las personas le manifiestan al fiscal su profunda preocupación sobre la detención y persecución de Nallar en Jujuy", informaron. Además, la acción incluyó la presentación -junto con Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) y Servicio Paz y Justicia (Serpaj)- de un habeas corpus preventivo ante la justicia federal de Jujuy debido a las denuncias sobre posibles detenciones a otros 14 defensores y abogados de derechos humanos que están defendiendo y apoyando las protestas.
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En su comunicado, Amnistía señaló que el pasado 15 de junio, "la Convención Constituyente de Jujuy realizó una reforma constitucional de manera rápida y, según diversos sectores, inconsulta" tras lo cual "se desataron protestas que condujeron a represiones policiales". Además, marca que "en el accionar de las fuerzas de seguridad se registraron irregularidades y uso excesivo de la fuerza. En la actualidad las protestas continúan", remarca.
Asimismo, refiere que "desde que comenzaron las manifestaciones se han detenido al menos a 130 personas y defensores de los derechos humanos" y que a muchos "se les endilgan diversos delitos que son frecuentemente utilizados para criminalizar personas que ejercen el derecho a la protesta social, tales como sedición, entorpecimiento de la vía pública, incitación a cometer delitos, resistencia a la autoridad, entre otras".
El organismo informó también que junto a más de 70 organizaciones, "Amnistía Internacional realizó una comunicación urgente por graves afectaciones al derecho a la protesta social en la Argentina a la Relatoría sobre el derecho a la libertad de expresión, a la Relatoría sobre derechos de los pueblos indígenas y a la Relatoría sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente saludable y sostenible, y al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas".
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