El Gobierno intervendrá en la crisis en Jujuy, donde la gestión provincial del gobernador radical Gerardo Morales reprimió a manifestantes y comunidades originarias que rechazaron la reforma constitucional. Tras conocerse la noticia, el mandatario jujeño defendió la reforma, al afirmar que es una de las cosas "que necesita el país para dejar atrás la industria del piquete y la extorsión".
Fuentes del Gobierno nacional confirmaron a El Destape que el ministro de Justicia, Martín Soria, presentará el viernes la acción declarativa de la inconstitucionalidad de la Constitución de jujuy ante la Corte Suprema de Justicia.
En paralelo, según pudo saber este medio, también se baraja la posibilidad de intervenir el Partido Justicialista de Jujuy. Esto, a raíz de que los constituyentes del sello peronista votaron a favor de la reforma constitucional impulsada por Morales.
La semana pasada, el presidente Alberto Fernández instruyó al Ministerio de Justicia para que analice y eventualmente suspenda los artículos de la nueva Constitución jujeña que violen la Carta Magna nacional. Esto en base a las expresiones de "preocupación" y llamados a un "diálogo" de organismos y organizaciones internacionales para detener la crisis política en la provincia norteña.
Dirigiendose a Morales, el Presidente señaló que "siempre que convoque al diálogo va a tener ayuda" y que "a 40 años del retorno de la democracia, es inadmisible que la violencia estatal sea la respuesta de un gobierno a los legítimos reclamos y expresiones de sus comunidades".
"Negar el derecho a la protesta, es cercenar las libertades constitucionales y maniatar nuestra vida democrática. Es imprescindible garantizar los derechos humanos en todo el territorio nacional para que la Argentina sea un país de ciudadanías plenas".
Hace dos días, la Secretaría de Derechos Humanos que comanda Horacio Pietragalla le solicitó a la Justicia Federal que inicie una "investigación penal urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en la feroz represión" llevada cabo en Jujuy contra la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Morales, luego de las denuncias que recibió esa dependencia tras las visitas que se realizaron a la provincia.
Varias voces del Gobierno nacional y de Unión por la Patria se expresaron en repudio a la reforma constitucional, al igual que el Frente de Izquierda y los Trabajadores, la CGT, las dos CTA, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y juristas, además de los gremios y comunidades originarias de Jujuy que encabezaron las protestas.
El rechazo a la reforma constitucional radica en los artículos sobre las tierras de las comunidades originarias y la criminalización de la protesta social.
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Frente a esto, Morales justificó la represión de las fuerzas de seguridad. "¿Cómo que se le fue la mano a la policía? Si incendiaron la Legislatura, quemaron ocho autos, rompieron vidrieras. Estaba (el diputado nacional del FIT Nicolás) Del Caño, estaba el jefe del Polo Obrero, estaban todos incentivando los hechos de violencia".
Según sostuvo el Gobernador - precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio junto a Horacio Rodríguez Larreta- , la policía "lo que tuvo que hacer es actuar". También, Morales responsabilizó al Gobierno nacional, aduciendo que no le enviaron fuerzas de seguridad para paliar las protestas. Tras el estallido del conflicto, la plana mayor de la alianza opositora salió a respaldar al jefe provincial jujeño.
La respuesta de Morales
Después de que trascendiera la noticia, Morales publicó un mensaje en sus redes sociales para defender la reforma constitucional. "Se confirma el intento de desestabilización en Jujuy. Lo mejor que puede pasar es que la Corte Suprema analice el nivel de ampliación de derechos que consagra esta Constitución", expresó.
Además, el gobernador jujeño manifestó: "Este tipo de reformas son las que necesita el país para dejar atrás la industria del piquete y la extorsión que nos viene destruyendo". Y apuntó contra el proyecto de ley de "convivencia en manifestaciones públicas", presentado en 2014 por diputados del Frente para la Victoria. "Un proyecto de ley que proponía regular la protesta e impedir los cortes de calles y de rutas", manifestó.
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