Luego de la brutal represión de la policía jujeña contra los manifestantes frente a la Legislatura de esa provincia, la vicepresidenta Cristina Kirchner recordó que el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, era un "alto funcionario del Gobierno de la primera Alianza que establecía el Estado de Sitio y fue responsable de aquellas muertes".
A través de las redes sociales, Cristina Kirchner volvió a mencionar lo ocurrido durante la tarde en Jujuy. En ese sentido aseguró: "Vivimos un día muy particular en la Argentina. Las escenas de la represión en la Provincia de Jujuy, transmitidas en vivo por la televisión, nos remitieron por instantes a las que vivimos en aquel diciembre del 2001".
En ese mismo sentido, tal cuál lo hizo el jueves pasado desde Santa Cruz, Cristina Kirchner indicó: "Para los que no recuerdan o aún no habían nacido, les recomiendo una vez más la serie “Diciembre 2001” del director Benjamín Avila, que se exhibe, desde hace unos días, en una conocida plataforma y que narra los hechos que culminaron con el Estado de Sitio y la muerte de 38 argentinos".
Al respecto, recordó que Gerardo Morales " fue responsable de aquellas muertes". En aquel entonces, Gerardo Morales, en 2001 fue secretario de Desarrollo Social. En el mismo recordatorio, Cristina Kirchner indicó: "También, hace exactamente 5 años, un 20 de junio como hoy -en el que recordamos a Belgrano y honramos nuestra bandera- el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobaba el acuerdo Stand-By por 50.000 millones de dólares para la Argentina solicitado por Mauricio Macri, presidente del gobierno de la segunda Alianza, que también integraba -e integra- el gobernador Morales".
Que dice la CIDH
En el comunicado, la CIDH señala que las protestas "se llevan a cabo en el marco del proceso de modificación parcial de la constitución provincial por parte de la Asamblea Constituyente" y enumera que "entre los cambios propuestos, se destacan las reformas al sistema electoral local, así como la criminalización total de los cortes de ruta". "Según la información recibida, se plantea que esta reforma no habría cumplido con la debida consulta a los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales", advierte el organismo.
La CIDH indica, en ese sentido, que "el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado es un principio fundamental que busca garantizar la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus derechos, territorios y recursos naturales" y afirma que "la consulta debe darse por medio de un proceso inclusivo, equitativo y de buena fe. Adicionalmente, debe ser realizada de manera oportuna, de forma libre, informada y de acuerdo con las costumbres y prácticas propias de cada pueblo indígena".
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