A través de la resolución 209/2024 del Ministerio de Justicia de la Nación se dispuso el cierre de 136 registros automotores de las provincias, incluyendo a Misiones con cinco cierres, y suspendieron la apertura de otros 12 a nivel nacional.
Cabe destacar que una las primeras medidas que anunció el Gobierno de Javier Milei en diciembre pasado, en los días posteriores de de su asunción, fue la eliminación de los Registros Nacionales del Automotor, con la promesa de agilizar y abaratar las transferencias de vehículos.
”La medida propuesta obedece en principio a la necesidad de reorganizar la estructura de los Registros Seccionales en razón de que existen distintas jurisdicciones territoriales en las que, existiendo Encargados Titulares de Registros Seccionales en sus distintas competencias, al mismo tiempo esos funcionarios revisten el carácter de Interventor de uno o dos de los Registros Seccionales de las restantes competencias”, indica la Resolución entre sus considerandos.
En este sentido, las medidas anunciadas en aquel momento fueron el cierre del 40% de los Registros Automotores; la reducción del 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor; el vencimiento de todas las cédulas verdes, etc.
“La medida que se propugna materializa la voluntad de promover el cierre de Registros Seccionales intervenidos en pos de la reducción de la Administración Pública Nacional, en el marco de las políticas públicas que viene llevando a cabo el Estado Nacional”, añade la Resolución.
Días atrás, el flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había ratificado la decisión de eliminar los registros, lo cual el DNU 70/23 ya había abordado en su primera edición.
La deuda de Nación con Misiones
Con el reciente cambio de Gobierno, la reestructuración del Ministerio de Ambiente a una Subsecretaría tuvo consecuencias negativas para las políticas ambientales en la provincia de Misiones, la cual se encuentra en una situación crítica debido a la significativa deuda que Nación mantiene con ella en relación con la Ley de Bosques, una normativa clave para la conservación del medio ambiente en el país.
La Ley de Bosques, sancionada en 2007, establece un presupuesto específico para el servicio ambiental que deben realizar tanto los sectores privados como públicos en todas las provincias. Este financiamiento, esencial para el ordenamiento territorial, la gestión forestal y el fomento de actividades económicas sostenibles, no fue cumplido por parte de Nación, con montos notoriamente inferiores a los estipulados, lo que supone un golpe económico para la provincia según el Ministro de Ecología y Recursos Renovables de Misiones, Martín Recamán.
En este sentido, Recamán expuso que el año pasado Misiones solo recibió el 7% de los fondos a los que le correspondía acceder según la ley. Este déficit presupuestario debilitó la capacidad de gestión del terreno y limitó la implementación de planes de conservación y el desarrollo de actividades económicas sostenibles. “De los fondos que se establecían, nunca se cumplió con los montos establecidos. La falta de financiamiento ha afectado gravemente nuestras capacidades operativas,” afirmó el ministro.
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