Con menos intervenciones de las planeadas y luego de una negociación sigilosa con la CGT, el Gobierno se apresta a reglamentar el capítulo laboral de la ley Bases, cuya publicación se prevé para las próximas horas. La norma, que transitó por medio Gabinete, incluirá el lanzamiento de un nuevo aplicativo de la AFIP para registrar la figura del "trabajador independiente" pero no hará aclaraciones sobre el ítem más ríspido: la inclusión de los bloqueos como causal de despido directo quedará tal cual el articulado que sancionó el Congreso para evitar mayores discrepancias entre la central obrera y las cámaras patronales, que presionaban para adecuarlo a sus respectivas pretensiones.
El circuito que siguió la reglamentación entre la Secretaría de Trabajo, los ministerios de Desregulación y Economía, la AFIP, la Anses, el Banco Central, otras áreas de Capital Humano y la oficina del asesor plenipotenciario Santiago Caputo demoró más de un mes su alumbramiento desde que Federico Sturzenegger anunció que ya estaba definida y lista para su publicación. En medio, y como reveló en exclusiva El Destape, hubo un encuentro a solas de Sturzenegger con Gerardo Martínez, el "canciller" de la CGT y principal interlocutor de la central con la administración libertaria.
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"Defendí con argumentos sólidos los derechos a la asamblea, a la libertad sindical y a evitar la precarización laboral con el fraude de los llamados trabajadores colaboradores", le dijo a El Destape Gerardo Martínez sobre la reunión del 10 de septiembre con el ministro de Desregulación. El dirigente sostuvo que la reglamentación que se apresta a presentar el Ejecutivo "no puede colisionar con los derechos fundamentales del trabajador". Y destacó que la consideración del bloqueo como "grave injuria laboral" y por lo tanto, causal de despido, no debería quedar "en manos del empleador".
De la redacción definitiva dependerá la reacción de la mayor central sindical. La "mesa chica" postergó sin fecha una reunión para analizar la continuidad de un plan de lucha contra la gestión de Javier Milei que por ahora derivó en dos paros nacionales y varias marchas propias así como la participación de la organización en las impulsadas por otros sectores como el universitario, la militancia de derechos humanos y las mujeres en el 8M. Ese diferimiento evitó una mayor tensión entre los sectores negociadores de los "gordos" de los grandes gremios de servicios y los "independientes" de buen diálogo con todos los gobiernos con los del camionero Pablo Moyano (Frente Sindical) o el bancario Sergio Palazzo (Corriente Federal) más dispuestos a la confrontación.
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En medio se concretó la audiencia que concedió la semana pasada el Papa Francisco a una comitiva de la CGT. De allí los gremialistas regresaron a la Argentina con una arenga papal de defender la justicia social, el empleo decente y las conquistas laborales, de acuerdo a varios de los participantes. Claro que no se trató de una instigación de Jorge Bergoglio a llamar a un paro nacional pero cada dirigente lo leyó bajo su propia lógica de construcción gremial. Estuvieron al frente del grupo Héctor Daer y Pablo Moyano, dos de los tres secretarios generales de la organización. Entre ellos, y pese a diferencias históricas de metodología, imperó la concordia en el viaje, según el resto de los participantes.
La principal novedad del último borrador de la reglamentación es la creación de una app que deberá definir la AFIP para la registración de los trabajadores "independientes" que vayan a constituir unidades de asociación con hasta otro tres en su misma condición. Esa figura, que las centrales obreras rechazan por entender que tiende a "deslaboralizar" a los trabajadores, deberá tener un trámite de inscripción y acotarse sólo a las tareas propias del monotributo. Las cámaras patronales pretendían que esas unidades pudieran constituirse con una mera declaración jurada pero la CGT presionó por alguna modalidad de registración, que ahora quedará en manos del órgano recaudador.
En cuanto al fondo de cese, un ítem que entusiasma particularmente a Sturzenegger, será optativo en el sentido más amplio porque no sólo deberán negociarlo las cámaras empresarias y los gremios en cada convenio colectivo sino que cada empleador y cada trabajador podrá elegir esa opción o continuar con el esquema habitual de indemnizaciones previsto en la ley de Contrato de Trabajo. Es un punto que incomoda tanto al secretario de Trabajo, Julio Cordero, como a varias entidades patronales que dijeron temer un doble costo: pagar todos los meses para la constitución del fondo de cese y de todos modos afrontar juicios de empleados disconformes.
Sobre los bloqueos y las consecuencias de esas medidas de fuerza los negociadores dijeron haber terciado entre la presión de las patronales y la CGT. Las primeras, que demandaban extender la "grave injuria laboral" a medidas como las asambleas prolongadas, para asimilarlas a un bloqueo. Mientras que la central obrera reclamaba la constitución de una instancia judicial previa al despido. Según los funcionarios, la reglamentación no contemplará ninguna de esas posiciones de máxima y de hecho no avanzará más allá de la letra de la ley, que aborda este ítem en el capítulo que modificó el artículo 242 de la ley de Contrato de Trabajo.
En otras palabras, el empleador podrá cesantear a un trabajador en tanto lo considere partícipe de un bloqueo, sea cual fuese la definición que el propio empresario le asigne a esa acción. En todo caso, explican los funcionarios, deberá demostrarlo en la Justicia si el despedido le inicia un juicio por despido sin causa. Es el punto más sensible de la reforma laboral y su espíritu parece responder a los paros que años atrás impulsaba el sindicato de Camioneros con la obstaculización de los accesos a los establecimientos.
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