En Gobierno aseguran que no dejan pasar día sin trabajar en busca de apoyos para sacar la reforma del Ministerio Público Fiscal, que no está congelada ni mucho menos. "No está frenada, va a salir. Los votos para aprobarla los tenemos, pero estamos muy finos con el quórum, tendríamos que asegurarnos eso", respondía uno de los funcionarios que se vienen dedicando al tema. Por eso, no hay cambio de posición respecto a la posibilidad de aprobar el pliego del juez Daniel Rafecas como procurador. "La oposición plantea que retiremos el proyecto para votar a Rafecas y es un despropósito, una especie de chantaje. Si Rafecas no es procurador es justamente porque ellos nunca quisieron votarlo", decían en Gobierno.
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Como viene sucediendo con muchas iniciativas, la reforma del Ministerio Público tuvo una rápida aprobación en el Senado y quedó trabada en Diputados desde diciembre pasado. El ministro de Justicia, Martín Soria, consiguió revivirla semanas atrás cuando acordó con el diputado mendocino José Luis Ramón, del bloque Unidad Federal, algunos cambios para que apoyara la iniciativa. En sus puntos principales, el proyecto limita a cinco años el mandato del procurador general -que actualmente es vitalicio- y modifica las mayorías necesarias para su designación, que pasa de los dos tercios a la mitad más uno de los senadores.
El oficialismo consiguió dictamen de comisión luego de un plenario con discusiones y gritos de parte de los representantes de Juntos por el Cambio. "Es un intento más de quedarse con la Justicia", había afirmado un comunicado de la alianza macrista. La presión por parte de los medios con los que hacen tándem fue in crescendo. "Ramón, jefe del bloque creado para colaborar con el kirchnerismo", tituló Clarín una nota contra el diputado mendocino. AEA, la asociación empresaria que manejan Paolo Rocca y Héctor Magnetto, hizo una declaración contra el proyecto porque supuestamente afectará "una de las instituciones centrales del país". Desde que estos medios empujaron a Alejandra Gils Carbó para que renuncie a su cargo, la procuración quedó interinamente a cargo de Eduardo Casal, que indefectiblemente escribe todas sus resoluciones en la línea que quieren estos sectores empresarios y el macrismo. "Quieren mantener a Casal porque es quien los protege de que se investigue el lawfare", rezongan en Gobierno.
Estas presiones -públicas y privadas- vuelven más difícil que cualquier diputado no oficialista acepte facilitar el tratamiento de la iniciativa. El Frente de Todos necesita 11 diputados por fuera de su bloque para poder iniciar la sesión. Si se suman los seis del bloque de Ramón faltarían otros cinco, que son los sobre los que vienen trabajando desde el Gobierno. A veces en diálogo con los gobernadores, en otras ocasiones con los propios legisladores. Soria y su segundo, Juan Martín Mena, bregan incansablemente por conseguir porque salga esta iniciativa que consideran la punta de lanza de la reforma judicial que se busca llevar adelante.
Mencionaban el caso de Graciela Camaño, quien aprobó un dictamen propio en comisión. Esa iniciativa es curiosa, subrayaban, porque sólo se diferencia de la oficial en que mantiene los dos tercios para la designación del procurador. En otros artículos incluso mantiene puntos que el Frente de Todos aceptó modificar, como las amplias funciones de control parlamentario sobre la labor del procurador. Le plantearon a Camaño que, por lógica, debería dar quórum junto con los otros dos diputados lavagnistas para defender su proyecto en la sesión que se discutirá la reforma. "No dice ni sí ni no. Responde que no es el momento para discutir esto", explicaban en Gobierno. Es uno de los sectores sobre los que piensan que pueden trabajar. Lo mismo con los legisladores cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti.
El nuevo procurador
Pero lo que les preocupaba dejar en claro en la Casa Rosada que la iniciativa seguía firme y que en dos o tres semanas esperaban llevarla al recinto, en cuanto se sumaran esos pocos diputados que restan para el quórum. En el mismo sentido, desechaban la propuesta de Juntos por el Cambio de votar el pliego de Rafecas a cambio de retirar el proyecto. Primero, porque si Rafecas todavía no es procurador es por exclusiva decisión opositora, que nunca quiso votarlo. Otra, que retirar la iniciativa no da garantías de que la oposición luego cumpla con su palabra, lo que dejaría al oficialismo en una muy mala posición.
Respecto a la situación de Rafecas, en el oficialismo cayó muy mal su posteo de Instagram anunciando que declinaba su postulación debido a la falta de consenso en torno a la reforma. "También lo dejó mal parado al Presidente, no le anticipó nada", decía un funcionario. Pero, por otro lado, Alberto Fernández no retiró su pliego, así que la situación se mantiene en veremos. Tanto en el Congreso como en la Casa Rosada eran mayoría los que creían que ya no había lugar para que Rafecas sea el próximo procurador.
El posible reemplazo todavía no existe. "Los nombres que circulan son rumores, en concreto no hay nada", aseguraban. Al respecto, desde el kirchnerismo descartaban de plano la posibilidad de un procurador muy identificado con el oficialismo. "Ya bastante difícil la va a tener el nuevo procurador con todos estos poderes del establishment en contra como para que, además, sea una persona cuestionable. Le harían la vida imposible", imaginaba un dirigente de trato frecuente con Cristina Kirchner.
Luego de los cambios al Ministerio Público Fiscal, Fernández quiere que se avance con la reforma judicial, también con media sanción desde el año pasado. Pero ese proyecto no convence a un sector del Frente de Todos. "Es costoso y plantea plazos imposibles de cumplir, no está bien pensado", sostenía un referente del kirchnerismo. En cambio, la agenda que más entusiasma a futuro es la que se elaboró a partir de las propuestas del comité de especialistas, varias de ellas relacionadas con el funcionamiento de la Corte Suprema. "Con eso sí se puede hacer una reforma en serio y que de acá a dos años tengamos una Justicia que funcione de otra manera", concluía.
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