Historia del presente: La Corte al banquillo

Nunca en la historia argentina el Poder Judicial ocupó un lugar tan central en los acontecimientos y debates políticos. Según todas las encuestas sus miembros gozan de un desprestigio abismal, sin embargo, no queda claro cual será el mecanismo elegido para reparar esta situación. Se habla mucho de los desbarajustes y corrupción del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema de Justicia en particular, pero se habla poco de la más drástica herramienta que la Constitución nacional le da a los representantes del pueblo para separar jueces descarriados del buen desempeño o con conductas indecorosas. Estamos hablando del Juicio Político. Es un recurso que se ha utilizado muy pocas veces desde la creación de la Corte en 1862. No porque el comportamiento de los jueces haya sido tan impecable, sino más bien porque la destitución, por decreto, de los jueces fue el recurso más utilizado. Desde 1955, cada golpe de Estado, de los muchos que tuvimos, recurrió al expediente de barrer de un plumazo a toda la Corte Suprema. Y cada vez que se recuperaba la democracia, la renovación volvía a ser total, con renuncias masivas pero sin juicios políticos. 

El último juez de la Corte Suprema que fue destituido por un juicio político fue Antonio Boggiano en 2005. El había sobrevivido a impulso inicial reformador de Néstor Kirchner. Se lo acusó por mal desempeño. Ya había sido acusado en 1975 por favorecer al Opus Dei, al que pertenece, en la compra a un precio muy bajo del Hotel Presidente. Pero ese juicio no prosperó porque a partir de 1976 los jueces de la dictadura, también del Opus Dei, lo favorecieron. Ya en la Corte menemista, Boggiano tuvo un segundo pedido de juicio político por parte de otros dos ministros del tribunal a raíz de que sustrajo un fallo contra el Banco Central que molestaba a Domingo Cavallo. Ese segundo juicio fue desactivado. Finalmente la destitución le llegó por tres causas, una de ellas fue por beneficiar con la declaración de falta de mérito en una causa de contrabando a distintos ejecutivos del Grupo Macri, donde se encontraba como acusado Mauricio Macri. La destitución incluyó una denegatoria para volver a ocupar cualquier cargo público. Eso sí, litigó y consiguió que le paguen una Jubilación de privilegio por el resto de su vida.

Los dos grandes ciclos de presidencias peronistas empezaron con un juicio político a la Corte Suprema. Juan Domingo Perón en 1947 llevó a juicio en el Senado a 4 de los 5 miembros, y en 2003, Néstor Kirchner, impulsó y concretó el juicio político a la Corte menemista. No creo que sea mera coincidencia.

"Pongo el espíritu de la Justicia por encima del Poder Judicial. La Justicia, además de independiente, debe ser eficaz. Pero no puede ser eficaz si sus conceptos no marchan a compás del sentimiento público" Juan D Perón, 1946, en el primer discurso ante la Asamblea Legislativa.

El Juicio político de 1947 fue el realizado contra integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Procurador General de la Nación por diversas causales. La acusación fue promovida por la Cámara de Diputados de la Nación y llevada ante el Senado de la Nación constituido en Tribunal. La primera tenía mayoría de legisladores pertenecientes al Partido Peronista y en la segunda todos sus integrantes pertenecían a ese partido. Los acusados eran los jueces Antonio Sagarna, Benito Nazar Anchorena, Francisco Ramos Mejía y Roberto Repetto y el procurador Juan Álvarez. La sentencia dictada el 30 de abril de 1947 dispuso remover a todos ellos de sus cargos. Una de las acusaciones fue la de haber legitimado las dictaduras de 1930 y 1943. Pero además, les imputaron otras nueve causas, entre ellas: denegar los beneficios de la ley de indemnización por despido o accidentes de trabajo a obreros y empleados que ya gozaban de una jubilación, argumentando que era una superposición de beneficios, negarse a tomar juramento a los camaristas del fuero del Trabajo, integrar la lista anual de conjueces de la Corte con abogados del capitalismo extranjero o pertenecientes a la oligarquía dominante. 

El gran defensor que tuvieron fue el socialista Alfredo Palacios. Todos fueron declarados culpables y destituidos, menos Repetto, que ya había renunciado. 

Néstor Kirchner asumió la presidencia el 25 de mayo de 2003 y apenas diez días después denunció por cadena nacional que la Corte Suprema lo estaba chantajeando y le pidió a los legisladores que actúen en consecuencia.

Impulsó el juicio político de 5 de los 9 jueces del máximo tribunal que había conformado Carlos Menem: Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano. Sin embargo, Nazareno, López y Vázquez renunciaron durante el proceso de enjuiciamiento para evitar la destitución.

Moliné O’Connor, que algunos sindicaban como el cerebro de la mayoría automática menemista, fue destituido en diciembre de 2003. La Cámara de Diputados lo había acusado por 9 cargos y el Senado alcanzó la mayoría necesaria de dos tercios de los presentes en 2 de esas 9 acusaciones. No alcanzó esa mayoría, sin embargo, para dictar la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Dos datos de color (ustedes elijan que color): fue vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis, fue cuñado de Hugo Anzorreguy, jefe de la SIDE en la gestión Menem.

La última vez que se impulsó en serio una investigación legislativa sobre conductas de miembros de la Corte fue en 2015, el Frente para la Victoria tomó la iniciativa para “evaluar la capacidad psicofísica” de la Corte Carlos Fayt, que en ese entonces tenía 97 años y prácticamente no cumplía sus funciones. Si bien llegó a tratarse en Comisión (se creó una subcomisión para analizar el caso), el expediente no prosperó y Fayt renunció en diciembre de ese año.  

Si bien tiene poca actividad, la Comisión de juicio político recibió más de 200 denuncias desde 1999. En casi la totalidad de los casos, la causal elegida por los denunciantes es la de mal desempeño en el ejercicio de las funciones. La herramienta del juicio político exige de grandes consensos para alcanzar las mayorías necesarias. Los jueces lo saben, tal vez por eso por ahora se sienten lo suficientemente protegidos.