“Para que nadie siembre dudas es necesario dejar expresamente aclarado que la conformación de esta nueva estructura judicial, en nada afecta el principio del Juez Natural. La totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando”. Esta es la primera frase a resaltar del anuncio del Presidente Alberto Fernández sobre la Reforma Judicial, ya que desmiente las múltiples tapas y editoriales de los medios que fueron parte de la persecución judicial. En resumen, dice que ninguna causa cambiará de juez, ergo, no se busca la impunidad de nadie.
Despejado ese punto, el anuncio del Presidente confirmó que la Reforma Judicial se va a encarar en dos planos. Uno, el proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, donde se propone ampliar los juzgados federales para licuar la concentración de Poder que existe en Comodoro Py, mejorar la transparencia de los concursos para jueces, unificar los fueros Civil y Comercial y el Contencioso Administrativo, fortalecer la justicia federal en todo el país en base al proyecto Justicia 2020 que impulsaba el macrismo y retomar la vigencia de pautas de actuación de los magistrados suspendidas por un decreto de Mauricio Macri apenas asumió la presidencia. Este paquete llegará al Congreso en las próximas horas.
El segundo plano es la convocatoria de un Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, cuya misión será evaluar el funcionamiento del entramado judicial y elevar propuestas al Presidente. Allí se discutirá, entre otras cuestiones, la ampliación de la Corte, cuyos miembros pegaron el faltazo al anuncio a excepción de Elena Highton de Nolasco, acaso la que más cerca está de liberar un asiento en el máximo tribunal. Los demás cortesanos ni siquiera se conectaron por videoconferencia.
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El Consejo
Todo lo que proponga este Consejo pasará por la Casa Rosada pero luego su tratamiento y aprobación dependerá del Congreso. Lo integrarán, ad honorem, León Arslanián, Enrique Bacigalupo, Inés Weinberg de Roca, Marisa Herrera, Raúl Gustavo Ferreyra, Omar Palermo, María del Carmen Battaini, Claudio Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, Andrés Gil Domínguez y Carlos Beraldi.
El Consejo tendrá 90 días para hacer una propuesta, las decisiones serán por mayoría y cada integrante podrá incluir sus disidencias en el texto que se eleve al presidente. Deberán hacer una "Descripción valorativa con especial indicación de los problemas que se observan para el correcto funcionamiento" de la Corte, el Consejo de la Magistratura y los Ministerios Públicas Fiscal y de la Defensa. También analizar todas las iniciativas legislativas de estos temas que ingresaron en el Congreso en los últimos 10 años, trabajo a cargo de Ministerio de Justicica.
Sobre la Corte, este comité de expertos deberá evaluar no sólo la cuestión de sus integrantes sino las normas que reglamentan los casos en los que intervienen, en especial el recurso extraordinario y el conocido artículo 280, por el cuál el máximo tribunal resuelva una enorme cantidad de casos sin justificar su decisión. Sobre el Consejo de la Magistratura estos asesores deberán evaluar si hay que cambiar la cantidad de miembros y cuestiones de funcionamiento interno y transparencia. Sobre el Minsiterio Público Fiscal opinarán sobre si el mandato del Procurador debe ser limitado, si hay que incorporar a su estructura la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF). En todos los casos deberán tener en cuenta la incorporación de perspectiva de género.
Otro punto importante será la cuestión de los juicios por jurados, presentes en el texto constitucional.
El nuevo Comodoro Py
En el anuncio, el Presidente se ocupó de hacer un raconto del devenir del Poder Judicial en las últimas décadas y mencionó también un punto clave: que la reforma judicial ya empezó, aunque sin ese título. Fue con la resolución de una de las cuentas pendientes de la democracia, la prohibición de que los espías sean parte de causas judiciales. Esto tuvo tres pasos. Primero, la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), encargada a Cristina Caamaño. Segundo, una resolución de la interventora Caamaño para reducir al mínimo la participación de la AFI en causas judiciales. Tercero, una de las decisiones más importantes de Alberto: la prohibición de que los espías sean parte de causas penales a través de la modificación de la ley de Inteligencia. “La AFI ya no cuenta con fondos reservados, ya no hace inteligencia interna ni influye en procesos judiciales”, dijo el presidente.
El primer punto del proyecto de ley será la creación de un Nuevo Comodoro Py, una Justicia Federal Penal en la ciudad de Buenos Aires que unifique los fueros Criminal y Correccional (el nombre legal de Comodoro Py) y el Penal Económico que funciona en frente, sobre avenida De Los Inmigrantes. Además de fusionarlos, la propuesta es duplicar la cantidad de juzgados y que este nuevo fuero cuente con 46 jueces. ¿Cómo? Cada juzgado tiene dos secretarías, que son las que llevan el día a día de las causas. La propuesta es que queden con una sola y la restante se convertirá en juzgado. Los 12 de Comodoro Py pasarían a 24 y los 11 de Inmigrantes a 22. Sumados, 46 juzgados.
“Buscamos superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas que, como sucede en la actualidad, tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática. Estas han sido circunstancias determinantes para que este fuero se politizara del modo en que ha ocurrido”, explicó el Presidente.
Una de las claves será como se ocupen estos nuevos juzgados, ya el Presidente manifestó que quiere que “el nuevo fuero Federal Penal comience a funcionar cuanto antes”. La idea es que sea a través de subrogancias (suplencias) transitorias en cuya designación intervendrán la Cámara Nacional de Casación, el Consejo de la Magistratura y el Senado.
El proyecto de ley tendrá un capítulo vinculado a los concursos para acceder a estos nuevos cargos. Como reveló El Destape, los concursos que se realizan en el Consejo de la Magistratura tuvieron muchas irregularidades, son opacos y manejan altos niveles de discrecionalidad. Ahora, si se aprueba este proyecto, los nuevos concursos “deben realizarse por prueba de oposición oral y pública, y todo el procedimiento será registrado en soporte de imagen y sonido al que se le dará difusión pública para garantizar objetividad, igualdad de oportunidades y transparencia”.
La persecución judicial de los últimos años no estuvo ausente en el anuncia presidencial. “La arbitrariedad procesal fue ganando terreno en desmedro de las más elementales normas que garantizan el debido proceso. Por esa vía se abrieron camino pretendidas doctrinas que fueron utilizadas para convertir al encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas. De esa manera, el principio de inocencia y de defensa en juicio fueron repetidamente vulnerados”, resumió Alberto.
Sobre el final del anuncio, el Presidente afirmó: “No he llegado hasta aquí para defraudar a los alumnos y alumnas que me oyeron en las aulas de la universidad pública reivindicar la importancia de preservar las reglas del debido proceso. Sé que esas reglas se olvidan cuando en los tribunales entran a tallar intereses económicos o políticos. Sé que eso, precisamente eso, ha venido ocurriendo en parte de nuestra Justicia en los últimos años y no voy a ser yo el que se haga el distraído frente a una situación que daña la República”.
Ante ese panorama, el proyecto también retoma los conceptos de la Ley 27.146, suspendida por Macri por decreto apenas asumió, donde hay una serie de pautas de actuación que deben cumplir los jueces. Vale la pena transcribirlas: a) Mantener un trato equivalente con las partes, sus representantes y abogados; b) Evitar comportamientos que indiquen favoritismo, predisposición o prejuicio respecto de cualquiera de las partes: c) Garantizar que las personas reciban un trato digno e igualitario; d) Ejercer sus funciones libres de interferencias; e) Comunicar al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo; f) Evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones, y en ningún caso deberán actuar en base a consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias; g) Evitar valerse del cargo para promover o defender intereses privados, transmitir ni permitir que otros transmitan la impresión de que se hallan en una posición especial para influenciar. Nada de eso funcionó en la era Macri.
El Presidente insistió además en que debe avanzar la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que define que los jueces juzguen y los fiscales investiguen e impone la oralidad como principio ordenador del funcionamiento judicial. Para esto, esta nueva Justicia Federal Penal deberá contar con la creación de fiscalías y defensorías acordes a la cantidad de nuevos juzgados.
El proyecto también plantea transferencias a la ciudad de Buenos Aires. El Presidente lo explicó así: “En otro orden de ideas, el proyecto propone transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, completando de este modo el proceso de transferencia de competencias penales que aún hoy se encuentra pendiente. Queremos hacer que la manda constitucional dispuesta en 1994 finalmente se cumpla.”
Otro eje es la unificación plena del fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso Administrativo. En el primero tramitan las causas que involucran todas las relaciones entre las personas mientras que en el segundo los pleitos que surgen con el Estado. Esta separación, según explicó el Presidente, genera “numerosos conflictos de competencia que suscitan entre ambos fueros, lo que atenta contra la celeridad, eficiencia y eficacia tan reclamada a la labor judicial”.
Finalmente, el proyecto toca directamente la actitud de la oposición, que no asistió al acto y anunció que está en contra de una propuesta que no había leído. Entre lo que rechazaron aún sin conocerlo está la propuesta de fortalecimiento de la Justicia Federal que recoge un proyecto presentado por el gobierno de Mauricio Macri en el marco del proyecto Justicia 2020. Al menos esta parte debería interesar a la oposición, excepto que quieran oponerse a sí mismos.
Este punto implica, según el Presidente, la “creación de juzgados federales, poniendo el objetivo en el fortalecimiento de la justicia federal con asiento en las provincias y la especialización por materia evitando con ello el establecimiento de competencias múltiples” con el objetivo de “continuar implementando gradualmente en todo el país el Código Procesal Penal Federal”.
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