Mientras que los gremios miran con desconfianza la reforma jubilatoria que impulsa el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, este miércoles comenzó a funcionar la Comisión que tendrá por objetivo el estudio, elaboración y redacción de un informe respecto de la sustentabilidad del régimen previsional vigente en la Provincia.
El gobierno provincial hace fuerza para establecer reformas, ya que, según Pullaro, la Caja de Jubilaciones "tuvo muchos desfasajes, porque es una ley sumamente vieja". Para ello, el primer paso fue la creación de una mesa multisectorial para analizar qué camino adoptar.
El sector sindical admitió la dificultad de la situación estructural de la Caja y puso el énfasis en el reclamo de la compensación por parte Nación. En tanto, los representantes del Gobierno ratificaron, conforme a lo dispuesto por la ley de convocatoria, que buscan sostener al organismo en la órbita del Estado santafesino y mantener el sistema de reparto.
En ese sentido, dejaron en claro que el propósito es "defender la Caja", pero que para ello es necesario hacerla sustentable a través de "medidas que mejoren la ecuación entre ingresos y egresos", más allá de la expectativa por el cobro de los fondos adeudados por parte de la administración del presidente Javier Milei.
De esta manera, la tarea de la Comisión se extenderá por 45 días, durante los cuales su titular, el senador Rodrigo Borla, escuchará las voces de todos los sectores. El plazo comenzó a correr desde el viernes pasado, fecha de la promulgación de la Ley N.º 14.268. Borla aseguró que "la idea es avanzar lo antes posible".
Como representantes del Gobierno participaron Jorge Boasso, Alicia Berzero, Malena Azario y Julia Tonero. Junto a ellos, seis senadores, siete diputados (se previeron ocho, pero el Frente Amplio por la Soberanía declinó participar) y cuatro dirigentes gremiales. Borla es secundado por el diputado Pablo Farías, quien encabeza la Comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara baja.
El Gobierno de Pullaro hace fuerza para establecer la reforma jubilatoria
De acuerdo al nuevo texto, momentáneamente no se hablará de la necesidad de cambiar el régimen previsional, sino de analizar la situación actual: Pullaro sostuvo que el sistema público "va a tener 40.000 millones de pesos de déficit con lo que es el pago de aguinaldos”, y manifestó que el impacto negativo es equivalente a “40 kilómetros de ruta y ocho escuelas que no vamos a construir en la provincia".
Los gremios sostienen que no hay argumentos válidos para encarar una reforma y entienden que el Ejecutivo busca subir la edad jubilatoria y aumentar la alícuota del aporte, que hoy está en 14% del salario.
Si bien el mandatario dijo que no le va "a sacar derechos a ningún trabajador", y que "es una injusticia que quienes no son empleados públicos sostengan el sistema”, las posibles modificaciones perjudicarán a los jubilados y a los trabajadores que están por llegar a los años necesarios para acceder a una pensión.
El senador Borla afirmó que van a "pedir informes a las universidades públicas y definir la estrategia de trabajo". Y agregó: "Vamos a coordinar las reuniones para que todos podamos participar, porque la parte de los técnicos es la más importante".
El legislador también insistió en que la Caja continuará en la órbita provincial, al recordar que "hay 11 jurisdicciones de la República Argentina que han transferido la caja a Nación y la experiencia no ha sido para nada buena".
Asimismo, dijo que "hay sectores de la actividad privada que están subsidiando al sector público", y expresó que la gestión provincial no claudicará en el reclamo al Gobierno nacional por la deuda de más de 700 millones de pesos, aunque si se pagara "seguiría habiendo déficit".
Gremios defienden la Caja santafesina
Los gremios ya habían manifestado su rechazo a la discusión cuando la conformación de la Comisión era apenas un rumor y, luego, ratificaron su posición con una movilización y protesta en la Legislatura la semana pasada.
La dirigencia gremial tiene su representación en la mesa multisectorial: el secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso, forma parte, así como Jorge Molina (Upcn), Patricia Rudel (ATE) e Ignacio Monzón (Festram).
Antes de ingresar al encuentro, Alonso adelantó que van "a discutir sobre los números, para eso está creada la comisión", pero remarcó que la gestión de Pullaro "no tiene que ajustar a los trabajadores, sino reclamar fuertemente al Gobierno nacional que envíe los recursos".
Para el dirigente, "el actual déficit es momentáneo" y se cifra precisamente en la demora de la Nación en remitir los fondos establecidos por ley y por los pactos fiscales suscriptos cuando se resolvió que la Caja santafesina no pasaría a la órbita de Anses, como sucedió en otras provincias.
Por su parte, Molina compartió los objetivos de la ley de convocatoria y aclaró que "la Caja tiene que ser sustentable, y no se puede negar que hoy es deficitaria".
"Tenemos que ser muy estrictos en esto, si queremos que el sistema tenga estabilidad", definió el representante de la Upcn. , aunque no tomó postura sobre cuestiones eventuales como el aumento de la edad jubilatoria o la modificación de los regímenes especiales.
En tanto, adelantó el rechazo al establecimiento de topes, en beneficio de "respetar la estructura salarial de cada sector", sin perjuicio de establecer una escala progresiva para los aportes.
Reforma previsional: cuál es el trabajo de la Comisión multisectorial
Las facultades y responsabilidades de la comisión serán:
- Requerir informes: podrá solicitar informes a entes públicos o privados.
- Citar funcionarios y expertos: tendrá la autoridad para citar a funcionarios de cualquier rango y a toda persona o asociación con conocimientos relevantes sobre el tema previsional.
- Elevación de informes: deberá elevar su informe al Ejecutivo provincial en un plazo de hasta 45 días desde la fecha de su publicación. Este plazo podrá ser prorrogado si las autoridades de la comisión lo consideran necesario.
La iniciativa aprobada también insta a "garantizar la permanencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones en la órbita del Estado provincial y su carácter solidario".
Además, se certifica el respaldo a las acciones administrativas y judiciales que lleve adelante la Casa Gris ante la Nación para reclamar la remisión de los fondos correspondientes al financiamiento de la Caja de Jubilaciones.
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